Precios Máximos continúa, pero con 36 productos menos

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Agenda cultural

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De América: un libro que recorre la historia del continente a través de la Libertadores

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Jorge Ferraresi: “Ninguna cuota de crédito hipotecario podrá superar el 35% del ingreso familiar”

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Mario Ortiz: “Lo inclasificable, creo, es una cuestión de época”

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Giuliano Galoppo: “Así como supe que iba a llegar a Primera, sé que voy a jugar en Europa y la Selección”

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Apoyo financiero para pymes | Otorgarán Aportes No Reembolsables por 120 millones de pesos



En línea con la nueva Ley de Economía del Conocimiento, el Ministerio de Desarrollo Productivo otorgará Aportes No Reembolsables (ANR) por 120 millones de pesos para financiar proyectos de empresas que buscan ingresar en el registro del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

El Programa Fortalecer, publicado este viernes mediante una resolución en el Boletín Oficial, tiene el objetivo de llegar a más micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) al tiempo de dinamizar y ampliar la base de empresas con posibilidades de acceder a los beneficios del régimen de promoción. 

Consiste en otorgar asistencia de hasta 1.200.000 de pesos para que realicen actividades que les permitan cumplir con los requisitos exigidos por la Ley y así poder ingresar en el régimen de promoción, que consisten en un bono fiscal por el 70 por ciento de las cargas sociales de los empleados, reducción en el monto total del impuesto a las ganancias de entre el 20 por ciento y el 60 por ciento, y el 0 por ciento en la alícuota de los aranceles de las exportaciones de servicios, entre otros beneficios.

La Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa brindará un acompañamiento específico para que implementen procesos de calidad, planificar y ejecutar actividades de I+D o capacitación y mejorar su desempeño exportador, algunos de los requisitos para acceder a los beneficios de la ley.

La norma surge a raíz de constatar que en 2019, último año de vigencia de la Ley de Promoción del Software, de las 521 empresas que hay en el registro solo 10 recibieron el 50 por ciento de los incentivos fiscales del Estado y de esas, el 81 por ciento estaban ubicadas en el AMBA. No sólo había concentración geográfica y por tamaño sino que las 521 compañías representan menos del 10 por ciento del total de las 5.100 empresas de software radicadas en Argentina.

La subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito, señaló: “El programa ‘Fortalecer’ surge como parte de la política del Ministerio de Desarrollo Productivo para impulsar a nivel federal las actividades de la Economía del Conocimiento, y para disminuir una brecha –según los datos que muestra la Ley de Promoción de Software- en la capacidad y conocimiento de las estrategias de promoción pública entre empresas ubicadas en grandes centros urbanos y aquellas radicadas en localidades más pequeñas”.

A partir de la firma de la resolución por parte del Secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, las empresas tienen dos meses para presentar los proyectos y aspirar al aporte no reembolsable que cubra el 70 por ciento del monto a invertir (y con el tope arriba mencionado). 

Una vez recibidos, serán calificados teniendo en cuenta el impacto en las economías regionales, inclusión laboral de mujeres y otros colectivos, y la contribución para el acceso al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (Ley 27.506). De igual forma, las empresas deben haber comenzado a facturar antes del primero de enero de 2021.

Las industrias de la Economía del Conocimiento son una apuesta muy fuerte del Ministerio de Desarrollo Productivo. El sector cumple con todos los requisitos para aportar al crecimiento de la economía: es intensivo en un tipo de trabajo bien remunerado porque exige un nivel medio o alto de calificación; produce servicios transables y competitivos para el mercado global; y aporta al aumento de la productividad en el resto de la economía gracias a la propia naturaleza de la actividad: generar y difundir conocimientos para hacer más eficientes otro tipo de actividades económicas.

Al 2021, se trata del tercer sector exportador de la Argentina con 6.000 millones de dólares anuales. La meta, mediante el trabajo entre el Estado, el sector privado y los centros de enseñanza, es alcanzar 10.000 millones de dólares en los próximos 10 años y que se generen 500.000 empleos capacitados.



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De raíz | El Gobierno define cambios en la producción de alimentos y la distribución de la tierra



Fueron dos leyes emblemáticas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, aprobadas por el Congreso en forma unánime, en un caso, y por abrumadora mayoría, en el otro. El gobierno de Mauricio Macri no necesitó de tanto para dejarlas de lado. A una simplemente la abandonó, y a otra la alteró de raíz mediante un decreto. El gobierno de Alberto Fernández trabaja para revertir esa situación, a fin de poner en práctica lo que establecían aquellas iniciativas. El escenario de pandemia y de disparada histórica de precios de los alimentos expone la importancia y la urgencia de avanzar en esa dirección.

La ley de extranjerización de la tierra y la ley de agricultura familiar fueron sancionadas en diciembre de 2011 y en diciembre de 2014, respectivamente. Se celebraron como conquistas del espacio nacional y popular porque significaron la imposición de regulaciones en un sector clave de la economía, donde suele mandar el mercado en beneficio de los más poderosos.

La primera de las leyes puso límites a la compra de tierras por parte de inversores del exterior, buscando resguardar un recurso estratégico y también el patrimonio nacional, frente a la constatación de venta de propiedades con espejos de agua. “Hay que limitar la concentración y la extranjerización”, avaló el entonces senador radical Gerardo Morales, aquel diciembre de 2011, al confirmar el apoyo de su bloque en la votación general de la ley. El proyecto resultó aprobado por 62 votos a favor y uno solo en contra, el del salteño Juan Carlos Romero.

La ley se puso en práctica y, dos años después, el relevamiento catastral y dominial efectuado por el nuevo Registro de Tierras, junto a 23 provincias, determinó que el total de tierras en manos de extranjeros era de 15,8 millones de hectáreas. La cifra representaba el 5,93 por ciento del suelo nacional. De ellas, 1,1 millón de hectáreas estaban a nombre de empresas radicadas en paraísos fiscales, el equivalente a 55 veces la superficie porteña.

De todos modos, la ley fijó un tope de 15 por ciento para los extranjeros que quisieran comprar tierras en el país. También restringió la propiedad en la zona núcleo a no más de 1000 hectáreas y prohibió la venta de tierras rurales que limitaran o contuvieran cuerpos de agua de envergadura y permanentes.

En junio de 2016, el gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) barrió con aspectos fundamentales de la regulación con un decreto simple, lo que mereció reclamos judiciales que no lograron prosperar. Macri quitó a sola firma el tope de 1000 hectáreas para la tenencia de tierras en la zona núcleo, amplió de 25 a 51 por ciento la participación de extranjeros en las sociedades autorizadas a comprar tierras en el país, eliminó la obligación de solicitar un certificado previo a la compra al Registro de Tierras y redujo los requisitos para la adquisición de tierras donde hubiera espejos de agua.

El argumento fue que la ley impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner y votada casi por unanimidad frenaba la llegada de inversiones al país. En rigor, en los tres años en que se había aplicado, solo 12 certificados de adquisición habían sido denegados, frente a 186 autorizados por el organismo regulador. Pero el gobierno de Macri lo que rechazaba era la existencia de límites y controles al capital concentrado y extranjero por parte del Estado.

El gobierno del Frente de Todos analiza en este momento dos opciones para dar marcha atrás con lo que hizo la administración anterior. Una es la derogación del decreto, para restablecer el marco regulatorio original de la ley, pero en ese caso quedarán firmes las operaciones que se hubieran realizado entre junio de 2016 y el dictado del nuevo decreto. La segunda alternativa es la anulación del decreto de Macri, y en ese caso habrá que revisar lo actuado los últimos cinco años.

El Ministerio de Justicia estudia la cuestión, pero en el gobierno se afirma que hay voluntad política para retrotraer lo que hizo Macri y volver al esquema de Cristina.

La otra ley emblemática del kirchnerismo que ahora se busca poner de pie es la de agricultura familiar. Como ya se indicó, la aprobación fue en diciembre de 2014, por unanimidad en Diputados y Senadores, pero la reglamentación y aplicación efectiva sigue esperando. No alcanzó a hacerlo el gobierno de Cristina y el de Macri directamente la guardó en un cajón.

Frente a la suba estrepitosa de precios de los alimentos, la necesidad de empezar a transformar el esquema de producción y comercialización en el país se torna imperiosa. En septiembre del año pasado, Alberto Fernández encabezó el acto de presentación de un proyecto de reglamentación de la norma ante los movimientos campesinos y otros actores del sector.

Desde entonces, las distintas áreas del Estado que intervienen en la instrumentación de la ley trabajan en la letra chica. La promesa de los funcionarios a los movimientos rurales es que el decreto reglamentario se hará realidad en el transcurso de los próximos dos meses.

Uno de los objetivos principales es multiplicar el número de productores de alimentos en todas las provincias, reducir la intermediación y concentración del canal comercial y llegar con precios accesibles a los consumidores.

“Se promueve la realización de ferias locales, zonales y nacionales. Se pondrá especial énfasis en la conformación de una cadena nacional de comercialización, con participación de cooperativas de productores. Se promoverán marcas comerciales y denominaciones de origen y otros mecanismos de certificación, como estrategia de valoración de los productos de la agricultura familiar. El Estado tendrá como prioridad la compra de alimentos provenientes de la agricultura familiar y sus asociaciones para la provisión de hospitales, escuelas, comedores comunitarios, fuerzas armadas y el servicio penitenciario”, señala la ley.

Dos aspectos centrales de la norma son la creación de un banco de tierras para la agricultura familiar, mediante el cual el Estado organice y ponga a disposición de productores tierras fiscales, y la generación de un centro de producción y distribución de semillas. Un modelo en estudio es el de Uruguay, que desde 1948 entrega tierras del Estado en comodato para la explotación y producción de alimentos y su venta en cercanía, a precios accesibles.

El Ministerio de Agricultura trabaja en esa dirección, en especial con la instrumentación de seis centros de acopio de semillas en distintas regiones del país, pero se necesita la reglamentación de la ley para definir presupuestos y ampliar objetivos.

La agricultura familiar abastece entre el 60 y el 70 por ciento de frutas y verduras. También está presente en la ganadería, la pesca, la producción láctea y de huevos.

El gobierno de Macri le dio la espalda al sector y fortaleció su alianza con grandes productores y exportadores. El Frente de Todos sostiene que eso cambiará. La presión que genera la escalada de precios de los alimentos, un escenario que se mantendrá los próximos meses, obliga a apurar los pasos.



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Repuntó el mercado por expectativas de acuerdo | Los gestos de acercamiento con el FMI se reflejaron en la bolsa



Los bonos en moneda extranjera registraron una jornada de fuerte rebote este viernes con subas de hasta 4 por ciento. Esto permitió reducir el riesgo país que finalizó este viernes en 1564 puntos y marcó una baja de 31 unidades. Los inversores apostaron a un acuerdo del Gobierno con el Club de París que permita postergar los vencimientos de mayo. En el equipo económico avanzan con el Fondo Monetario en la búsqueda de un acuerdo justo. La reunión del presidente Alberto Fernández con la titular del FMI Kristalina Georgieva fue percibida por el mercado como una señal a favor de un acuerdo con el organismo de crédito.

La reacción del mercado fue contundente, con fuertes subas en los títulos en moneda extranjera de todos los plazos. Los de corto plazo como el Bonar 2029 anotaron un incremento de 2,7 por ciento al tiempo que los de mediano plazo como el Bonar 2035 avanzaron al 4,0 por ciento y los de largo plazo como el 2041 subieron 2,6 por ciento. El riesgo país marcó una significativa baja de casi el 2 por ciento y se aleja de los niveles de 1600 puntos.

La jornada de optimismo financiero por la posibilidad de un acuerdo con el Club de París, que permita estirar los plazos del vencimiento de la deuda sin entrar en situación de impago y teniendo el visto bueno del Fondo Monetario, generó un raid de precios en los activos locales, lo que fue a contramano de todos los augurios de analistas y consultoras que aseguraban que el país podría entrar en una situación de default en mayo.

El fuerte avance de los activos financieros no sólo se observó en la suba de los bonos en dólares y la baja del riesgo país. También hubo un potente impacto en el precio de las acciones argentinas de diversos sectores: bancarios, energéticos y de empresas dedicadas a la exportación. El Merval cerró con un alza del 4,2 por ciento.

Entre las empresas que más subieron se destacaron el avance del 6,1 por ciento del Banco Macro y del 6,5 por ciento de Supervielle, del 5,7 por ciento de la petrolera YPF y del 5,2 por ciento de Pampa Energía. En la bolsa de Nueva York también hubo un fuerte rebote de los precios de las compañías argentinas. La que más subió fue Cresud con un alza de 7,1 por ciento.

Este clima financiero se suma a la buena performance que se viene observando en el frente externo con una compra permanente de divisas en el mercado de cambios. Este viernes el Banco Central volvió a adquirir 140 millones de dólares y acumula compras por algo más de 5000 millones de dólares desde que comenzó al año. Los precios internacionales de la soja en torno de los 600 dólares colaboran con esta tendencia.

En el plano cambiario hubo una leve suba del contado con liquidación de 0,3 por ciento cerrando en 159,16 pesos y un avance de 2 pesos del dólar paralelo, que finalizó en 153. Por el lado del dólar ahorro el precio se ubicó en 164,19 pesos.

El encuentro del presidente Alberto Fernández con la directora del FMI generó optimismo entre los inversores respecto de la posibilidad de un próximo acuerdo y anuncios que colaboren a empezar a destrabar los pendientes de deuda externa que le quedan a la Argentina, luego de una éxitos renegociación el año pasado con los inversores privados.

El planteo de la Argentina apunta en una doble dirección: por un lado pasar para más adelante los pagos con el Club de París, y por otro negociar un trato justo con el Fondo. Se trata de una deuda por más de 44 mil millones de dólares que no es posible abonar en las condiciones actuales del contrato. 



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Llegó el primer envío del archivo de Gino Germani que estaba en Italia y será traído completo a la Argentina

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