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Bukele habla con Dios en busca de crédito para militarizar El Salvador

Bukele habla con Dios en busca de crédito para militarizar El Salvador

El presidente salvadoreño ingresó en el Parlamento con efectivos militares para “apretar” a los legisladores reacios al endeudamiento. Silencio de la OEA y la ONU.
(Foto: AFP)

16 de Febrero de 2020

Desde que en junio de 2009 Manuel Zelaya fue sacado de su casa y de la presidencia de Honduras, descalzo y en camiseta, los restauradores del orden neoliberal no han parado en su arremetida contra la democracia. Y siempre con distintos ardides. Ahora fue el turno de El Salvador, donde Nayib Bukele (ver aparte) lo intentó, aunque todavía no ha podido, quizás por lo burdo, no porque haya habido resistencia popular. El quid de la cuestión estaba en la necesaria autorización del Congreso para suscribir un crédito que destinaría a la represión interna.

Como idóneo en publicidad y marketing, y experto conocedor de los recovecos de las redes sociales, Bukele encontró lo que creyó que era el camino perfecto para darse un autogolpe que le permitiese sacarse de encima a la muy molesta oposición. Primero, le dio un ultimátum para que le votaran aquel crédito. Segundo, ante la negativa, amenazó con disolver el Parlamento, a la par que ocupaba el recinto con militares y policías armados a guerra. Tercero, apelaba a un artículo de la Constitución que admite el derecho del pueblo a la insurrección cuando se vea alterado el orden institucional. En este caso, el orden que él mismo rompió.

Con aterradores índices de criminalidad, El Salvador está entre los países más violentos del mundo. Las estadísticas dicen que en enero hubo 119 asesinatos (3,8 por día), con lo que, de dar pie a los números oficiales, el mes pasado habría sido el menos cruel desde la firma del acuerdo de paz de 1992, que cerró una cruenta guerra interna. Cuando Bukele asumió, en junio de 2019, se registraba un promedio de 9,2 crímenes diarios. Si bien la oposición denuncia que el presidente oculta los números y aplica una política de exterminio de las “maras” (pandillas que actúan per se, pero también como mercenarias), cuesta creer que, como dice Bukele, tal reducción de la violencia se haya dado en apenas siete meses de gobierno, y sólo porque haya infectado las calles de militares y policías.

Por exigencia de Estados Unidos, de la DEA y del Pentágono, Bukele aplica la misma política contra el narcotráfico –la militarización del país– que a México le ha significado llevar el índice de criminalidad a niveles siderales.

El gobierno dice que su Plan de Control Territorial permitirá cerrar el quinquenio con Crimen 0. Para eso necesita implementar ya la III fase del mentado plan, y eso requiere un crédito de 109 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Del préstamo, 46,9 millones se aplicarían a “movilidad estratégica” –dos helicópteros y una fragata– y otros 25,9 millones a “infraestructuras” y cámaras de videovigilancia. Los diputados, que ya les habían dado el visto bueno a las negociaciones con el BCIE, retiraron ese apoyo cuando el gobierno no supo explicarles qué haría con los 26,2 millones restantes. Tras aquel aval, ahora creen que los 109 millones se usarán, en realidad, para la represión de la política.

Bukele se debe también a las iglesias evangélicas, que movilizaron a sus fieles para ganar las elecciones en primera vuelta (53,6%) y acabar con el bipartidismo entre el progresista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Es por eso que el presidente entró al Congreso con los militares mirando al techo, orando y diciéndoles a sus seguidores que había estado hablando con Dios y que seguiría el diálogo desde el mismísimo Salón Azul donde sesionan los diputados. Parecería que el supremo le dio instrucciones precisas: “Paciencia, hijo, paciencia, mucha paciencia”. Sin embargo, a quien sí le debe todo es a Estados Unidos. Allí vive el 89,3% del 1,6 millón de emigrados salvadoreños y desde allí en 2019 llegaron remesas por 5101 millones de dólares, más de la quinta parte de lo que moviliza la economía del país.

Algunos datos adicionales para nada menores. Ningún país latinoamericano o de la Unión Europea se manifestó preocupado por el manoseo de la institucionalidad salvadoreña. La Casa Blanca y el Departamento de Estado no tomaron nota todavía de que uno de sus mejores aliados está en problemas con su democracia. La ONU como tal no habló y la OEA tiene otras prioridades. Luis Almagro sigue ocupado en atacar a Venezuela, defender sus particulares principios democráticos y seguir peleando su reelección, que se juega el 20 de marzo y en la que el voto de Bukele puede ser decisivo.

Un hombre acostumbrado a cambiar de partido

Habría que recurrir a algún lugar común para graficar el itinerario político de Nayib Bukele, un joven que a los 37 años, en junio del año pasado, ya se había convertido en el presidente de su país, tras haber recorrido todo el espinel partidario. En Argentina, claro, esta forma de andar por el mundo de la política no extrañaría, y en un minuto surgirían a la memoria dos, tres, muchos saltimbanquis que no vinieron para alegrar a nadie sino para corromper la vida pública.

Si se considera que sólo tenía 11 años de edad cuando en 1992 se firmó el Acuerdo de Chapultepec que puso punto final a 12 años de una cruenta guerra interna, el trajinar de este empresario del marketing de ancestros palestinos –hijo del Imán Armando– fue más que fructífero desde lo comercial y lo político. Para lo primero, heredó las virtudes paternas. Para lo segundo, se valió del caos post conflicto.

Apenas la guerrilla se legalizó como Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), Bukele se convirtió durante 12 años en “el” asesor publicitario de la nueva sigla. De ahí pasó a afiliarse al partido progresista y en su representación fue alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012) y de San Salvador (2015). Del FMLN lo echaron y rápidamente fundó el socialcristiano Nuevas Ideas, del que se fugó a GANA, una escisión por derecha del ultraderechista ARENA. En algún momento estuvo en Cambio Democrático, pero su pasaje por allí no quedó registrado en los archivos.

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Bolsonaro despliega su machismo más brutal contra una periodista de Folha de Sao Paulo

Bolsonaro despliega su machismo más brutal contra una periodista de Folha de Sao Paulo

Acusó a Patricia Campos Mello, reconocida investigadora y corresponsal de guerra, de haber querido ofrecer sexo para conseguir la información sobre la campaña de fake news por whatsapp que fue clave para el triunfo del ultraderechista en 2018.

(Foto: AFP)

18 de Febrero de 2020

Hablar de la misoginia de Jair Bolsonaro es casi un lugar común. No hay momento en su carrera política, desde cuando se postuló para ser concejal carioca, allá por 1988, en que no haya tenido algún comentario irritativo para la moral media de la población. Y sus hijos no dejan la oportunidad de demostrar de qué madera son astilla. 

Tres de sus vástagos descuellan en la política brasileña-concejal Carlos, diputado Eduardo, senador Flavio- y se encargan de recodar que la dinastía mantiene una coincidencia ideológica difícil de empardar. No hay uno que no sea machista, racista, amante de las armas de fuego y que utilice las redes sociales, ayudado por miles de trolls, para denostar a quienes no comparten su visión del mundo. Sin embargo, con esos valores y recursos cada uno de ellos fueron votados para el cargo que ocupan y el ex capitán del Ejército de Brasil se puso la banda presidencial en enero del año pasado.

Pero a medida que su gobierno se fue desplegando, esas mismas características están llevando al país hacia un camino peligroso para los sectores de la población que apuestan a la convivencia democrática. Algo de eso padece en carne propia la periodista Patricia Campos Mello, del diario Folha de Sao Paulo por estas semanas.

La mujer, investigadora de raza y corresponsal en conflictos bélicos de todo el mundo, allí donde el olor a pólvora asusta al más osado, antes de las elecciones de 2018 publicó un trabajo en el que develó que una agencia que trabajaba para la campaña de Bolsonaro había disparado mensajes falsos en masa a través de números de whatsapp ficticios a través de miles de chips telefónicos comprados a nombre de personas jubiladas o fallecidas.

En aquel momento, Campos Mello sufrió de bullying y el medio para el que trabaja, que no puede ser calificado de izquierda -ni siquiera de cercano al PT- fue blanco del odio de Bolsonaro, que incluso desde la presidencia amenazó con hacerlo cerrar. En octubre de 2018,  esa campaña de acoso mediático generó riesgo para la periodista y su familia (ver acá)

Ahora, hubo un deja vu todavía más violento y más feroz. La semana pasada la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) para las Fake News, llamó a declarar sobre el caso a Hans River do Rio Nascimento, un exempleado de Yacows, la agencia que había hecho aquella operación de disparos masivos.

El hombre debía confirmar o negar la información que Campos Mello había publicado, ya que habia sido una de las fuentes para el trabajo de investigación que publicó. En el artículo quedó claro que el testimonio había sido grabado y que se respetaban los dichos del empleado. También se sabía que al inicio de la investigación, Rio Nascimento estaba haciendo un juicio laboral a Yacows. Pero en el medio hubo un arreglo extrajudicial por lo que decidió bajarse del caso.

La respuesta de Rio Nascimento ahora, ante los legisladores, fue brutal: “Yo me negué a dar más testimonio, le dije que eso ya no tenía interés para mi y ella me propuso intercambiar sexo por información”.

Eduardo Bolsonaro, presente en la audiencia, apoyó totalmente las palabras del exempleado. “No dudo de que la señora puede haberse insinuado sexualmente, como dice el señor Hans, para intentar perjudicar la campaña del presidente Jair Bolsonaro”.

Este martes, el propio mandatario volvió sobre el asunto en un tono no menos bestial. Según lo refleja la cobertura del portal UOL, Bolsonaro utiliza una frase de doble sentido para hablar del caso. Primero dice que la periodista “quería um furo”, o sea, buscba una primicia. Luego añade “Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim”, que se puede traducir como que quería “entregar el agujero a cualquier precio contra mi”, ante la risa cómplice de un grupo de ¿periodistas?

Estas palabras despertaron las críticas más ácidas de dirigentes y medios del país y los respaldos más clamorosos de quienes conocen a la periodista.
“Cubrió guerras y la peste del Ébola. Eligieron atacar a la mejor entre las mayores”, le escribó Daniela Lima, presentadora de la cadena CNN Brasil, para luego recordar el Premio que Campos Melo rcibió por su tarea del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) con sede en Nueva York.

“No hay en la historia de Brasil un presidente que haya sido tan repulsivo con una periodista como Bolsonaro”, agregó Carla Jimenez, corresponsal del diario español El País.

El diputado socialista Guilherme Boulos, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), fue tamibén fuerte contra el presidente, al que llamó cobarde por usar su posición de poder para ofender y humillar a una mujer.

El que fuera candidato a la presidencia por el PT y contra Bolsonaro en 2018, Fernando Haddad, cuestiona desde un twitter el insulto de Bolsonaro, a quien califica de “ser abjecto”.

A su turno, el uruguayo Edison Lanza, el relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, planteó posición desde su red social.

— Edison Lanza (@EdisonLanza) February 14, 2020

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Camacho llama a la unidad ante la posibilidad de que “Evo vuelva a Bolivia”

Camacho llama a la unidad ante la posibilidad de que “Evo vuelva a Bolivia”

El líder derechista, en un acto de desesperación política, pidió que “con urgencia convoque a los candidatos que asistamos a una reunión de emergencia para tomar medidas”. Las encuestas aseguran que el candidato del MAS, Luis Arce, encabeza la intención de voto con un 31,6% para las elecciones del 3 de mayo.

(Foto: afp)
18 de Febrero de 2020

El candidato de la derecha boliviana y referente “cívico” de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acaba de hacer un llamado a las demás fuerzas opositoras a Evo Morales para que se unan, en caso contrario asume que “estamos a un paso de que Evo vuelva a Bolivia”.

En un acto de desesperación política y también de sinceridad al ver la tendencia favorable al candidato del MAS-IPSP, Luis Arce, Camacho presentó una carta al Comité Pro Santa Cruz pidiendo que “con urgencia convoque a los candidatos que asistamos a una reunión de emergencia para tomar medidas”.

El dirigente que protagonizó el ingreso al Palacio Quemado con una biblia en la mano, puso a discusión incluso su propia candidatura “por la unidad y por el bien de Bolivia”.

“La posibilidad de que el Movimiento al Socialismo (MAS) vuelva a ser gobierno y que el tirano Evo Morales retorne al poder, que se apodere de la Asamblea Nacional, hecha (sic) por tierra el luto y el sacrificio de todo el pueblo boliviano y eso, no lo podemos permitir”, dice el texto difundido por el propio Camacho en Twitter.

Por su parte, Camacho asume que el golpe dek 10 de noviembre contra Evo, hoy refugiado en la Argentina y comandando desde aquí la campaña electoral, fue “una lucha histórica que nos permitió liberarnos de la tiranía”.

“El pueblo recuperó la democracia pero Evo Morales y todos los responsables de haber impuesto una tiranía que terminó en fraude y violencia siguen en la impunidad”, afirma.

Un sondeo de la encuestadora Ciesmori divulgado el domingo por el diario El Deber afirma que el candidato del MAS, Luis Arce, encabeza la intención de voto con un 31,6% para las elecciones del 3 de mayo, superando ampliamente al expresidente Carlos Mesa (17,1%) y a la mandataria de facto Jeanine Áñez (16,5%).

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Brasil: los camioneros se suman a la huelga de petroleros contra el desguace de Petrobras

Brasil: los camioneros se suman a la huelga de petroleros contra el desguace de Petrobras

Ya lleva 18 días el paro de los trabajadores de la empresa de bandera. La justicia declaró ilegal a la huelga y podrían despedir a 21.000 empleados de la petrolera. Los transportistas reclaman contra los precios del combustible, que desde que destituyeron a Dilma Rousseff, se fija con los valores internacionales.

(Foto: Prensa F.U.P.)

18 de Febrero de 2020

A pesar de las amenazas del poder judicial, que declaró ilegal a la huelga de trabajadores de Petrobras, que ya lleva 18 días, el sindicato que los nuclea, la Federación Única de Petroleros de Brasil (FUP), dobló la apuesta y además de ratificar la medida de fuerza por tiempo indefinido, hará una gran marcha a la sede de la empresa semiestatal en Río de Janeiro.

Unos 21.000 trabajadores de 121 plantas de Petrobras podrían ser despedidos con causa luego de que el Tribunal Supremo del Trabajo (TST) considerara que el paro tiene “motivaciones políticas y no respeta la ley del derecho de huelga y las órdenes judiciales”.

La respuesta del gremio, a través del director de la FUP, Deyvid Bacelar, fue que el dictamen comunicado por el ministro del TST Ives Gandra “es inconstitucional y lo vamos a cuestionar”. Mientras tanto, al rechazo de la política neoliberal del gobierno en relación con la petrolera de bandera se sumaron los camioneros afiliados a Asociación Nacional de Transportes de Brasil (ANTB) y de la Asociación Brasileña de Conductores de Vehículos Automotores (Abrava), que este miércoles cesarán y plantean un bloqueo de rutas contra la política de precios de combustibles.

La huelga petrolera se inició tras los despidos en masa por el cierre de la planta de fertilizantes Fafen de Araucaria, en el estado de Paraná. Para los trabajadores se trata de una nueva escalada en el proceso de privatización de Petrobras que se inició con la llegada de Jair Bolsonaro al gobierno. (Ver acá).

Por un lado, rechazan el plan ultraneoliberal del ministro de Economía, Paulo Guedes, por lo que implica para la soberanía energética del país. Pero además, porque el gobierno fue equiparando el precio que se paga por los combustibles y el gas a los valores internacionales, siendo que los costos de producción interna son mucho menores.

Es así que paralelamente al cese de actividades en las plantas más importantes del país, abrieron un servicio de venta de garrafas a precios subsidiados por el sindicato con el argumento de que la población de menores recursos no tiene por qué pagar esos precios exorbitantes.

Los trabajadores aclaran que entre los derivados del petróleo hay unos 300 subproductos entre los cuales están los que se elaboran en la planta de Fafen. “Con el cierre de esa fábrica -señala Gerson Castellano, uno de los directores del gremio y funcionario en Fafen- los ganaderos tendrán que importar urea, lo que encarecerá la carne para el mercado brasileiro o. lo más probable, pasarán a usar urea agrícola, que contiene formol. Eso tendrá consecuencias funestas para a salud del pueblo brasileño y para la exportación. ¿Quién querrá consumir carne con formol?”.

La huelga, una verdadera parada contra la política del gobierno de Bolsonaro -que a decir verdad no es sino una continuación aunque más brutal- de la que inició Michel Temer tras la destitución de Dilma Rousseff, es también contra el desguace de Petrobrás, la empresa de bandera que había crecido a su máximo exponente cuando descubrió el yacimiento del Presal, bajo la superficie del mar, con reservas por 273 mil millones de barriles. La principal joya de la abuela brasileña está siendo despedazada de tal modo que según la FUP trabaja al 70% de su capacidad y el país volvió a importar combustible.

Para los camioneros, la política de Bolsonaro también es perjudicial porque están pagando el combustible a precios internacionales. Con el agregado de que el real, la moneda brasileña, se viene devaluando con relación al dólar a un ritmo que preocupa. De 3,68 reales por dólar cuando asumió Bolsonaro, ya esta en 4,34.

No es la primera huelga de camioneros y ya Temer tuvo que negociar con la soga al cuello para sofrenar una medida de fuerza que paralizó al país por 11 días en mayo de 2018. Esa vez creó una tabla de precios mínimos del flete para aquietar las aguas.

Los camioneros brasileños tienen varias entidades que los representan, según se trate de grandes empresas de transporte o pequeños propietarios de una unidad. El presidente de la ANTB, Jose Roberto Stringasci, declaró que el reclamo pasa por acordar una política de precios para el combustible. “Nosotros tenemos el petróleo y a Petrobras, no es posible más aceptar esos valores inadecuados en el surtidor”. puntualizó.

Los transportistas exigen el fin del Precio de Paridad de Importación (PPI), que las refinerías pusieron en marcha desde 2016 y que equipara los importes de los combustibles en el mercado interno al valor en los mercados exteriores.

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Fuertes presiones de la derecha para que inhabiliten las candidaturas de Evo Morales

Fuertes presiones de la derecha para que inhabiliten las candidaturas de Evo Morales

El MAS-IPSP denunció que el órgano que debería legitimar las postulaciones de todos los partidos pretende proscribir a Evo para senador por Cochabamba y Diego Pary, ex canciller, por el mismo puesto en Potosí. Las versiones que circularon decían que había sido rechazado por no estar residiendo en Bolivia, pero las autoridades electorales afirman que aún no tomaron una decisión. 

(Foto: AFP)
Por A.L.G.

19 de Febrero de 2020

Las últimas encuestas, que dan como favorito a las elecciones anunciadas para el 3 de mayo a Luis Arce, y la dispersión de los sectores de la derecha que apoyaron el golpe contra Evo Morales, preocupa a quienes planean sacar del juego al partido que gobernó Bolivia hasta el 10 de noviembre pasado.  Ahora, la estrategia pasa por proscribir las fórmulas de representantes del MAS-IPSP y las presiones sobre el órgano que debe decidir sobre las candidaturas se hizo sentir en la mañana de este miércoles, cuando desde los medios afines a el gobierno de facto difundieron la información de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) había inhabilitado las candidaturas a senadores del ex presidente Evo Morales y su ex canciller Diego Pary, por no cumplir con los requisitos que impuso la administración de Jeanine Añez, la actual ocupante del Poder Ejecutivo.

Según un comunicado del MAS-IPSP, corría riesgo incluso la postulación a la presidencia de Luis Arce, ministro de Economía durante toda la gestión de Morales, quien el martes mantuvo un encuentro con el presidente argentino, Alberto Fernández. “Expresamos nuestra preocupación por este intento político de sectores incrustados en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) que intentan eliminar a nuestros candidatos por intereses mezquinos antidemocráticos. Frente a esta situación, nos declaramos en estado de emergencia permanente”, afirmó esa agrupación política en un comunicado.

El dilema para quienes intentan dar un viso de restauración democrática al proceso electoral es que no les es fácil proscribir al partido que a la luz de los sondeos es el mayoritario. Y eso saben desde el Movimiento al Socialismo, que perciben en cada movimiento del TSE una maniobra para dejarlos fuera de juego.

La declaración del partido se produjo después de que este lunes ese tribunal anunció que pospondría sin fecha la decisión sobre las habilitaciones de Morales, Arce y Pary, cuestionadas con argucias leguleyas por la derecha gobernante. Entre otros argumentos, pusieron sobre la mesa impugnaciones por no tener residencioa permanente luego de haber dejado el país en noviembre, cuando debieron escapar de las persecuciones de los sectores más violentos del golpismo. 

El partido de Morales instó al TSE a comportarse “a la altura” de la vocación democrática del pueblo, “promoviendo la participación respetuosa y transparente de las mayorías en los procesos electorales”, destaca un cable de la agencia Sputnik. El calendario del proceso electoral fijaba para el 24 de febrero la apertura del plazo de impugnaciones de candidaturas para las elecciones de mayo.

Al inicio de esta semana se conoció una encuesta de la consultora Ciesmori que muestra a Arce a la cabeza en la intención de voto, con un 31,6%.El artífice del milagro económico de gobierno de Morales supera ampliamente al expresidente centrista Carlos Mesa (17,1%) y a la mandataria de facto, Jeanine Áñez (16,5%), según el estudio, encargado por el diario El Deber y el canal de televisión Unitel.

Otro sondeo, para el diario Página Siete, dio 26% para Arce, mientras que el ultraderechista Luis Fernando Camacho acumulaba un 9,4, seguido del predicador evangélico de origen coreano Chi Hyun Chung (5,4%).

Fue en este contexto que Camacho, un rico empresario del Oriente boliviano -que entró al Palacio de Gobierno augurando que se iba a ir la whipala y volvía la Biblia al control de Estado- llamó a unir fuerzas para evitar el triunfo del MAS-IPSP. “No podemos permitir que sigamos todos los bolivianos con el Jesús en la boca porque las encuestas le dan excusa al MAS para aprobar esa senaduría en la que está el expresidente Evo Morales”, afirmó Camacho.

Desde primera hora de la mañana los medios hegemónicos anunciaron que el TSE había inhabilitado a Morales y Pary, aunque deslizaban que Arce si había sido aceptado para la competencia. Pero no había confirmación oficial ni entre las autoridades electorales bolivianas ni en el equipo de prensa de Morales en Buenos Aires. Morales es candidato a senador por Cochabamba y Pary por Potosí.

A media mañana, el presidente del TSE, Salvador Romero, dijo que aún no se había tomado una decisión sobre las candidaturas del expresidente y su último canciller.

Hasta ahora, el TSE había inhabilitado 797 candidatos sobre 2107 postulaciones de las ocho organizaciones políticas que se acreditaron para los comicios. Pero en todos los casos fueron por temas poco relevantes de candidatos de segundo orden a nivel nacional.

En el caso de los líderes del MAS-IPSP, el riesgo es que la dirigencia pretenda seguir jugando con fuego en un país ya convulsionado por la caída de un gobierno rechazado por los sectores más conservadores y desde ya, por la administración de Donald Trump, que no se cansó de aplaudir a los golpistas.

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Tribunal Supremo Electoral de Bolivia inhabilitó la candidatura de Evo Morales

Tribunal Supremo Electoral de Bolivia inhabilitó la candidatura de Evo Morales

El mandatario depuesto no podrá participar en las elecciones generales, que se celebrarán el 3 de mayo, en las que iba a presentarse para el cargo de senador por Cochabamba. “Es un golpe contra la democracia”, denunció.
(Foto: Xinhua)
20 de Febrero de 2020
Durante una rueda de prensa, el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero, confirmó que las candidaturas de Evo Morales al Senado por Cochabamba y del excanciller Diego Pary, como candidato a primer senador por Potosí, fueron inhabilitadas. 

En contrapartida, se desestimaron por falta de fundamento las demandas de inhabilitación planteadas en contra de Luis Arce, exministro y candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS). 

“Por no cumplir con el requisito de la residencia permanente, se dispuso la inhabilitación de Jesmy Barrientos candidata a la vicepresidencia de FPV; y la inhabilitación de las candidaturas al senado de Mario Cossio por Tarija; Evo Morales por Cochabamba y Diego Pary por Potosí”, informó Romero. 

El Tribunal afirmò que la resolución tiene un carácter inapelable porque fue emitida por el TSE por un carácter jurisdiccional: “Los candidatos que quedaron inhabilitados pueden ser reemplazados y los que vengan en lugar de ellos deben cumplir con los requisitos que establece la ley”, precisaron. 

“Es un golpe contra la democracia”, denunció Evo en sus redes sociales y aseguró que cumple con los requisitos para su candidatura.”Es un golpe contra la democracia”, denunció Evo en sus redes sociales y aseguró que cumple con los requisitos para su candidatura.

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Involucran al expresidente mexicano en los sobornos de Odebrecht

Involucran al expresidente mexicano en los sobornos de Odebrecht

Luego de la detención en España del extitular de Pemex, el nombre de Enrique Peña Nieto aparece en un escándalo que golpeó a varios mandatarios latinoamericanos. Pero que en Argentina no tuvo mucho avance.

(Foto: AFP)

20 de Febrero de 2020

Las causas abiertas por el pago de coimas de la multinacional brasileña Odebrecht se está por cobrar otra presa de alto nivel. Esta vez el que está en problemas por presuntamente haber recibido sobornos es el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Su nombre aparece en la lista negra, según el diario The Wall Street Journal, luego de la detención en España de Emilio Loyola, exdirector de Pemex. Loyola estuvo al frente de la petrolera de bandera mexicana entre 2012 y 2016, fue director de la campaña electoral de Peña Nieto, quien gobernó entre el 12 y el 18, y es un amigo de toda la vida del anterior mandatario del país azteca. Si bien el antecesor de Peña Nieto, Felipe Calderón, también había sido implicado en la nómina de “abonados” de Odebrecht, si el caso avanza sería el primer expresidente en ser procesado en la historia de esa nación.

Pero no es primero que desde el año 2014 resulta implicado en una megacausa regional contra maniobras de la empresa brasileña, hasta no hace tanto una multinacional con espaldas como para competir con los mayores conglomerados industriales del mundo y con fuerte presencia en todos los países de Latinoamérica.

Y en primer lugar se debe depositar la mirada sobre la propia casa, incluyendo al expresidente Lula de Silva, comprometido por el exjuez Sergio Moro en la causa Lava Jato. Donde se cargó más víctimas fue en Perú, que ostenta el récord de tener a tres expresidentes procesados y uno, Alan García, que se suicidó en abril pasado cuando lo iban a detener.

Podés leer antecedentes acá: Perú y Ecuador signados por el escándalo…
También acá: Pedro Pablo Kuczinsky renunció a la presidencia…
Y acá: Se suicidó Alan García…

En esa nación, -en la que fue detenida como receptora de aportes ilegales la excandidata derechista Keiko Fujimori- el viernes pasado el actual jefe de Estado, Marín Vizcarra, tuvo que nombrar cuatro nuevos ministros porque los anteriores titulares de las carteras de Transportes, Energía, Educación y Justica están salpicados por la investigación sobre Odebrecht.

La firma -nacida en San Salvador de Bahía en 1944- vio a su CEO y nieto del fundador, Marcelo Odebrecht entre rejas como organizador de una suerte de asociación ilícita y a mediados de diciembre decidió desprenderse del lastre que significaba su nombre. En un comunicado breve, expicó que “la desvinculación del funcionario de su plantilla atiende a una recomendación hecha por veedores externos independientes del Ministerio Público Federal y del Departamento de Justicia de Estados Unidos que actúan en la empresa hace dos años y medio”.

Sin embargo el despido del heredero de la dinastía, de 51 años, que recibió una condena a 10 años de prisión y fue derivado a prisión domiciliaria con una tobillera electrónica, no fue bien recibido por el involucrado y en un comunicado dijo que era “otro acto de abuso de poder” del actual presidente del grupo, Ruy Sampaio, en un intento de “paralizar las investigaciones” sobre denuncias hechas en su contra por el propio Marcelo, según destacó entonces un cable de la agencia AFP.

Es que la imagen de la empresa había quedado fuertemente dañada y de lo que se trataba peurtas adentro era de ver quién pagaría los platos rotos de la cercanía con algunos gobiernos y el reslapdo indudable que le dio al salto regional el proceso popular que abrió Lula en 2003 y que no casualmente se cerró con la destitución de Dilma en 2016. 

Cuando el escándalo estalló en todos los países de la región, el primer intento de parar el vandaval fue que los directivos reconocieron ante las cortes estadounidenses haber pagado sobornos y fue condenada a pagar multas por 2600 millones de dòlares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza.

Curiosamente, tambien reconocieron haber pagado 35 millones de dólares en Argentina para obtener la adjudicación de 8 proyectos entre 2007 y 2014, en los que obtuvieron, afirmaron, beneficios por 278 millones.

Las causas contra Odebrecht se cargaron a presidentes y ex en Perú, pusieron sobre las cuerdas a funcionarios en Panamá, Guatemala, enlodaron al exmandatario colombiano Juan Manuel Santos y ahora a dirigentes mexicanos, y las sospechas sobre acciones similares en Argentina fueron confirmadas por representantes de la empresa ante la justicia. Sin embargo es muy poco lo que se avanzó en este lado de al frontera. Por trabas en la justicia y palos en la rueda de la dirigencia local.

Podés ver antecedentes acá: El fiscal Delgado dice que hacer su trabajo es difícil
Y también acá: Acuerdo de cooperación judicial.

Entre los involucrados, junto con exfuncionarios ya procesados por otras causas como el exministro Julio de Vido, hay empresarios de la construcción y fundamentalmente de las empresas de la familia del expresidente, Mauricio Macri. Hay 19 procesados por presuntas coimas en un contrato de AYSA, entre ellos el ex presidente de la proveedora de agua y servicios sanitarios estatal, Carlos Ben; Raúl Oscar Biancuzzo, ex director de Infraestructura de Aysa; Aldo Roggio (socio de Odebrecht), Carlos Wagner (socio de otra firma brasileña, Camargo Correa) y Tito Biagini (ex presidente de José Cartellone e Hijos SA).  

En otro caso resonante, el del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, junto a Odebrecht están en la mira la empresa de los Macri, Iecsa, que dirigía el primo del expresidente, Angelo Calcaterra. Iecsa figura como vendida al grupo de Marcelo Mindlin en marzo de 2017.

Podés ver antecedentes acá: Calcaterra intentó despegarse…
Y también acá: Pedido de embargo a Calcaterra…

En el caso de Peña Nieto, un cable de la agencia Sputnik indica que el exdirector de Pemex es investigado por presuntamente negociar 10,5 millones de dólares en sobornos con Odebrecht a cambio de contratos de la petrolera estatal y con la comptra de una planta de fertilizantes.

“La oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en la planta de Agronitrogenados y Odebrecht llega al más alto nivel”, declaró un funcionario judicial mexicano  a periódico neoyorkino.

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Alemania: un ultraderechista asesinó 10 personas y dejó cuatro heridos graves

Alemania: un ultraderechista asesinó 10 personas y dejó cuatro heridos graves

Atacó bares de las tradicionales pipas de agua orientales, llamadas narguile, en la ciudad de Hanau. En un contexto en el que crecen los partidos xenófobos eruopeos, reclaman que haya consecuencias políticas.

20 de Febrero de 2020

La xenofobia es el rasgo distintivo que investiga la policía alemana en los atentados terroristas en Hanau, en el centro del país. El sospechoso al que las autoridades apuntan es Tobías Rathjen, de 43 años, atacó dos bares de las tradicionales pipas de agua orientales, llamadas narguile. En estos locales  se reúnen fumadores de ese tipo de pipas. En dos ataques a tiros, nueve personas fueron asesinadas y cuatro resultaron heridas, más tarde el sospechoso fue encontrado muerto junto a su madre.

La Fiscalía investiga los atentados como “terrorismo” motivado por una ideología de extrema derecha aseguró el ministro del Interior del estado germano de Hesse, Peter Beuth. Voceros de las fuerzas de seguridad informaron a los medios alemanes que el atacante dejó una carta y un video explicando sus motivos en el que sostiene ideas alucinadas combinadas con teorías conspirativas e ideas xenófobas, como que Estados Unidos está “controlado por sociedades secretas invisibles” que utilizan “métodos maléficos y desconocidos como el control mental”. También asegura que en EEUU existen instalaciones militares subterráneas en las que se maltrata y se mata a los niños: “En algunas de estas alaban al mismísimo diablo. Abusan, torturan y matan a niños pequeños en cantidades increíble, y esto ocurre desde hace mucho tiempo. ¡Despierten!”

El avance de los partidos de extrema derecha es el contexto político en el que se da este ataque y que preocupa a los partidos tradicionales, hace sólo dos semanas la canciller Angela Merkel señaló como un “acto imperdonable” la alianza política entre su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), y la extrema derecha en la región de Turingia para conseguir ganar la presidencia de la esa región. “El resultado de estas elecciones debe ser anulado”, dijo entonces la canciller y forzó la renuncia de quien había sido electo por medio de esa alianza.

Merkel hizo una breve declaración en relación a los motivos ultraderechistas de este atentado: “El racismo es veneno”. El vicecanciller alemán, Olaf Scholz, hizo un llamdo de atención y reclamó que tenga consecuencias políticas: “Nuestros debates políticos no pueden obviar el hecho de que hay terrorismo de ultraderecha en Alemania 75 años después de la dictadura nazi. Tenemos que defender nuestra democracia liberal”, afirmó.

El diario El País recordó una serie de atentados de características similares. Por ejemplo, en el último octubre, un hombre abrió fuego contra una sinagoga en Halle, al este del país, y mató a dos personas. En junio de 2019, fue asesinado el político conservador Walter Lubcke a tiros en la terraza de su casa por un ultraderechista, también en el Estado de Hesse. Entre 2000 y 2006, el grupo neonzai NSU mató a nueve extranjeros en el país.

Las autoridades dieron a conocer que en las redes sociales del atacante hallaron un “manifiesto” de 24 páginas que expresa odio a los extranjeros y a los no blancos. En esa línea “hace un llamamiento al exterminio de varios países del norte de África, Oriente Medio y Asia central”. Según explicó un experto en terrorismo el terrorista alemán relató que ese la ciencia demuestra que algunas razas son superiores”, explica Neumann en Twitter.

El ministro Peter Beuth explicó que los primeros resultados apuntan a un motivo xenófobo y a que el hombre actuó solo. En el mensaje en video que grabó Tobías R., cuentan los medios de prensa alemanes, envía en un inglés fluido “un mensaje personal a todos los estadounidenses” en el que asegura que en EE. UU. Existen instalaciones militares subterráneas en las que se maltrata y se mata a los niños.

El primer ataque se produjo alrededor de las 20 hs en un local llamado Midnight, en el centro de la ciudad, que dejó las primeras víctimas mortales. Luego siguió una segunda agresión con muertos en un establecimiento similar en Kesselstadt, un barrio más apartado de esa localidad. Los disparos se hicieron desde un automóvil, que a continuación se dio a la fuga.

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Zaffaroni: “Con la proscripción de la candidatura a senador de Evo, ha comenzado el fraude electoral”

Zaffaroni: “Con la proscripción de la candidatura a senador de Evo, ha comenzado el fraude electoral”

Evo Morales desde Argentina respondió al Tribunal Supremo Electoral de su país que le prohibió presentarse como senador arguyendo que no cumple el requisito de residencia.

21 de Febrero de 2020

Evo Morales junto a sus abogados, Eugenio Zaffaroni y Gustavo Ferreyra dieron una conferencia de prensa luego de que el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) lo inhabilitara a presentarse como candidato al Senado por Cochabamba “por no cumplir con el requisito de la residencia permanente”. El dirigente del MAS apuntó que “esa inhabilitación es un atentado a la democracia, porque le tienen miedo a la democracia. Lamentablemente el  TSE obedece las instrucciones que vienen del Palacio, que recibe órdenes de Estados Unidos”. Los letrados que lo flanqueaban esgrimieron los argumentos de carácter legal en la jurisprudencia nacional e internacional.

En la sede de ATE donde se llevo adelante la reunión, Evo Morales repasó las distintas etapas desde que se dio el golpe de Estado, desde el fraude del informe de la OEA, el robo del triunfo electoral, la prohibición a que fuera candidato a presidente, “todo eso acepté por Bolivia”.  Pero no fue suficiente, explicó el dirigente indígena: “Todas las políticas que fue implementando el gobierno en estos tres meses obedecen al mandato de Estados Unidos. Siempre soñamos y deseamos un Estado soberano con un pueblo digno. Lo aprendí de otros exlíderes de esta generación, como Lula, Chávez, Kirchner, Correa, eran tiempos cuando todos trabajábamos por la liberación y por la patria grande”, dijo Evo.

Los abogados coincidieron en caracterizar a la Bolivia actual como un Estado de no derecho, no sólo de facto “porque no respeta las normas elementales del derecho de gentes y de asilo, se persiguen opositores políticos por las calles”. Ambos repasaron las normas legales que hacen que no pueda aplicarse “el requisito de residencia” a Evo Morales, ya que no sólo abandonó su país porque corría riesgo su vida sino que además está correctamente empadronado. Para argumentar este punto se remitieron a definiciones del derecho constitucional boliviano y del internacional, como la jurisprudencia de la CIDH, entre otras, incluso mostraron casos similares donde el TSE definió con el criterio opuesto.

El juez Zaffaroni señaló que la irracionalidad de esa decisión puede entenderla cualquier persona, “hay una situación de sentido común que es que Evo Morales no está en Bolivia por fuerza mayor, si se quedaba lo mataban. Yo creo que esto que más allá de los requisitos jurídicos, buscan eliminar a Evo Morales del Senado para dividir la fuerza política. Es un fraude por goteo”. Y alertó que con la decisión de inhabilitar a Evo, “ha comenzado el fraude electoral”.

Evo Morales apuntó que la fecha de la inhabilitación no es ingenua, ya que se ha aprovechado el comienzo del carnaval para ocultar la noticia: “Los bolivianos somos carnavaleros, es así, el pueblo se moviliza por dos semanas. Algo similar pasó en 2002, ganamos pero más tarde. Estamos con la verdad, es cuestión de tiempo. Lamentablemente el STE no garantiza elecciones libres transparentes y sanas. Si se respetaran las normas, sería candidato, pero Estados Unidos quiere eliminar al MAS y a todo el movimiento indígena. Nosotros no claudicamos, tenemos principios, somos antiimperialistas, hemos demostrado que otro mundo es posible, que con este gobierno se está empezando a frustrar”.  

También hicieron referencia a una “cadena ininterrumpida y cotidiana” de irregularidades que van desde la clausura de las oficinas del MAS hasta el encarcelamiento de dirigentes, pasando por la detención de Patricia Hermosa, la apoderada de Evo Morales, el 2 de febrero, cuando le decomisaron y robaron la documentación. Según explicó Morales, habían previsto esta situación y tenían copias legalizadas, así cumplieron con todos los requisitos. “Ahora el TSE me proscribe. Así se maneja la dictadura”, recalcó el accionar conjunto Evo.

Si bien las elecciones serán el 3 de mayo, explicó Zaffaroni las impugnaciones pueden presentarse hasta el 18 de abril, “es decir que a dos semanas de las elecciones, el MAS puede perder su candidato a presidente. No sólo es el Lawfare, es un paso más. Vamos camino a una proscripción de la fuerza de Evo Morales. Y “cuando se le obtura la posibilidad de expresión de la democracia a los pueblos, llegan los muertos, se lamento el prestigioso jurista.

Finalmente Evo respondió algunas preguntas en las que no dejó entrever sus estrategias si los recursos judiciales no le son aceptados, ya que “la estrategia no se dice, se hace”, dijo y aseguró que la lucha sigue.

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Paraguay: asesinatos narco, fugas y corrupción que superan la permeable frontera con Brasil

Paraguay: asesinatos narco, fugas y corrupción que superan la permeable frontera con Brasil

El sospechoso escape de casi un centenar de presos y un nuevo crimen de un periodista renuevan la trama de complicidades que involucra a varias instituciones del Estado.
(Foto: AFP)

23 de Febrero de 2020

Hacía meses ya que el submundo de la droga no generaba grandes noticias en Paraguay. Ni fugas, ni motines, ni ajustes de cuentas, nada aparte del narcotráfico en sí mostraba a las escuadras brasileñas del Primer Comando Capital (PCC) en las tertulias de TV o algún título de los diarios. Enero y febrero sí, vinieron con todo. Primero fue una fuga en masa de la cárcel de Pedro Juan Caballero, capital del departamento oriental de Amambay. Luego el asesinato del periodista Leo Veras, el 19° desde el fin de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989), todos por denunciar a los traficantes de armas y de drogas, y sus nexos con el aparato del Estado.

La fuga fue denunciada por el Ministerio del Interior el 19 de enero, y los que abandonaron tranquilamente la cárcel podrían ser entre 75 y 90 o 92 reos. Hasta ayer, 35 días después, las autoridades no se habían puesto de acuerdo en cuántos fueron, si eran todos del PCC y quiénes fueron –la policía o los militares, o ambos– los que facilitaron la salida de los presos por la puerta principal, sin disparar un tiro ni lastimar a nadie. En lo único que estuvieron de acuerdo la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, y su par de Interior, Euclides Acevedo, es en que los presos no se evadieron todos juntos, sino por cuentagotas, desde varios días antes a ese domingo 19.

Más allá de que prueba hasta qué grado llegó la connivencia de los narcos con el Estado en todos sus estamentos, el detalle muestra que la corrupción alcanza a las autoridades de Brasil y, en particular, al ministro de Justicia, Sergio Moro –al que con toda generosidad la Wikipedia define como “escritor, académico y catedrático”–, oscuro juez de Curitiba (Paraná) que en plena campaña electoral condenó “por íntima convicción” al expresidente Lula, eliminándolo del escenario democrático. Pedro Juan Caballero está separada por una avenida, sin retenes ni medidas de seguridad, de Ponta Porá, capital del estado brasileño de Mato Grosso do Sul. Es hacia allí donde se fugaron los evadidos. Dos días después de denunciada la fuga, Moro dijo que “Brasil está para asistir en todo a nuestros amigos”, agregó que ordenó el “envío de 200 efectivos para reforzar la custodia de la frontera” (1365 km) y aseguró que “de ser apresados en nuestro territorio serán de inmediato devueltos a Paraguay”. Olvidó que por todos ellos Brasil tiene un pedido de extradición, trámite que se obviaría de ser detenidos en alguno de los estados sureños.

Los ministros Pérez y Acevedo también coincidieron en que la corrupción es clave en el escenario. “Los jefes del penal son cómplices, los dejaron escapar, es un fenómeno común a todas las cárceles del país”, dijo Acevedo, como si él no tuviese nada que ver. “Los sobornaron con 80 mil dólares, ya lo habíamos denunciado en diciembre pasado, pero nuestra denuncia no fue considerada”, redondeó Pérez. El senador liberal Roberto Acevedo –cuestionado desde los más diversos ámbitos– había denunciado que “hay entre cinco y seis senadores y un alto número de diputados que reciben sueldo del narco (…), hay jueces, policías, militares e intendentes también”. El exministro de Educación, excanciller y expresidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Riera, fue fulminante: “Los narcos permearon la Justicia, el 25% de los jueces tiene algún nexo con ellos”.

En declaraciones realizadas en Montevideo el 3 de febrero, el secretario de la Coordinadora de DD HH, Óscar Ayala, y el investigador del fenómeno narco Juan Martens aseguraron que las organizaciones criminales “cooptaron al Estado paraguayo, al tiempo que militares, policías, políticos, fiscales y jueces han sido comprados por el narcotráfico”. Lo ejemplificaron con dos casos emblemáticos: el diputado Ulises Quintana está procesado por vínculos con el tráfico de drogas, y la exdiputada Cinthia Tarragó fue detenida en EE UU por integrar un esquema internacional de lavado de dinero. “¿La fuga? El Estado no es un obstáculo para los negocios del PCC”, cerró Ayala. «

A balazo limpio

Todo transcurrió en sólo 24 días. Ministros, funcionarios, jefes militares y policiales, y grandes medios intentaban que se olvidara que el 19 de enero se habían ido de la cárcel de Caballero los presos narco, cuando el 12 de febrero fue asesinado un periodista en su casa de esa ciudad: Leo Veras, 62 años, esposa, un hijo, el único que seguía denunciando la corrupción en torno al narcotráfico. Los narcos son expeditivos. Lo que no consiguen a punta de dólares lo logran a punta de metralla. Un verdadero ejército sin límites éticos, morales y económicos. A Veras se lo sacaron de encima con tres sicarios y 12 balazos de pistola. En los últimos tiempos tienen otras performances que muestran su real poder de fuego: en abril de 2017 liquidaron a Jorge Rafael Toumani, un narco que no quiso negociar. Había sido condenado a 47 años de cárcel pero vivía libre, en Caballero. Se movilizaba en un vehículo con doble blindaje. Lo cercaron, le dispararon con dos ametralladoras antiaéreas calibre 50 que atravesaron el auto de lado a lado: recibió 16 balazos. Semanas después, en Ciudad del Este, un batallón de 60 hombres destruyó bóvedas y varios blindados de la empresa Prosegur para llevarse un buen botín: 40 millones de dólares.

Policías con capuchas en Ceará para frenar la rebelión

El Partido de los Trabajadores culpa de la rebelión policial en Ceará al presidente Jair Bolsonaro, quien envió efectivos militares y de la Fuerza Nacional para reforzar la seguridad en ese estado del nordeste, donde los uniformados llevan una semana de protesta por mejoras salariales. Miembros de la Policía Militar (que dependen de la autoridad de cada estado) se rebelaron esta semana. El martes, un grupo de policías armados y encapuchados atacó patrullas en Fortaleza, la capital del estado. El miércoles, el senador de centroizquierda Cid Gomes fue baleado cuando, a bordo de una retroexcavadora, intentó romper un piquete de policías en la ciudad de Sobral. El legislador es hermano del excandidato presidencial Ciro Gomes.

Medios locales computaban diez batallones de la PM –de los 43 existentes en el estado– invadidos por hombres encapuchados, así como el ro

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