Diego Bossio no consiguió hacer pie en provincia pero sigue sumando parientes a la gran familia de la Administración Pública. Tras el ingreso de su hermana al BCRA, donde ya trabajaba la mujer de su cuñado, ahora es el turno de su esposa, Valeria Marina Loira, quien esta semana fue nombrada como Directora Nacional de Gestión de Deuda Externa.
A través de la Decisión Administrativa 1782/2020 el JGM Santiago Cafiero nombró a Valeria Loira, esposa de Diego Bossio, como “Directora Nacional de Gestión de la Deuda Externa“. Como ya es un clásico, el nombramiento se efectuó con autorización excepcional por no cumplir Loira con los requerimientos mínimos para el cargo.
Loira es una de las autoras del libro La Justicia acusada que el presidente Alberto Fernández presentó en el mes de agosto y en cuyo prólogo definió como un: “‘Nunca más’ a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, “operadores judiciales”, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas o que judicializa los disensos para eliminar al adversario“.
La esposa de Diego Bossio se recibió como abogada en la UBA, a fines de 1998. Tras desempeñarse en el Senado de la Nación fue ascendida a jefa de despacho de la actual vicepresidenta y luego nombrada síndica general adjunta en la SIGEN. En ese momento Bossio se encontraba al frente de la ANSES; dada la incompatibilidad de ambos cargos, Loira dejó la función pública.
Meritocracia
Si bien la incorporación de Loira recién se blanquea en octubre, la abogada había ingresado en enero de este año como “consultora” en la Unidad de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Publica Externa, del Ministerio de Economía de la Nación.
En 2016, el entonces diputado Diego Bossio rompió con el Frente para la Victoria y, junto a Sergio Massa, le garantizó al gobierno de Macri los votos necesarios para aprobar el pago a los holdouts a través de la misma deuda multimillonaria que hoy su esposa “gestiona” desde el Ministerio de Economía.
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El 28 de agosto, El Disenso publicó una investigación exclusiva donde dimos a conocer que el Secretario Meritello le adjudicó una Contratación Directa por $5.837.040 a QSN SA, presidida por el socio de Nicolás Trotta en su empresa offshore, y que al registrarse como proveedor del Estado fijó domicilio en la casa particular del Ministro de Educación. Si bien los grandes medios optaron por invisibilizar nuestra publicación, algo esperable teniendo en cuenta que el Secretario Meritello es quien reparte la pauta oficial, la Fundación Apolo realizó una presentación en la justicia solicitando se investigue la comisión de diferentes delitos.
En el día de hoy, el abogado José Magioncalda de la ONG antes mencionada presentó una solicitud de nulidad de la Contratación Directa celebrada entre la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, y la empresa QSN S.A., alegando que su Presidente, Rafael Ramón Prieto, habría falseado su declaración jurada al no consignar su relación societaria y de amistad con el Ministro Trotta, lo cual podría haber sido un impedimento para la contratación, conforme lo establece el Decreto 202/2017.
Además de la nulidad, a través del escrito se solicitó la aplicación de sanciones administrativas derivadas del ilícito que motiva la presentación.
Este pedido cae en un momento crítico de la empresa QSN SA, que según informa el BCRA en el mes de julio figuraba con más de 23 millones de pesos en deudas en 12 entidades bancarias, y que en los últimos 6 meses emitió 30 cheques sin fondos por 7.4 millones de pesos.
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En el día de hoy, el abogado José Magioncalda de la ONG antes mencionada presentó una solicitud de nulidad de la Contratación Directa celebrada entre la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, y la empresa QSN S.A., alegando que su Presidente, Rafael Ramón Prieto, habría falseado su declaración jurada al no consignar su relación societaria y de amistad con el Ministro Trotta, lo cual podría haber sido un impedimento para la contratación, conforme lo establece el Decreto 202/2017.
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Además de la nulidad, a través del escrito se solicitó la aplicación de sanciones administrativas derivadas del ilícito que motiva la presentación.
Este pedido cae en un momento crítico de la empresa QSN SA, que según informa el BCRA en el mes de julio figuraba con más de 23 millones de pesos en deudas en 12 entidades bancarias, y que en los últimos 6 meses emitió 30 cheques sin fondos por 7.4 millones de pesos.
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La DDJJ de la Ministra de Hábitat se asemeja a un catálogo inmobiliario con la salvedad de que los inmuebles listados figuran con valores que van de los 73 a los 446 dólares cada uno.
El pasado 22 de septiempre, la Ministra de Hábitat participó de una reunión de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte donde expuso un par de conceptos relacionados al hábitat en la Argentina.
Bielsa, arquitecta de profesión, declaró que “existe un 50% de viviendas ociosas en relación con la demanda de nuevas unidades” y que “no hay ninguna explicación para que el metro cuadrado de las viviendas esté cotizado en dólares”.
La funcionaria es consecuente con sus afirmaciones: en su última DDJJ, detalló poseer 10 unidades habitacionales distribuidas en diversos lugares del país, todas ellas valuadas en pesos. El problema es que los precios asignados son realmente irrisorios.
La Ministra declaró poseer:
DDJJ Bielsa
Las 8 casas y los 2 departamentos de la ministra suman un total de 2.503 m2 cubiertos, que valuados grupalmente en $240,030.73 dan un promedio de $95.89/m2; una verdadera ganga!
Dos de las 10 propiedades figuran como heredadas, cuatro como donadas y las restantes figuran adquiridas a través de ingresos propios.
Pero estos datos no son coincidentes con los datos provistos por Bielsa en 2007 a la ONG “Fundación Ejercicio Ciudadano” en ocasión de su postulación a concejal por la ciudad de Rosario. En esa oportunidad, ante la consulta respecto a sus bienes inmuebles, Bielsa aseguró poseer su casa familiar de la calle Ayacucho, y el departamento de la calle Mitre como inmueble de alquiler (en ambos casos, la funcionaria consignó el detalle del dominio catastral).
Bielsa – 2007 – ONG “Fundación Ejercicio Ciudadano“
Si comparamos la DDJJ contra el informe de la ONG rosarina, notamos que de acuerdo a la documentación presentada ante la OA, las cuatro donaciones y las dos herencias son anteriores a 2007, y no figuran en el detalle provisto a la Fundación Ejercicio Ciudadano. ¿Olvido o simple omisión?
En el mismo documento presentado a la ONG, Bielsa aseguró no integrar sociedades comerciales y haber trabajado como arquitecta de manera independiente de 1981 a 1982 y del 2000 al 2003, pero de acuerdo a la publicidad en redes, la actual Ministra de Hábitat y el arquitecto Juán Munuce poseen un estudio denominado: Taller de Arquitectura La Fundación, activo desde 1996.
Taller de Arquitectura La Fundacion – Bielsa / Munuce
Taller de Arquitectura La Fundacion – Bielsa / Munuce
Taller de Arquitectura La Fundacion – Bielsa / Munuce
Taller de Arquitectura La Fundacion – Bielsa / Munuce
En el Taller La Fundación también trabaja su hijo, el arquitecto Pedro Soria. El emprendimiento familiar de los Bielsa-Soria-Munuce figura en los cvs públicos de varios arquitectos rosarinos, y las obras terminadas son publicitadas en Instagram. El emprendimiento no fue declarado por la ministra y tampoco aparenta haber sido registrado en AFIP, donde la arquitecta y su hijo figuran como Monotributistas, categorías G y H.
Entre las obras publicitadas se encuentra el hotel “Jorge Griffa” donado por Marcelo Bielsa a Newells. Según la información de prensa “El proyecto, establecido desde noviembre de 2018, fue llevado a cabo por su hermana, la arquitecta María Eugenia Bielsa en colaboración con Pedro Soria (su hijo), y cuenta con una superficie total de 2500 metros cuadrados, distribuidas en cinco plantas de 500, con una estructura de hormigón prefabricado“. El costo del emprendimiento fue de 2.5 millones de dólares.
Taller de Arquitectura La Fundacion – Bielsa / Munuce
A pesar de las inmensas obras que figuran realizadas por el Taller la Fundación, no existe en internet registro alguno de la dirección de este estudio, el teléfono o la pagina web. Solo distribuye información a través de su perfil de Instagram.
El Registro Automotor Familiar
En el año 2005, cuando la arquitecta era vicegobernadora de Santa Fe, el diputado Marcelo Brignoni denunció a través de un informe titulado “El tráfico de Influencias en Santa Fe, y su relación con sectores de la dirigencia política de la provincia. El caso de los Registros de la Propiedad Automotor” que el esposo de Bielsa (hoy fallecido) era titular de una oficina pública.
En ese momento la funcionaria contestó que “en 1989 por una resolución del por entonces Ministro de Justicia, Julio Oyanarte, su padre (Rafael Bielsa) obtuvo el Registro Automotor Nº 7 de la ciudad de Rosario”. “Mi papá al cumplir 75 años en 1997, y ante la intención de seguir trabajando en esa oficina pública pero con distinta obligación, consultó a la Nación para hacer una transferencia de titularidad, la que fue aceptada por el organismo central”, sostuvo Bielsa a la vez que indicó que el Registro quedó a cargo de su esposo, Daniel Soria.
Con 10 propiedades por debajo de los u$s 446 cada una y con un estudio de arquitectura que realiza obras imponentes pero no tiene dirección ni teléfono para atención al público, tal vez es un buen momento para rememorar esta grabación indecorosa de la ministra responsable de administrar el 8% del presupuesto nacional, naturalizando el robo en la función pública.
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El pasado 22 de septiempre, la Ministra de Hábitat participó de una reunión de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte donde expuso un par de conceptos relacionados al hábitat en la Argentina.
Bielsa, arquitecta de profesión, declaró que “existe un 50% de viviendas ociosas en relación con la demanda de nuevas unidades” y que “no hay ninguna explicación para que el metro cuadrado de las viviendas esté cotizado en dólares”.
La funcionaria es consecuente con sus afirmaciones: en su última DDJJ, detalló poseer 10 unidades habitacionales distribuidas en diversos lugares del país, todas ellas valuadas en pesos. El problema es que los precios asignados son realmente irrisorios.
La Ministra declaró poseer:
DDJJ Bielsa
Las 8 casas y los 2 departamentos de la ministra suman un total de 2.503 m2 cubiertos, que valuados grupalmente en $240,030.73 dan un promedio de $95.89/m2; una verdadera ganga!
Dos de las 10 propiedades figuran como heredadas, cuatro como donadas y las restantes figuran adquiridas a través de ingresos propios.
Pero estos datos no son coincidentes con los datos provistos por Bielsa en 2007 a la ONG “Fundación Ejercicio Ciudadano” en ocasión de su postulación a concejal por la ciudad de Rosario. En esa oportunidad, ante la consulta respecto a sus bienes inmuebles, Bielsa aseguró poseer su casa familiar de la calle Ayacucho, y el departamento de la calle Mitre como inmueble de alquiler (en ambos casos, la funcionaria consignó el detalle del dominio catastral).
Bielsa – 2007 – ONG “Fundación Ejercicio Ciudadano“
Si comparamos la DDJJ contra el informe de la ONG rosarina, notamos que de acuerdo a la documentación presentada ante la OA, las cuatro donaciones y las dos herencias son anteriores a 2007, y no figuran en el detalle provisto a la Fundación Ejercicio Ciudadano. ¿Olvido o simple omisión?
En el mismo documento presentado a la ONG, Bielsa aseguró no integrar sociedades comerciales y haber trabajado como arquitecta de manera independiente de 1981 a 1982 y del 2000 al 2003, pero de acuerdo a la publicidad en redes, la actual Ministra de Hábitat y el arquitecto Juán Munuce poseen un estudio denominado: Taller de Arquitectura La Fundación, activo desde 1996.
Taller de Arquitectura La Fundacion – Bielsa / Munuce
Taller de Arquitectura La Fundacion – Bielsa / Munuce
Taller de Arquitectura La Fundacion – Bielsa / Munuce
Taller de Arquitectura La Fundacion – Bielsa / Munuce
En el Taller La Fundación también trabaja su hijo, el arquitecto Pedro Soria. El emprendimiento familiar de los Bielsa-Soria-Munuce figura en los cvs públicos de varios arquitectos rosarinos, y las obras terminadas son publicitadas en Instagram. El emprendimiento no fue declarado por la ministra y tampoco aparenta haber sido registrado en AFIP, donde la arquitecta y su hijo figuran como Monotributistas, categorías G y H.
Entre las obras publicitadas se encuentra el hotel “Jorge Griffa” donado por Marcelo Bielsa a Newells. Según la información de prensa “El proyecto, establecido desde noviembre de 2018, fue llevado a cabo por su hermana, la arquitecta María Eugenia Bielsa en colaboración con Pedro Soria (su hijo), y cuenta con una superficie total de 2500 metros cuadrados, distribuidas en cinco plantas de 500, con una estructura de hormigón prefabricado“. El costo del emprendimiento fue de 2.5 millones de dólares.
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El Registro Automotor Familiar
En el año 2005, cuando la arquitecta era vicegobernadora de Santa Fe, el diputado Marcelo Brignoni denunció a través de un informe titulado “El tráfico de Influencias en Santa Fe, y su relación con sectores de la dirigencia política de la provincia. El caso de los Registros de la Propiedad Automotor” que el esposo de Bielsa (hoy fallecido) era titular de una oficina pública.
En ese momento la funcionaria contestó que “en 1989 por una resolución del por entonces Ministro de Justicia, Julio Oyanarte, su padre (Rafael Bielsa) obtuvo el Registro Automotor Nº 7 de la ciudad de Rosario”. “Mi papá al cumplir 75 años en 1997, y ante la intención de seguir trabajando en esa oficina pública pero con distinta obligación, consultó a la Nación para hacer una transferencia de titularidad, la que fue aceptada por el organismo central”, sostuvo Bielsa a la vez que indicó que el Registro quedó a cargo de su esposo, Daniel Soria.
Con 10 propiedades por debajo de los u$s 446 cada una y con un estudio de arquitectura que realiza obras imponentes pero no tiene dirección ni teléfono para atención al público, tal vez es un buen momento para rememorar esta grabación indecorosa de la ministra responsable de administrar el 8% del presupuesto nacional, naturalizando el robo en la función pública.
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Bielsa, arquitecta de profesión, declaró que “existe un 50% de viviendas ociosas en relación con la demanda de nuevas unidades” y que “no hay ninguna explicación para que el metro cuadrado de las viviendas esté cotizado en dólares”.
La funcionaria es consecuente con sus afirmaciones: en su última DDJJ, detalló poseer 10 unidades habitacionales distribuidas en diversos lugares del país, todas ellas valuadas en pesos. El problema es que los precios asignados son realmente irrisorios.
La Ministra declaró poseer:
DDJJ Bielsa
Las 8 casas y los 2 departamentos de la ministra suman un total de 2.503 m2 cubiertos, que valuados grupalmente en $240,030.73 dan un promedio de $95.89/m2; una verdadera ganga!
Dos de las 10 propiedades figuran como heredadas, cuatro como donadas y las restantes figuran adquiridas a través de ingresos propios.
Pero estos datos no son coincidentes con los datos provistos por Bielsa en 2007 a la ONG “Fundación Ejercicio Ciudadano” en ocasión de su postulación a concejal por la ciudad de Rosario. En esa oportunidad, ante la consulta respecto a sus bienes inmuebles, Bielsa aseguró poseer su casa familiar de la calle Ayacucho, y el departamento de la calle Mitre como inmueble de alquiler (en ambos casos, la funcionaria consignó el detalle del dominio catastral).
Bielsa – 2007 – ONG “Fundación Ejercicio Ciudadano“
Si comparamos la DDJJ contra el informe de la ONG rosarina, notamos que de acuerdo a la documentación presentada ante la OA, las cuatro donaciones y las dos herencias son anteriores a 2007, y no figuran en el detalle provisto a la Fundación Ejercicio Ciudadano. ¿Olvido o simple omisión?
En el mismo documento presentado a la ONG, Bielsa aseguró no integrar sociedades comerciales y haber trabajado como arquitecta de manera independiente de 1981 a 1982 y del 2000 al 2003, pero de acuerdo a la publicidad en redes, la actual Ministra de Hábitat y el arquitecto Juán Munuce poseen un estudio denominado: Taller de Arquitectura La Fundación.
Taller de Arquitectura La Fundacion – Bielsa / Munuce
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Taller de Arquitectura La Fundacion – Bielsa / Munuce
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En el Taller La Fundación también trabaja su hijo, el arquitecto Pedro Soria. El emprendimiento familiar de los Bielsa-Soria-Munuce figura en los cvs públicos de varios arquitectos rosarinos, y las obras terminadas son publicitadas en Instagram. El emprendimiento no fue declarado por la ministra y tampoco aparenta haber sido registrado en AFIP, donde la arquitecta y su hijo figuran como Monotributistas, categorías G y H.
Entre las obras publicitadas se encuentra el hotel “Jorge Griffa” donado por Marcelo Bielsa a Newells. Según la información de prensa “El proyecto, establecido desde noviembre de 2018, fue llevado a cabo por su hermana, la arquitecta María Eugenia Bielsa en colaboración con Pedro Soria (su hijo), y cuenta con una superficie total de 2500 metros cuadrados, distribuidas en cinco plantas de 500, con una estructura de hormigón prefabricado“. El costo del emprendimiento fue de 2.5 millones de dólares.
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En el año 2005, cuando la arquitecta era vicegobernadora de Santa Fe, el diputado Marcelo Brignoni denunció a través de un informe titulado “El tráfico de Influencias en Santa Fe, y su relación con sectores de la dirigencia política de la provincia. El caso de los Registros de la Propiedad Automotor” que el esposo de Bielsa (hoy fallecido) era titular de una oficina pública.
En ese momento la funcionaria contestó que “en 1989 por una resolución del por entonces Ministro de Justicia, Julio Oyanarte, su padre (Rafael Bielsa) obtuvo el Registro Automotor Nº 7 de la ciudad de Rosario”. “Mi papá al cumplir 75 años en 1997, y ante la intención de seguir trabajando en esa oficina pública pero con distinta obligación, consultó a la Nación para hacer una transferencia de titularidad, la que fue aceptada por el organismo central”, sostuvo Bielsa a la vez que indicó que el Registro quedó a cargo de su esposo, Daniel Soria.
Con 10 propiedades por debajo de los u$s 446 cada una y con un estudio de arquitectura que realiza obras imponentes pero no tiene dirección ni teléfono para atención al público, tal vez es un buen momento para rememorar esta grabación indecorosa de la ministra responsable de administrar el 8% del presupuesto nacional, naturalizando el robo en la función pública.
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Tanto el sufrimiento de los propietarios como los padecimientos sin fin de los usurpadores tienen un responsable único, el Estado Argentino, en la medida en que, renunciando a la planificación, fue delegando la facultad indelegable de expropiar los bienes de los ciudadanos hasta llegar al punto en que toda usurpación revista inmediatamente el status constitucional de una expropiación, siempre y cuando sea llevada adelante con la anuencia de los movimientos sociales que manejan el acceso al RENABAP y garantizan la paz social.
La letra gruesa de la expropiación
La Constitución enumera los derechos que el estado constituido reconocerá a los habitantes de la nación. En ese marco surge como regla general que la propiedad privada será inviolable, es decir que el estado no usará su poder para despojar a los ciudadanos de sus bienes. Luego de la regla general, surgen dos situaciones excepcionales que son la sentencia judicial y la expropiación que ha de ser calificada por Ley, fundada en el bien público y previamente indemnizada. El recorrido histórico de expropiación es breve dentro del derecho constitucional. En 1852 Alberdi bosquejó para el artículo 18 la siguiente fórmula: “La propiedad es inviolable. Nadie puede ser privado de ella sino en virtud de ley ó de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de pública utilidad debe ser calificada por ley y previamente indemnizada“. Actualmente, la letra de nuestra Constitución sostiene en su artículo 17: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Confederación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. En el medio no hubo mayores sobresaltos, incluso Sampay redactó en 1949 que “La expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente indemnizada“, porque ni siquiera la función social de la propiedad era óbice para que el estado avanzara arbitrariamente sobre los bienes de los ciudadanos.
La Constitución de Videla
La alteración del orden constitucional no siempre llega a través de una pomposa reforma, a veces la constitución cambia furtivamente, entre atentados y desapariciones forzadas, para consolidarse después gracias al silencio cómplice de legisladores y jueces, por esa razón, este apartado se llama La Constitución de Videla. El General Videla, autoproclamado presidente, disolvió el Congreso y, dentro de una vasta obra legislativa aún vigente, derogó la Ley de Expropiaciones para imponer en su lugar la suya propia. La norma abolida (Ley 13.264) había sido impulsada por Juán Domingo Perón en 1948, llevaba el sello intelectual de Don Arturo Sampay y las firmas de Héctor Cámpora y Hortensio Quijano. El texto de la norma establecía como sujeto expropiante al Poder Ejecutivo Nacional, quien solo actuaría siguiendo una Ley de Utilidad Pública emanada del Congreso.
La Ley de Expropiaciones de Videla, número 21.499, cuya redacción estuvo a cargo de nueve militares letrados, extendió la facultad de expropiar a todos los organismos del estado, incluyendo a municipios, entes autárquicos y empresas estatales; la expropiación ya no debería ser calificada por una ley particular, sino por el contenido general de las cartas orgánicas de cada organismo. Desde el momento en que Jorge Rafael estampó su firma en el proyecto, los ciudadanos perdieron la garantía de sus bienes frente al Estado Constituido, y ningún presidente de la democracia encontró conveniente volver atrás en este tema. A ese marco jurídico aberrante se aferró el hermano de Wado de Pedro, Juan Ignacio Ustarroz, actual intendente de Mercedes, para promover la ordenanza que le permite ejecutar expropiaciones expeditas sobre lotes no habitados que incurran en mora impositiva. Estos aspectos incómodos son parte de un debate aún pendiente para la democracia.
Ley de Expropiación Paraestatal de Mauricio Macri
En 2018, mediante Ley 27.453, el Congreso abrió la vía de expropiación al declarar de interés público a todos los barrios del Registro Nacional de Barrios Populares “RENABAP” que había sido establecido por CFK en diciembre de 2015. La técnica es truculenta y demagógica, ya que toda la arquitectura jurídica del RENABAP no formó parte del decreto 2670/2015 sino hasta que fue incorporado por sucesivas modificaciones entre 2017/19, todas ellas firmadas por Mauricio Macri, pero al plasmarse de manera indirecta sobre un decreto de 2015 asienta la impresión de que fue una “herencia-K“, cuando en realidad se trataba del pacto de gobernabilidad establecido entre Macri y los movimientos sociales. En tanto marco normativo, debemos observar que el Congreso ya no es la autoridad competente y planificadora que declara el interés público sobre un lote, sino un escribano que dota de legitimidad al quehacer usurpador de los movimientos sociales.
PLAN ARGENTINA USURPA 2020
Fernanda Miño es una militante de Patria Grande, concretamente del riñón de Juán Grabois, que fue nombrada en la Secretaría de Integración Socio Urbana, desde donde maneja el registro de barrios populares (RENABAP). En una entrevista recientemente publicada por InfoBae, la funcionaria se quejó de la burocracia y adelantó su objetivo de reabrir el RENABAP para inscribir a los nuevos barrios populares y proceder a la expropiación en los términos de la ley 27.453.
Con estas reglas de juego, los movimientos sociales tienen carta abierta para usurpar todos los terrenos en los que quepan 8 o más casas, ya que su sola incorporación al RENABAP, controlado por Grabois, los reviste con estatus legal de expropiables en el marco de la Ley que dejó Macri y ante la vista cómplice de un gobierno que, habiendo agotado todo el arsenal asistencialista, avalará el avance sobre los bienes de los ciudadanos como forma de mantener la pax social.
En síntesis, la garantía constitucional que impedía al estado avanzar sobre los bienes de sus habitantes ha caído ante la universalización de su excepción. En esta coyuntura toda usurpación será una expropiación, porque todo usurpador actúa con una legitimidad previamente delegada por el congreso, siempre y cuando lo haga dentro de las estructuras paraestatales de poder que monopolizan el acceso al RENABAP.
Si el Estado va a intervenir en la vivienda, ¿Es lo mismo planificar que improvisar? Veamos..
Viviendas Sociales planificadas por J.D. Perón en 1950
Improvisada toma de Guernica en 2020
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La letra gruesa de la expropiación
La Constitución enumera los derechos que el estado constituido reconocerá a los habitantes de la nación. En ese marco surge como regla general que la propiedad privada será inviolable, es decir que el estado no usará su poder para despojar a los ciudadanos de sus bienes. Luego de la regla general, surgen dos situaciones excepcionales que son la sentencia judicial y la expropiación que ha de ser calificada por Ley, fundada en el bien público y previamente indemnizada. El recorrido histórico de expropiación es breve dentro del derecho constitucional. En 1852 Alberdi bosquejó para el artículo 18 la siguiente fórmula: “La propiedad es inviolable. Nadie puede ser privado de ella sino en virtud de ley ó de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de pública utilidad debe ser calificada por ley y previamente indemnizada“. Actualmente, la letra de nuestra Constitución sostiene en su artículo 17: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Confederación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. En el medio no hubo mayores sobresaltos, incluso Sampay redactó en 1949 que “La expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente indemnizada“, porque ni siquiera la función social de la propiedad era óbice para que el estado avanzara arbitrariamente sobre los bienes de los ciudadanos.
La Constitución de Videla
La alteración del orden constitucional no siempre llega a través de una pomposa reforma, a veces la constitución cambia furtivamente, entre atentados y desapariciones forzadas, para consolidarse después gracias al silencio cómplice de legisladores y jueces, por esa razón, este apartado se llama La Constitución de Videla. El General Videla, autoproclamado presidente, disolvió el Congreso y, dentro de una vasta obra legislativa aún vigente, derogó la Ley de Expropiaciones para imponer en su lugar la suya propia. La norma abolida (Ley 13.264) había sido impulsada por Juán Domingo Perón en 1948, llevaba el sello intelectual de Don Arturo Sampay y las firmas de Héctor Cámpora y Hortensio Quijano. El texto de la norma establecía como sujeto expropiante al Poder Ejecutivo Nacional, quien solo actuaría siguiendo una Ley de Utilidad Pública emanada del Congreso.
La Ley de Expropiaciones de Videla, número 21.499, cuya redacción estuvo a cargo de nueve militares letrados, extendió la facultad de expropiar a todos los organismos del estado, incluyendo a municipios, entes autárquicos y empresas estatales; la expropiación ya no debería ser calificada por una ley particular, sino por el contenido general de las cartas orgánicas de cada organismo. Desde el momento en que Jorge Rafael estampó su firma en el proyecto, los ciudadanos perdieron la garantía de sus bienes frente al Estado Constituido, y ningún presidente de la democracia encontró conveniente volver atrás en este tema. A ese marco jurídico aberrante se aferró el hermano de Wado de Pedro, Juan Ignacio Ustarroz, actual intendente de Mercedes, para promover la ordenanza que le permite ejecutar expropiaciones expeditas sobre lotes no habitados que incurran en mora impositiva. Estos aspectos incómodos son parte de un debate aún pendiente para la democracia.
Ley de Expropiación Paraestatal de Mauricio Macri
En 2018, mediante Ley 27.453, el Congreso abrió la vía de expropiación al declarar de interés público a todos los barrios del Registro Nacional de Barrios Populares “RENABAP” que había sido establecido por CFK en diciembre de 2015. La técnica es truculenta y demagógica, ya que toda la arquitectura jurídica del RENABAP no formó parte del decreto 2670/2015 sino hasta que fue incorporado por sucesivas modificaciones entre 2017/19, todas ellas firmadas por Mauricio Macri, pero al plasmarse de manera indirecta sobre un decreto de 2015 asienta la impresión de que fue una “herencia-K“, cuando en realidad se trataba del pacto de gobernabilidad establecido entre Macri y los movimientos sociales. En tanto marco normativo, debemos observar que el Congreso ya no es la autoridad competente y planificadora que declara el interés público sobre un lote, sino un escribano que dota de legitimidad al quehacer usurpador de los movimientos sociales.
PLAN ARGENTINA USURPA 2020
Fernanda Miño es una militante de Patria Grande, concretamente del riñón de Juán Grabois, que fue nombrada en la Secretaría de Integración Socio Urbana, desde donde maneja el registro de barrios populares (RENABAP). En una entrevista recientemente publicada por InfoBae, la funcionaria se quejó de la burocracia y adelantó su objetivo de reabrir el RENABAP para inscribir a los nuevos barrios populares y proceder a la expropiación en los términos de la ley 27.453.
Con estas reglas de juego, los movimientos sociales tienen carta abierta para usurpar todos los terrenos en los que quepan 8 o más casas, ya que su sola incorporación al RENABAP, controlado por Grabois, los reviste con estatus legal de expropiables en el marco de la Ley que dejó Macri y ante la vista cómplice de un gobierno que, habiendo agotado todo el arsenal asistencialista, avalará el avance sobre los bienes de los ciudadanos como forma de mantener la pax social.
En síntesis, la garantía constitucional que impedía al estado avanzar sobre los bienes de sus habitantes ha caído ante la universalización de su excepción. En esta coyuntura toda usurpación será una expropiación, porque todo usurpador actúa con una legitimidad previamente delegada por el congreso, siempre y cuando lo haga dentro de las estructuras paraestatales de poder que monopolizan el acceso al RENABAP.
Si el Estado va a intervenir en la vivienda, ¿Es lo mismo planificar que improvisar? Veamos..
Viviendas Sociales planificadas por J.D. Perón en 1950
Improvisada toma de Guernica en 2020
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Luego de que la Interventora de la AFI dejara expuesta la identidad de gran cantidad de agentes de inteligencia retirados y en actividad tras enviar a la justicia copia del libro de actas sin el debido resguardo de los datos personales de los espías, comienzan a surgir algunos temas inquietantes.
En la décima entrada de la página 310 se menciona:
“Rechazar la petición formulada por el Señor Juán Grabois de fecha 01 Ago 18, por los fundamentos expuestos“.
¿Te acordás que estaba haciendo Grabois el 01 de agosto de 2018? Ese día, Juán convocó a una marcha de la CTEP a Plaza de Mayo por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
Tras la marcha, se invitó al estreno de un documental en el ND Ateneo sobre la vida del tatuador. Mientras la prensa se encontraba en el lugar entrevistando a los asistentes, se produjeron diversos actos de vandalismo en el hall. Un grupo de manifestantes realizó pintadas, arrojó piedras contra los vidrios y distribuyó panfletos.
Sergio Berni, tras correr a los vándalos una cuadra, logró agarrar a dos de ellos y solicitó a los presentes que les sacaran fotos de la cara para poder identificarlos. En ese momento Juan Grabois se metió de lleno en la situación para liberar a los agresores.
Acto seguido fue entrevistado por el Gato Sylvestre, y al aire explicó que se trataba de un grupo de jóvenes que nadie llegó a ver y que él “se metió” porque no le gusta que “entre muchos le peguen a uno“.
Pero las cámaras captaron el momento en el que Berni logró aprehender a los vándalos y se puede apreciar que nadie le pegó a estas personas, solo se pidió que les sacaran fotos del rostro para una posterior identificación.
Ahora, en las anotaciones de las actas que gracias a la impericia de Caamaño quedaron expuestas públicamente, sabemos que más temprano, ese mismo día, Juán Grabois presentó una petición en la AFI, y que la misma, fue denegada.
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Luego de que la Interventora de la AFI dejara expuesta la identidad de gran cantidad de agentes de inteligencia retirados y en actividad tras enviar a la justicia copia del libro de actas sin el debido resguardo de los datos personales de los espías, comienzan a surgir algunos temas inquietantes.
En la décima entrada de la página 310 se menciona:
“Rechazar la petición formulada por el Señor Juán Grabois de fecha 01 Ago 18, por los fundamentos expuestos“.
¿Te acordás que estaba haciendo Grabois el 01 de agosto de 2018? Ese día, Juán convocó a una marcha de la CTEP a Plaza de Mayo por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
Tras la marcha, se invitó al estreno de un documental en el ND Ateneo sobre la vida del tatuador. Mientras la prensa se encontraba en el lugar entrevistando a los asistentes, se produjeron diversos actos de vandalismo en el hall. Un grupo de manifestantes realizó pintadas, arrojó piedras contra los vidrios y distribuyó panfletos.
Sergio Berni, tras correr a los vándalos una cuadra, logró agarrar a dos de ellos y solicitó a los presentes que les sacaran fotos de la cara para poder identificarlos. En ese momento Juan Grabois se metió de lleno en la situación para liberar a los agresores.
Acto seguido fue entrevistado por el Gato Sylvestre, y al aire explicó que se trataba de un grupo de jóvenes que nadie llegó a ver y que él “se metió” porque no le gusta que “entre muchos le peguen a uno“.
Pero las cámaras captaron el momento en el que Berni logró aprehender a los vándalos y se puede apreciar que nadie le pegó a estas personas, solo se pidió que les sacaran fotos del rostro para una posterior identificación.
Ahora, en las anotaciones de las actas que gracias a la impericia de Caamaño quedaron expuestas públicamente, sabemos que más temprano, ese mismo día, Juán Grabois presentó una petición en la AFI, y que la misma, fue denegada.
N de R: El acta mencionando a Juán Grabois se dio a conocer públicamente a través de las redes, luego de la filtración ocurrida la semana pasada.
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