El gobierno acelera un “Plan B” para usar en caso de default

El gobierno acelera un “Plan B” para usar en caso de default

El presidente admitió la existencia de un plan alternativo y fuentes oficiales afirman que se aplicará si no hay acuerdo por la deuda. La negociación con los bonistas entra en etapa de definiciones, tras los choques por los canjes en Buenos Aires y Nación. El rol del comercio exterior, salarios y jubilaciones.
(Foto: Télam)
Por Randy Stagnaro
@randystagnaro

16 de Febrero de 2020

“Tenemos un plan. Es más, tenemos dos. Por si pasa A, o por si pasa B”, dijo el presidente Alberto Fernández el jueves pasado en una entrevista con Radio Rivadavia. Por tratarse de un gobierno que mide en detalle cada una de sus declaraciones, la expresión del mandatario llamó la atención. ¿En qué consisten estos planes?

“El plan A es el que se aplicará si hay un acuerdo con los bonistas y el FMI; el plan B, si no lo hay”, le dijo una fuente oficial a Tiempo. Un escenario de no acuerdo por la deuda pública equivale a una declaración de default.

Desde que asumió, hace poco más de dos meses, el gobierno coquetea con el default. Todas las observaciones que han hecho tanto el presidente como el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el sentido de que la deuda pública “es impagable”, apuntan a sentar a los bonistas a la mesa de negociaciones para lograr nuevos términos de la deuda que la hagan supuestamente pagable. Pero este proceso se ha demostrado mucho más arduo de lo que se esperaba. La distancia entre lo que ofrece el gobierno y lo que reclaman los bonistas es enorme, tal como se vio en las negociaciones de la provincia de Buenos Aires con el bono BP21, primero, y de la Nación, después, con el bono dual.

Es en ese marco que las declaraciones oficiales comienzan a ser más específicas respecto de la posibilidad de un default. En la misma entrevista del jueves, Fernández aseguró que la Argentina ya estaba en default “técnico” desde que, a fines de agosto de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri “reperfiló” varias emisiones de bonos en pesos y en dólares.

Del mismo modo, la exposición del ministro Guzmán en la Cámara de Diputados el miércoles pasado fue leída en tono de desafío a los bonistas ya que si, como dijo el ministro, no habrá superávit fiscal hasta 2023, se da por descontado que no habrá recursos para el pago de la deuda pública.

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Ajuste, para qué

Algunos relativizan la posibilidad de un default. Es el caso de José María Segura, economista jefe de la firma de consultoría PriceWaterhouseCoopers, quien en diálogo con Tiempo consideró que “todavía debe correr mucha agua para decir que el default es una salida inevitable”. Para Segura, se está en presencia del inicio de las negociaciones entre el Estado argentino y los bonistas, con lo que “ambas partes muestran su mayor fortaleza posible”.

El especialista consideró que “hay tiempo para que el proceso de negociación se desarrolle”. Mientras tanto, el gobierno podría apelar al uso transitorio de las reservas del Banco Central para pagar vencimientos en moneda extranjera. Si bien descartó que se llegue a un acuerdo en marzo, tal como lo establece el cronograma oficial dado a conocer a fin de enero, Segura indicó que hay “algo más de margen como para avanzar” en el diálogo con los bonistas. Con todo, observó que el gobierno debe avanzar en “destrabar las negociaciones” por medio del anuncio de un plan de gobierno.

La idea de que el tono amenazante que adoptó el gobierno forma parte de las fintas propias de un primer round de observación toma cierto sentido en el contexto del mencionado cronograma oficial. Tras la presentación ante Diputados, el equipo de Economía repartirá su tiempo entre la atención a la misión del Fondo Monetario, que se quedará en el país hasta el próximo miércoles, y el inicio de las conversaciones formales con los bonistas, para lo cual se tomará diez días antes de la elaboración de un informe sobre lo conversado. También contratará a los agentes de información, los asesores financieros y los agentes de distribución, para lo cual ya hay cierto retraso.

Así como con los planteos ultimatistas, las decisiones del gobierno también dan pie a interpretaciones diversas. Por ejemplo, el ajuste en las jubilaciones anunciado el viernes último (ver página 6) podría tener dos lecturas: de un lado, un ahorro de 5000 millones de pesos por mes a fin de acumular recursos estatales ante el cimbronazo de un default; del otro, una demostración ante los acreedores de que se están generando los recursos con los cuales pagar la deuda y, de esa forma, convencerlos de que “hay voluntad firme de pagar”, como dijo Guzmán ante los diputados.

Melisa Sala, economista jefe de la consultora LCG, también observa esta dicotomía. “Las probabilidades de un default subieron y eso se refleja en la caída de los precios de los bonos y en la suba del riesgo país”, le dijo a Tiempo. “La posición más dura del gobierno, plasmada en el discurso de Guzmán en el Congreso, aunque puede ser una estrategia como parte de la negociación, también pueden reflejar el hecho de que quizá, para el gobierno, empieza a volverse viable la opción del default: altos costos mediante, todavía podría culpar a la gestión anterior de la decisión y se evitaría los costos de convencer a sus propias filas sobre la necesidad del ajuste fiscal que demandará un acuerdo con los acreedores”, consideró.

LCG emitió un informe a sus clientes en el que advierte que la no presentación del programa económico, a pesar de los reveses con las recientes propuestas a los bonistas, podría deberse “a que la opción del default se está volviendo cada vez más atractiva para el gobierno”.

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(Foto: AFP)

Fondos, inflexibles

La opción del default no es patrimonio exclusivo del gobierno, más cuando los bonistas fueron los que marcaron la cancha en las dos negociaciones recientes. “Las posibilidades de acuerdo dependen de las dos partes, lo que implica una cierta flexibilidad de los acreedores para avenirse a la propuesta oficial. Pero los acreedores han mostrado inflexibilidad”, le dijo a Tiempo el economista de la Universidad de Belgrano Víctor Beker. “El ejemplo fue lo que sucedió con el BP21, cuando no aceptaron una prórroga del pago de un vencimiento de capital. Eso fue una mala señal, porque el hecho de que la provincia pagara todo el vencimiento envalentonó a los acreedores. Eso se vio luego en la negociación del AF20, donde sólo el 10% aceptó la propuesta de canje del gobierno”, detalló.

Beker observó que “este problema se va a reproducir todos los meses, con cada vencimiento. El mensaje que transmite Economía es que van a pagar lo que se pueda. Es decir, Economía también endureció su posición al ofrecer en canje, en un primer momento, bonos que implicaban quitas de hasta el 40% del capital”.

Fernando Camusso, economista de Rafaela Capital, una boutique de inversiones de esa ciudad santafesina, consideró que la complejidad de la negociación de la deuda ha derivado en “un retroceso”, lo que hace al default “más que factible, probable”. Camusso remarcó que ese giró se dio “a partir del reperfilamiento del AF20”: como el gobierno no quiere emitir para pagar la deuda en pesos, si los acreedores no aceptan el canje “no hay otra que reperfilar”, que no es otra cosa que un default.

¿Cómo funcionaría una economía en default? “El default ya lo vivimos. No es lo mejor, pero tampoco es el fin del mundo”, dijo Beker. Los 15 mil millones de dólares de superávit comercial jugarían aquí un rol central ya que serían las únicas divisas con que contaría Argentina. A ello se le podría sumar lo que podrían aportar las cerealeras para ayudar a prefinanciar las exportaciones. Pero en el frente externo no habría mucho más. Al mismo tiempo, en el frente interno jugaría un rol central el salario ya que la aplicación de capital sólo iría hacia aquellos sectores dinamizados por el mayor consumo. Pero en un entorno de pérdida real del salario y de los ingresos en general, esta vía podría no prosperar.

Es que ese es el riesgo mayor: que el default sea la excusa para nuevos ajustes sobre las espaldas de la población y que, además, no sirva para sacar la economía del pozo. «

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Las nuevas jubilaciones o el rompecabezas de un aumento con matices

Las nuevas jubilaciones o el rompecabezas de un aumento con matices

Es superior a la fórmula derogada en el caso de los que cobran la mínima, pero para el resto es menor. Impactan los medicamentos gratis, pero no todos son afiliados al Pami.
Por Jonathan Raed
@JRaed

16 de Febrero de 2020

Los jubilados que cobran la mínima, los pensionados y las asignaciones familiares tendrán un aumento del 13%, en lugar de la suba del 11,6% que habrían percibido con la Ley de Movilidad establecida durante la gestión de Mauricio Macri y congelada por Alberto Fernández.

Al mismo tiempo, la directora del Pami, Luana Volnovich, anunció la creación de un paquete de medicamentos que serán totalmente gratuitos para los afiliados al Pami. “Son 170 remedios que consideramos necesarios para cuidar la salud de nuestros afiliados. La canasta está construida en base a recomendaciones de la OMS y de los propios consumos masivos que Pami ha tenido en los últimos años”, explicó Volnovich.

De esta forma, quienes perciben la jubilación mínima pasaron de cobrar $ 14.068 a $ 15.897. En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará de $ 2.746 a $ 3.103. “Es un orgullo y una satisfacción poder hacer este anuncio porque había mucha suspicacia alrededor de las jubilaciones”, apuntó el titular de Anses, Alejandro Vanoli.

El anuncio se hizo en conferencia de prensa, luego de un acto en Hurlingham, con la presencia del presidente Alberto Fernández, Vanoli y Volnovich.

Al respecto, el abogado previsional Christian D’Alessandro le dijo a Tiempo que “el anuncio de acceso a los medicamentos es notable. El gobierno anterior cortó los medicamentos gratuitos. Se trata de un aumento indirecto. Un jubilado que percibe la mínima gasta entre el 30 y 40% de su haber en medicamentos”.

De acuerdo con este cálculo, un jubilado que percibía $ 14.068 (la mínima), gastaba alrededor de $ 4.900 (35% del haber) en medicamentos, con lo que le quedaban a disposición para gastos generales $ 9.100. Si con el anuncio del Pami logra ahorrar la mitad de ese monto, pasará a gastar en medicamentos unos $ 2.500, con lo que le quedarán unos $ 13.500 disponibles para otros gastos (la nueva mínima será de $ 15.897). Ese jubilado afiliado al Pami tendrá, en el bolsillo, una suba de $ 4.300; es decir, del 47 por ciento.

No todos los jubilados están afiliados al Pami, que hoy cuenta con 4,8 millones de afiliados entre jubilados y familiares a cargo, entre otros.

Para el resto de los haberes, el aumento se compone de una suma fija de $ 1.500 y una suba del 2,3%. De esta forma, “el 86,8% está recibiendo un aumento mayor al que disponía la ley derogada. Se trata de 11,8 millones de personas”, aseguró Vanoli.

Si se toman solamente los jubilados, el porcentaje que pasará a percibir un monto mayor o igual al que habría percibido con la fórmula derogada desciende al 60%, aproximadamente. Son alrededor de 3,5 millones de jubilados. Esto significa que hay 2,2 millones cuyo aumento será menor al que indicaba esa fórmula. Se trata de aquellos que cobraban $ 16 mil o más.

Para Andrea Falcone, abogada previsionalista, el gobierno le dio “un 1% más a los que cobran la mínima. Son 140 pesos de diferencia. Para eso, les sacó a todos los demás. A quienes cobran la media, que hoy ronda los $ 20 mil, les sacó 200 pesos”, calculó.

“Esto va a generar litigiosidad y es algo que ya está resuelto con la Justicia y es inconstitucional. Ya sorteamos los primeros amparos y el lunes los vamos a dejar en la Justicia”, afirmó.

Para D’Alessandro, en tanto, “no está mal”. El problema radica en que “a futuro, lo que hace es achatar la escala jubilatoria, lo cual no es equidad”. Jubilados que perciben jubilaciones más altas “están en un juicio contra Anses por ajustes similares y van a ver la posibilidad de hacer nuevos juicios”, alertó. “Está bien que se aumente a los de la mínima, pero que no sea a costa de la media y de las altas”, agregó.

El presidente Fernández se mostró muy entusiasmado a la hora de dar la noticia. “Queremos cumplir el compromiso que asumimos en la campaña. Nos dispusimos a mejorar la situación de los que peor estaban. En este caso, los jubilados, que fueron perdiendo derechos sistemáticamente”, recordó, y agregó: “Nos decían que habíamos congelado las jubilaciones y hoy demostramos que han tenido un incremento sustancialmente mayor que si se hubiera aplicado la fórmula que estaba”.

En ese sentido, Vanoli amplió: “Si contáramos el bono de enero ($ 5.000), estaríamos hablando de un incremento del 18,8% en el trimestre. En ese lapso, en proyección, la inflación estará muy por debajo de eso”.

Al ser consultados por el esfuerzo fiscal que significan tanto el aumento como el paquete de medicamentos, Vanoli aseguró que “el efecto fiscal es prácticamente neutro”, mientras que Volnovich aseguró: “No es un costo, sino una inversión. Son $ 30 mil millones, que salen de recursos del Pami, con el aporte del Impuesto PAIS”. La medida sobre los remedios se aplicará en “los primeros días de marzo”, dijo. «

La comisión para la nueva ley de movilidad

Uno de los puntos de la Ley de Emergencia indicaba que, además de suspender la movilidad jubilatoria creada por el gobierno de Mauricio Macri, la administración actual debía crear una comisión “integrada por representantes de los ministerios de Economía y de Trabajo y miembros de las comisiones competentes en la materia del Congreso de la Nación”, para proponer “un proyecto de Ley de Movilidad de los haberes previsionales”, de acuerdo a “los principios de solidaridad y redistribución”.

Por el Poder Ejcutivo, ya fueron designados Miguel Baelo, jefe de Gabinete de Asesores; Luis Goñi, secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, y Roberto Arias, secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía.

En tanto, por el lado de Diputados estarán el presidente y vice de las siguientes comisiones: Presupuesto y Hacienda, Previsión y Seguridad Social, y Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias y Previsionales.

De las mencionadas comisiones, la única que tiene autoridades confirmadas es Presupuesto y Hacienda, con Carlos Heller  (FdT) como presidente y Luciano Laspina (PRO) como vice.

Finalmente, se ordenó a Senadores que proponga “las designaciones que considere”.

Esta comisión estará a cargo de la elaboración del proyecto que se discutirá luego en el Congreso. Su tarea será elaborar una nueva Ley de Movilidad, con una nueva fórmula de actualización.

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La relación entre la CGT y Alberto Fernández se dobla pero no se rompe

La relación entre la CGT y Alberto Fernández se dobla pero no se rompe

La polémica por las sumas fijas hizo crujir el vínculo. Acuña, uno de los líderes de la central obrera, criticó las políticasoficiales,
pero el propio presidente intervino para bajar la tensión.
Por Alfonso de Villalobos
@alfondevil

16 de Febrero de 2020

La frazada está demasiado corta. Eso es lo que, en definitiva, explica los vaivenes en la relación entre el gobierno y los dirigentes sindicales que, hace apenas unos meses apoyaron cerradamente la candidatura de Alberto Fernández.

La decisión de poner como punto de partida la negociación con el FMI y los acreedores, y condicionar el presupuesto 2020 a sus resultados, a escala del mercado de trabajo se reflejó en su voluntad de generalizar las sumas fijas. La propuesta no cayó bien entre los líderes sindicales que, en rigor, la desconocieron y sellaron acuerdos porcentuales.

Es que, en definitiva, el posicionamiento de los dirigentes de la CGT no puede más que ser un reflejo, aunque a veces distorsionado, de las opiniones que anidan en la base de los trabajadores que ellos representan y que, a todas luces, perciben la realidad desde una condición social y económica bien distinta a la de sus representantes. Es que, en promedio, perdieron un 19,6% de su poder adquisitivo durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos.

Con la llegada del nuevo gobierno aspiran a recuperar, al menos, parte de lo que han resignado.

La eliminación de las cláusulas gatillo que garantizarían el valor del salario real y las sumas fijas que achatan la pirámide salarial van en sentido contrario a esas aspiraciones.

Ante el incipiente descontento, el presidente adelantó por Continental que buscaría reunirse en persona con los dirigentes sindicales: “esta semana empiezo una serie de reuniones con sindicalistas. Son muy importantes, quiero que sean parte de este tiempo”.

Sin embargo, horas después, uno de los integrantes del binomio que conduce la CGT, Carlos Acuña, pateó el tablero: “no está pautada ni en agenda una reunión con Alberto Fernández” y, continuó, “no veo que se preocupen mucho por la deuda interna”. Al mismo tiempo polemizó con el concepto esgrimido por el Ejecutivo acerca de que las cláusulas gatillo serán eliminadas porque “indexan la economía”. Desafiante, disparó: “pareciera que los responsables de la inflación fueran los salarios”. El dirigente, parte del espacio de Sergio Massa, molesto, disparó: “en campaña se comprometen y después nos dan la espalda”.

Casi en forma inmediata, Alberto Fernández asumió personalmente la tarea de persuadir a los dirigentes para evitar que la sangre llegase al río. El miércoles, fuera de agenda, se reunió con el siempre díscolo Hugo Moyano que se encontraba en la Casa Rosada en una reunión con el Ministro del Interior Wado de Pedro. El jueves fue el turno de Héctor Daer, que, al salir, le bajó el tono a la polémica señalando que las cláusulas gatillo“no son un fin en sí mismo” además de asegurar que “hay que transitar el camino que estamos transitando” puesto que “todos estamos convencidos de que el salario no debe erosionarse”.

Acuña no fue parte del convite a pesar de ocupar el mismo cargo que Daer. Desde el  entorno del dirigente minimizaron el diferendo. La misma actitud asumió Jorge Sola, secretario de prensa de la CGT quien, en diálogo con este medio, aseguró que “la relación está muy bien. Estamos en el mismo camino de levantar el país”. Sobre la actitud de Acuña, señaló que “no voy a opinar sobre las declaraciones de un dirigente. Lo que vale es la reunión de Alberto con la CGT a través de Héctor Daer”. Sobre las sumas fijas, Sola señaló que “sirvieron para salarios que estaban atrasados. El gobierno ratificó que las paritarias son libres y sin techo”.

Hugo Moyano, después de su cita,  dijo que: “la suma fija tiene una ventaja para los gobiernos. En el ’73 se implementó y fue una buena medida. Es lo que intenta el gobierno. El presidente no me reprochó nada, fue una linda reunión.”.

Omar Plaini, referente del FreSiMoNA señaló a este diario que “todas las corrientes del movimiento obrero estamos acompañando. Alentamos a votar al Frente de Todos. En 60 días no vamos a modificar lo dicho. Si hay alguna expresión aislada responderá esa expresión”. Con todo, opinó que “el pueblo no puede pagar la deuda impagable que asumió el gobierno anterior. Se tienen que hacer cargo los que dejaron entrar y salir los dólares: el sector financiero, el agrario y el extractivista. Habrá que plantarse frente al FMI”.

Así las cosas, el margen parece muy estrecho para que el Pacto Social se desarrolle en plena armonía. «

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La inflación se redujo pero deja señales de alerta para el futuro

La inflación se redujo pero deja señales de alerta para el futuro

Los precios regulados crecieron un 1,1% pero en meses vencen los acuerdos. Los alimentos subieron un 4,7% por la restitución del IVA.
Por Marcelo Colombres
@econocolombres

16 de Febrero de 2020

El 2,3% de inflación que registró el Indec para el mes de enero significó un aliciente para las autoridades económicas, que pasaron airosas el primer examen en la materia.

Se trata, en efecto, de un importante cambio en la tendencia con relación al 3,7% de diciembre. Pero detrás del éxito parcial se advierten muchas señales de alerta sobre varios factores que pueden volver a disparar el índice en los próximos meses.

De acuerdo al informe divulgado el jueves, buena parte de la desaceleración se debe a los precios regulados, que en su conjunto aumentaron sólo el 1,1 por ciento.

Allí se destacan las tarifas de los servicios públicos, el combustible, el transporte y otros sobre los cuales se dictó un congelamiento de precios temporario. Dentro de tres o cinco meses, según el caso, esos renglones volverán a anotar subas. Algo parecido ocurrió en Salud, donde la evolución fue negativa (-2%) por el acuerdo celebrado con los laboratorios que permitió rebajas en una larga lista de medicamentos. Esa disminución fue por única vez y no se repetirá en los próximos meses.

En el otro extremo se destacan los precios afectados por cuestiones estacionales. Así, Recreación y Cultura (5,0% de variación mensual) y Restaurantes y Hoteles (4,2%) reflejaron la mayor demanda habitual de los períodos de vacaciones.

Pero el dato que llama la atención es el de Alimentos y Bebidas, que subió un 4,7%. Es un componente clave del índice, no sólo porque es el de mayor ponderación en la canasta de productos que mide el Indec sino porque impacta de lleno en las clases más bajas, que dedican la mayor parte de sus ingresos a esos fines.

Es la llamada inflación de supermercado o sensación térmica de los consumidores, que opaca cualquier cálculo estadístico con mayor rigor científico.

En el gobierno creen que esa suba estuvo influida por el restablecimiento del IVA a los alimentos básicos, que en los meses finales de la gestión de Mauricio Macri había sido suspendido por cuatro meses.

Tras una fuerte puja, productores y supermercadistas acordaron repartirse el costo de la medida. El Ministerio de Producción, por su parte, relanzó el programa Precios Cuidados, que volvió a ocupar un lugar visible en las góndolas. Pero así y todo muchos artículos de primera necesidad tuvieron incrementos de precios de dos dígitos. Pan de mesa, arroz, asado, carne picada, filet de merluza, yogur firme y azúcar mostraron subas de entre el 10% y el 14% con relación al mes pasado.

Perdieron las consultoras

De todas maneras, el número final fue bastante menor al que había predicho la mayoría de las consultoras que realizan mediciones por su cuenta. A fin de enero, el conjunto de analistas encuestados por el Banco Central para su habitual relevamiento de expectativas convino que el mes había cerrado con un alza de precios del 3,5 por ciento.

Semejante diferencia puso al Indec en la mira. Su titular, Marco Lavagna, rechazó de plano cualquier anomalía en la elaboración del informe y destacó que los técnicos y encuestadores son los mismos que vienen de la gestión anterior encabezada por Jorge Todesca. “Encontré un Indec funcionando. Hay equipos de trabajo sólidos. Y corresponde continuarlos. Por eso los mantuve, porque importa la credibilidad”, señaló en una entrevista por Radio Continental. Para el exdiputado por el Frente Renovador, hay una explicación a la brecha entre lo que se esperaba y lo que se dio. “Cuando tenés tantos cambios, que fue lo que pasó desde diciembre hasta enero, suele pasar que las expectativas no ajustan tan rápido. El Indec lo ajusta inmediatamente”, explicó.

En su rol de economista más que de funcionario, Lavagna intentó poner en su justa dimensión la cifra oficial. “Hay que ser muy cauto con ese número. Es positivo si se lo compara con diciembre. Pero a la inflación hay que solucionarla estructuralmente, no con un dato más bajo”, opinó. «

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Negociando con firmeza

Negociando con firmeza

Por Carlos Heller
Diputado Nacional – FdT

16 de Febrero de 2020

Este miércoles, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentó en la Cámara de Diputados, en cumplimiento de lo establecido en el cronograma de negociación de la deuda bajo legislación extranjera.

Su paso por el recinto dejó varios aspectos por destacar.

Si algo quedó claro es que el gobierno tiene un programa económico. Desde lo conceptual, Guzmán sostuvo que no se aplicará la receta de la austeridad que pretenden los mercados, porque ello no genera confianza sino caída de la actividad económica y del uso de la capacidad instalada, más pobreza, desempleo e informalidad.

También habló de un “nunca más a los ciclos de sobreendeudamiento”, algo que debe ocupar un lugar central en la agenda, para que no se repitan prácticas como las del anterior gobierno, que no pasó las decisiones de deuda por el tamiz del Congreso de la Nación.

No caben dudas de que hay un plan cuando el ministro sostiene: “Si uno quisiera que la Argentina pague lo que corresponde en el 2020, 2021 y 2022, esto conllevaría un ajuste fiscal que destruiría del todo a la economía. Entonces, esto no sería consistente ni sostenible, y hay que definir qué es sostenible (…) El enfoque de nuestra propuesta no es que no sea ni amigable ni agresiva, sino de sostenibilidad, y esto tiene que quedar bien en claro”. Habló de la posibilidad de alcanzar el equilibrio fiscal recién en 2023.

Sin embargo, evitó dar proyecciones como las que se piden: “No lo esperen de nosotros”. Una declaración coherente con la decisión que se tomó en su momento de postergar el tratamiento del Presupuesto hasta tanto no se resuelva el tema de la deuda. “Lo expresé en el recinto: todos quisiéramos tener el programa y el Presupuesto detallados, pero yo les pregunto a los que piden eso, ¿qué valor ponemos en el casillero de los intereses de la deuda para los años 2020, 2021 y 2022? Y agregué que es de tal magnitud el problema que sin resolver previamente la cuestión de la sustentabilidad de la deuda todo lo demás es declarativo, pero muy difícil de llevar a la práctica”.

El ministro también comentó: “Hoy enfrentamos una situación en la cual era necesario darle un impulso a la demanda, pero teníamos que hacerlo con nuestros propios recursos. Ese es el fundamento de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. No es una ley de austeridad fiscal, porque la austeridad fiscal en las recesiones nunca funciona”.

Tampoco dejó de hablar de las definiciones estratégicas que corren en paralelo a la negociación de la deuda. Entre ellas, “apuntar hacia una estructura productiva distinta de la que hoy tiene la Argentina, una economía con un grado de diversificación diferente, que nos permita satisfacer las condiciones de la inclusión social”.

Son sólo algunos de los pasajes de lo que considero una intervención sumamente valiosa y que —sobre todo— lo que hace es marcar una dirección. Desde mi punto de vista, al pretender la oposición instalar que no hay programa queda en evidencia que el problema es que no están de acuerdo con los lineamientos que el gobierno maneja, que son coherentes con lo que los argentinos y las argentinas expresaron en las urnas. Que se ven incomodados ante frases como la de Guzmán: “No vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marque las pautas de la política macroeconómica”. Fue lo que pasó en la semana, cuando el gobierno decidió reperfilar, por falta de “cooperación por parte de un grupo de fondos extranjeros”, los vencimientos de capital del AF20, salvo para “personas humanas” con tenencias inferiores a un valor nominal de 20 mil dólares al 20 de diciembre de 2019, a quienes se les acaba de abonar la amortización y los intereses totales.

Esto no significa que las negociaciones sean sencillas, más bien lo contrario. Y en este proceso no debe llamar la atención el intento de desacreditar al gobierno que buscan los mercados. Sin ánimo de hacer historia contrafáctica, vale preguntar, ¿cuál habría sido el titular de los medios concentrados de haberse pagado el bono AF20 recurriendo a una fuerte emisión monetaria? Lo único que no habría sido puesto en dudas es hacer lo que pedían los principales acreedores: emitir otro bono similar atado al dólar a un plazo muy corto.

En cuanto al tratamiento mediático de la discusión por la violación del estatuto del FMI, es algo que en su momento comenté, allá por 2018. El argumento de la corresponsabilidad del FMI, de los acreedores y del pasado gobierno no está en discusión. Desde mi visión, las autoridades argentinas están tratando de generar un sendero sostenible para la deuda, que se pueda pagar con crecimiento de la actividad, y tratando de conseguir espacio para atender la emergencia social.

Precios e ingresos

Se conoció esta semana que la inflación de enero fue del 2,3%, por debajo del índice de diciembre pasado (3,7 por ciento).

Por lo pronto, es el valor más bajo desde julio de 2019 (2,2%). En aquel momento la menor inflación se explicaba por las medidas de “alivio” transitorias que Cambiemos implementó para llegar con chances a la contienda electoral.

En la actualidad la situación es distinta. Aunque es sólo el comienzo de un camino más largo que requiere de una estrategia coordinada e integral para desindexar la economía, comienzan a verse los efectos de las medidas del gobierno. De hecho, los rubros que explican la desaceleración son Salud, que cayó un 2%, a consecuencia del acuerdo con la industria farmacéutica para retrotraer los valores a diciembre —en ese mes la inflación del rubro fue de +5,6%–, y Transporte, cuya alza fue del 1,5%, mucho más baja que el 5% del mes previo, como consecuencia del congelamiento de los combustibles. 

Se está trabajando en la estructura de formación de precios, algo esencial para abordar la problemática de la inflación.

De hecho, los alimentos continuaron aumentando a buen ritmo en el mes de enero, aunque mucho tuvo que ver la caducidad de la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica decretada por Mauricio Macri en agosto, ya que dicha norma finalizaba el 31 de diciembre pasado. Es una muestra de todos los desafíos que hay por delante. No hay problema estructural que pueda ser resuelto de un día para el otro.

En este marco es importante no perder de vista otras medidas alentadoras, como la reciente baja de la tasa de las Leliq al 44%, que apunta, junto a medidas puntuales para las mipymes, a estimular el crédito y reactivar la economía.

Otra medida que mejorará el consumo es el aumento otorgado a los jubilados, que privilegia a quienes cobran la mínima. Se estableció un aumento fijo de $ 1500 junto con un incremento del 2,3% para el resto de las jubilaciones, que significa, para quienes cobran la mínima, un aumento del 13% (superior al 11,6% que hubiera correspondido con la cláusula de indexación). El aumento del 13% también alcanza a las asignaciones familiares y a la AUH.

Conjuntamente con esta medida, se estableció un vademécum de 170 medicamentos gratuitos para los afiliados del Pami, lo que redundará en un importante beneficio para los jubilados. Dijo el presidente Alberto Fernández: “Me cansé de leer que habíamos congelado las jubilaciones. Es evidente que no, les damos los medicamentos que no tenían y los recursos que no tuvieron”. También cumple con una promesa electoral, que es beneficiar a los de menores ingresos. Cabe recordar que la nueva fórmula de indexación, suspendida hasta junio de este año, será evaluada por una comisión que propondrá una nueva fórmula indexatoria al Poder Legislativo. «

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Lozano: “Puede haber una estrategia del gobierno para evitar que Vicentin caiga en manos extranjeras”

Lozano: “Puede haber una estrategia del gobierno para evitar que Vicentin caiga en manos extranjeras”

El director del Nación explicó la estrategia del gobierno frente a la deuda de la cerealera. No descartó reestructurar la empresa con capitales mixtos, pero sostuvo que el objetivo del banco es recuperar el dinero.
(Foto: PEDRO PEREZ)
Por Alvaro Arellano
El Ciudadano

17 de Febrero de 2020

El nuevo director del Banco Nación, Claudio Lozano, se refirió a la auditoría interna que permitirá conocer bajo qué condiciones la administración anterior de la entidad bancaria le concedió el préstamo de 18 mil millones de pesos a la empresa Vicentin. Por otra parte, adelantó la posibilidad de que la firma multinacional se conforme bajo la figura de capital mixto, donde el estado tenga una intervención financiera.

Lozano elaboró un documento sobre las irregularidades del préstamo, que derivó en la primera denuncia sobre la ex conducción de la entidad monetaria. En diálogo con El Ciudadano, reconoció que el Banco Nación rechazó dos propuestas por parte de la multinacional previas a la apertura del concurso preventivo.

Por otra parte consideró que “una de las amenazas” es que Vicentin termine en manos extranjeras, en alusión a la firma Glencore, socia y posible compradora de la agroexportadora. “Frente a eso puede haber una estrategia de parte del gobierno, intentando que Vicentin no caiga en manos extranjera“, manifestó el titular del Nación.

—¿Existe algún avance sobre la auditoría que se lleva adelante en el Banco Nación?

—En el marco del concurso en el que se encuentra la empresa vamos a tratar de arbitrar con todos los mecanismos que podamos. La auditoría es el mecanismo que utilizamos para analizar los procedimientos que se dieron en el interior del banco en relación al crédito y evaluar las responsabilidades. Esas acciones pueden implicar denuncias penales o hacer el descargo correspondiente en la oficina anticorrupción.

—¿Cómo procedió el nuevo directorio de la entidad bancaria una vez que tomó conocimiento del préstamo que le otorgó a Vicentin?

—La conducción actual del banco tomó determinaciones muy concretas. La primera fue producir un informe que demuestra taxativamente que Vicentin no tuvo una evolución económica que pueda justificar el default que ha planteado a sus deudores, es una empresa con una expansión monumental durante los últimos años, pasó a ser líder en la exportación de harina de soja y en aceite, ha tenido balances positivos todos los años. No hay ningún elemento que justifique lo que pasó.

—¿Estuvo la posibilidad de que el Banco Nación envíe un veedor a la empresa?

—La discusión de un veedor es una discusión que se dio en el marco de algunas propuestas que acercó Vicentin y que no satisfacía los intereses del banco. En esas conversaciones se evaluó la posibilidad de tener un veedor en la empresa, pero fue una discusión previa al concurso preventivo de crisis, en el momento que aparece esa figura, el que está en condiciones de poner el veedor es el juez que está a cargo.

—¿Qué propuso la empresa al banco en las reuniones previas a abrir el concurso preventivo de crisis?

—A fines de enero, la empresa hizo una propuesta de pago a 10 y a 14 años con tasas de interés que no eran las que satisfacían al banco. Luego de rechazar la propuesta se le pidió que haga una mejor, que incluya acortar los plazos, una mejora en las tasas de interés y una mejora en las garantías. Después del segundo rechazo que hicimos, aparecieron los embargos y presentaciones judiciales. Ahora estamos unificando criterios con otros bancos públicos que están como acreedores. Son el Banco Nación, el Banco Provincia, el Banco Ciudad y el Banco Bice. Estamos planteando una estrategia en común.

—¿Puede significar un cambio sustancial para la economía local que la firma pase a manos de una empresa extranjera?

—La discusión sobre qué hacer con la empresa es una discusión general que involucra a otras áreas del gobierno nacional. Hay que tener en cuenta que por un lado Vicentin es un productor de alimentos importante, en un país donde el tema alimentos es un gran problema y además es una exportadora importante donde las divisas son un dilema. Por lo tanto ocupa un lugar estratégico. Una de las amenazas en esta situación es que Vicentin termine con que parte de su capital accionario puedan quedar en manos extranjeras, con lo cual se terminaría extranjerizando el sector alimenticio, de comercio exterior, y frente a eso puede haber una estrategia de parte del gobierno, intentando que Vicentin no caiga en manos extranjeras.

—Entre esas estrategias, ¿se baraja la posibilidad de que pase a conformarse como una empresa de capital mixto?

—Ahí aparecen varias alternativas. Aparecen posibles acuerdos con Vicentin para que modifique su comportamiento y siga funcionando de otra manera, puede haber discusiones sobre la forma de organización de la propiedad de carácter mixto que involucre al Estado y a los productores, las posibilidades pueden ser varias, pero como banco la discusión es recuperar el dinero.

—¿Puede condicionar al procedimiento del Banco Nación el hecho de que hay miles de puestos laborales en riesgo y una lista de acreedores detrás?

—El Banco Nación es el principal acreedor local de Vicentin, por lo tanto los que estamos preocupados por cobrar también somos nosotros. Son recursos que tendrían que estar para la capacidad prestable del banco, para otras cosas mucho más interesantes que lo que terminó haciendo esta empresa. Vicentin dejó de cumplir con el banco a partir del 8 de agosto, en simultáneo con las Paso. Después, el 5 de diciembre, cinco días antes de que asumiera el nuevo gobierno, directamente defaultea con todos sus acreedores. Nosotros ingresamos al banco el 10 de diciembre, por lo tanto lo hicimos con la situación de default planteada.

—¿Quién fue el responsable de las irregularidades cometidas por parte de la entidad bancaria?

—Con la auditoría vamos a tener todos los elementos que permitan establecer responsabilidades tanto a nivel del directorio como a nivel de la línea de conducción del banco. Hubo una irregularidad manifiesta en el interior del banco que fue haber permitido que la empresa llevara adelante un proceso de endeudamiento que superó el 15% del patrimonio neto del banco. Eso violó las reglas existentes hacia las grandes empresas. No solo violó la normativa interna del propio Banco Nación sino también del Banco Central. El directorio anterior mantuvo a la empresa como si fuera un deudor normal, con calificación 1, cuando había atrasos en los pagos y se trataba de un crédito que generaba una situación de difícil recupero. La otra cuestión fue bajarle la calificación a la empresa, llevarla a nivel 4.

Nota publicada en El Ciudadano & la región

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Alberto Fernández también presiona al Fondo para que haga una quita de deuda

Alberto Fernández también presiona al Fondo para que haga una quita de deuda

Cruzó a la titular de la entidad, que dijo que el estatuto se lo impide, y respaldó el reclamo de Cristina. “Si fueron capaces de financiar la fuga de divisas, podrían tener en cuenta este pedido”, dijo el presidente.

Por Marcelo Colombres
@econocolombres

17 de Febrero de 2020

El presidente Alberto Fernández se sumó al pedido para que el Fondo Monetario Internacional realice una quita al capital que adeuda Argentina. Lo hizo en contestación a las declaraciones de la titular de la entidad, Kristalina Georgieva, y en respaldo a los reclamos de la vicepresidenta Cristina Fernández.

“Creo que el Fondo ha faltado a las obligaciones que fijaba su estatuto cuando estaba prestando dinero de manera compulsiva a un país que no podía devolver ese crédito de ningún modo. Todos sabían que lo hacía para financiar la fuga de divisas y tratar de contener un valor del dólar incontrolable. Si fueron capaces de eso, podrían reflexionar y tener en cuenta este otro”, opinó Fernández en una entrevista concedida al programa Secreto de Sumario, por Radio 10.

El mandatario respaldó de esa manera lo que había dicho Cristina hace unos días en su visita a Cuba. “Ahora dicen que el estatuto del Fondo prohíbe hacer quitas (de capital), pero también prohíbe que den préstamos para fugar dinero. El deudor va a respetar las normas si el acreedor también las respeta. Por lo menos, debería establecer una quita sustancial porque se hizo un préstamo por afuera de la historia del FMI, comprometiendo el 60% de su capacidad prestable del FMI y violando las obligaciones del estatuto”, había dicho la ex presidenta.

“Lo que dice Cristina es un análisis racional absolutamente válido. Cuando yo era candidato y recibí al FMI, emití un comunicado diciendo cómo habían faltado a sus obligaciones financiando la fuga de divisas, algo que está prohibido por su estatuto. Después están las normas del Fondo, sus intereses y eso ya me excede”, dijo Fernández.

El reclamo se basa en que la mayoría de los U$S 44 mil millones que el organismo le prestó al gobierno de Mauricio Macri entre junio de 2018 y agosto de 2019 salieron del sistema financiero. De hecho, el Banco Central cuenta ahora con menos reservas internacionales de las que tenía antes de que llegara la ayuda financiera, sin que la deuda se haya reducido de manera significativa. Pese a lo que dispone el artículo VI de su convenio constitutivo, el organismo omitió las denuncias y siguió girando dinero que engrosó la deuda pública.

Claro que el rechazo del Fondo a una quita es inflexible. Georgieva lo repitió este domingo en una entrevista difundida por la cadena Bloomberg. “Entendemos la necesidad de analizar cuidadosamente la carga de la deuda. Es el trabajo del gobierno, no del FMI. Nuestra formulación legal es tal que no podemos tomar medidas que puedan ser posibles para otros sin esta gran responsabilidad global”, señaló.

Lo curioso es que, de acuerdo a los rumores, la entidad aceptó que una propuesta similar sea formulada a los bonistas privados. Se estima que el gobierno propondrá una reducción de entre 15% y 20% en el capital a los acreedores, aunque difícilmente estos accedan en el marco de una relación que quedó dañada luego de que Economía postergara de manera unilateral hasta septiembre una obligación por $ 95 mil millones que vencía la semana pasada. Con relación al Fondo, se dice que la negociación que encabeza el ministro Martín Guzmán está enfocada en lograr una postergación de los pagos por tres o cuatro años.

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El programa Precios Cuidados llegó a los comercios mayoristas

El programa Precios Cuidados llegó a los comercios mayoristas

El gobierno negoció con la cámara sectorial una lista de 59 productos con un descuento promedio del 9%. Era una demanda de los comercios de proximidad, como almacenes y chinos. Kulfas aseguró que la tendencia inflacionaria siguió a la baja en lo que va de febrero. 

(Foto: TELAM)

17 de Febrero de 2020

El gobierno confirmó la extensión del programa Precios Cuidados a los mayoristas y distribuidores por medio de una lista de 59 productos con un descuento promedio del 9% respecto a los vigentes actualmente en ese segmento del comercio. El acuerdo se firmó con la cámara empresaria sectorial CADAM.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró en conferencia de prensa que el objetivo es que los pequeños comercios como los almacenes dispongan de una serie de productos de consumo  masivo a los mismos precios de los que disponen las grandes cadenas de supermercados.

Para eso, destacó que la lista de Precios Cuidados mayorista estará disponible en 200 sucursales alrededor del país. El acuerdo incluye primeras y segundas marcas de artículos alimenticios y de limpieza y tocador, señaló Kulfas.

“Es una cuerdo sumamente favorable que permite continuar con esta política de precios más accesibles y de referencia para todo el sistema”, señaló Kulfas. El acuerdo es anual con revisiones trimestrales, agregó el funcionario.

El objetivo, destacó, es “morigerar las dispersiones que existen por el proceso de alta inflación de 2019 y contribuir a la estrategia general antiinflacionaria que implementa el gobierno con eje en el Acuerdo Económico y Social”.  

El titular de Desarrollo Productivo evaluó que la inflación del 2,3% de enero es resultado de esa política y auguró que el acuerdo mayorista sea un aporte en el mismo sentido.

El referente de los almacenes bonaerenses, Fernando Savore, reconoció la expectativa del sector con el anuncio oficial si bien señaló que su sector no fue convocado al anuncio.

Los autoservicios chinos son el otro importante sector del segmento de proximidad que pidió expresamente precios mayoristas competitivos para sumarse a Precios Cuidados.

La secretaria de Comercio Interior Paula Español precisó que el acuerdo cubre el 90% de los mayoristas, un factor que asoció a su alcance territorial. Españo afirmó que la administración negoció con “33 supermercados medianos y pequeños que suman casi 370 bocas de expendio que tiene representatividad en todo el país” y que podrán acceder al beneficio que se anunció esta tarde.

“La importancia de este anuncio de 59 productos para mayoristas y proveedores es que va a permitir a los comercios de proximidad que no tienen contacto con los proveedores tener un precio de estos productos que después llevados a sus góndolas de estos comercios sean los mismos precios que tienen las grandes cadenas”, declaró en la conferencia de prensa.

Precios de alimentos

Kulfas atribuyó los aumentos de los alimentos a la inercia de la inflación de 2019 y al traslado de la devaluación a precios. También señaló la incidencia del agregado del IVA por parte de algunas empresas a una serie de productos que gozaban de una rebaja.

No obstante aseguró que el gobierno tiene datos que hacen prever que existe una posible desaceleración. “En febrero la tendencia (que

No obstante aseguró que el gobierno tiene datos que hacen prever que existe una posible desaceleración. “En febrero la tendencia (que

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La mitad de los trabajadores porteños gana menos de $ 27 mil

La mitad de los trabajadores porteños gana menos de $ 27 mil

El dato se desprende del informe Análisis de ingresos por fuente, correspondiente al tercer trimestre del año pasado, de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

(Foto: Archivo TA)
Por Jonathan Raed
@JRaed

18 de Febrero de 2020

“La mitad de la población ocupada tiene un ingreso en su ocupación principal de $ 27.000 o menos”, asegura el apartado Ingresos laborales, del informe Análisis de ingresos por fuente, de las estadísticas oficiales porteñas. Además, apenas el 15% tiene más de una ocupación.

Al mismo tiempo, el documento sostiene que “la mayor parte de los ingresos laborales se origina en la ocupación principal (93,2%), por lo que solo el 6,8% corresponde a otras ocupaciones, actuales o anteriores”. Así las cosas, el total de ingresos individuales asciende a $ 28.969.

Las ramas de servicios concentran el 74,7% de la población ocupada, con un ingreso promedio de $ 36.692 (sin el valor extremo del trimestre). Este ingreso se coloca por encima de Comercio ($ 28.725 / 11,7% de los ocupados) y de Industria y Construcción ($ 35.304 / 12,2% de los ocupados).

Brecha salarial

El informe también sostiene que los asalariados “varones tienen un ingreso en su ocupación principal de $ 39.455 y la mitad de ellos gana hasta $30.000 al mes”. Por su parte, “las asalariadas mujeres tienen un ingreso por trabajo que en promedio es de $ 29.364 y la mitad de ellas recibe $25.000 o menos”.

Además, los varones trabajan en promedio 40 horas semanales, mientras que las mujeres ocupan 30 horas semanales.

Finalmente, en el último año, el ingreso de la población asalariada creció un 42%, con grandes diferencias entre varones (49,5%) y mujeres (33,0%).

Abuelos solitarios

Los hogares que perciben solamente ingresos no laborales significan el 21,1% del total; es decir, 1 de cada 5. De esos hogares, el 65% solamente perciben jubilaciones y/o pensiones. A partir de estos datos se puede inferir que más del 10% de los hogares está compuesto por abuelos que solo tienen su jubilación o pensión para vivir.

“El ingreso no laboral promedia los $21.064 y representa el 78,7% de los ingresos individuales de sus perceptores (865.500 individuos)”, afirma el informe. En el último año, tuvo una suba (45,3%) que estuvo cercana a la de los ingresos laborales, pero por debajo de los precios (51,8%).

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Roces entre los gremios docentes por la dilación en la paritaria nacional

Roces entre los gremios docentes por la dilación en la paritaria nacional

Mientras Hugo Yasky respaldó la posición del gobierno contra las cláusulas gatillo, las entidades de base enroladas en la CGT responsabilizaron al gobierno ante la posibilidad de que no comiencen las clases en las provincias.

18 de Febrero de 2020

Los sindicatos docentes enrolados en la CGT emitieron un comunicado conjunto en el que solicitaron la urgente convocatoria a la paritaria nacional docente que se encuentra en un cuarto intermedio luego de la primera reunión desarrollada en la última semana del mes de enero.

Se trata de AMET, CEA y UDA que se lamentaron porque la ausencia de una nueva convocatoria “dilata las negociaciones provinciales llevándolas al límite del inicio de clases”. Los dirigentes expresaron su malestar con el ministro de Educación Nicolás Trotta: “no entendemos la demora en la convocatoria”, señalaron. Por ese motivo adelantaron que “no somos responsables si la mentada dilación afecta las negociaciones jurisdiccionales y el normal inicio de clases”.

Las declaraciones de los sindicatos de base docentes que revistan en la CGT contrasta con la actitud del principal gremio docente nacional, CTERA, liderado por Sonia Alesso y que se encuentra enrolado en la CTA liderada por el también docente Hugo Yasky. La entidad, si bien manifestó la necesidad de dar continuidad al proceso de discusión paritaria en ningún momento siquiera sugirió la posibilidad de que se produzca un no inicio de clases.

El propio Yasky, además, coincidió con la orientación del gobierno cuando dijo que “las cláusulas gatillo son un mecanismo claramente indexatorio que genera inflación”.

Por su parte, el ministro Nicolás Trotta, en declaraciones en Crónica HD, adelantó que la reunión se podría realizar este jueves y que las negociaciones están “bien encaminadas” a partir de que “todos somos conscientes de realizar el mayor esfuerzo”.

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