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Semana clave para la reestructuración de la deuda con los bonistas privados

Semana clave para la reestructuración de la deuda con los bonistas privados

Representantes de los fondos acreedores vendrían a reunirse con el ministro Guzmán. Ya contrataron estudios jurídicos en previsión de eventuales conflictos legales.
Por Marcelo Colombres
@econocolombres

1 de Marzo de 2020

Después de haber encarrilado la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno encarará esta semana otra que aparece aun más ríspida. En este caso será con varios fondos de inversión que constituyen el núcleo de los bonistas acreedores por la gran cantidad de títulos de deuda argentina que poseen.

Aunque no hay información oficial, se sabe que una delegación integrada por representantes de varios de esos fondos vendrá a Buenos Aires en la semana que se inicia y se reunirá con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Entre los asistentes se menciona a miembros de grupos como Black Rock, Fidelity, Templeton y Pimco, entre otros.

La dinámica de endeudamiento durante la era macrista permitió a esos fondos adquirir gran poder como grupos de presión. Es que muchas emisiones de títulos encubrían en realidad un préstamo directo, porque los montos, plazos y tasas de interés eran negociados directamente con ellos. Eso les otorgó un rol clave a la hora de redefinir las condiciones.

Algunas consecuencias de ese esquema se advirtieron en las últimas semanas. Fue Fidelity Investments el que hizo fracasar la intentona de Axel Kicillof por retrasar el pago de un tramo del bono BP21 de la provincia de Buenos Aires. El rechazo de Fidelity, tenedor del 16% de los papeles, más algunos inversores pequeños, provocó el naufragio de la idea. Algo similar le pasó a Economía con el bono AF20, del que Templeton tenía el 24% de la emisión. Ante la imposibilidad de refinanciarlo, el gobierno nacional tomó una decisión drástica: pateó el pago de los $ 95 mil millones y de sus intereses hasta septiembre.

La hora de los abogados

Los acreedores saben que les ofrecerán una reducción en el capital a devolver y un período de gracia de tres años sin abonar intereses. Para ello, Guzmán cuenta con el aval del FMI, que declaró la deuda argentina “no sostenible” y sugirió que los bonistas realicen una “contribución apreciable” para su reestructuración. Lo que no saben, todavía, es el número que les propondrán.

Como los títulos cotizan en torno al 45% de su paridad, cualquier quita inferior al 50% suena a negocio. Pero esa cuenta no incluye la interrupción en el flujo de intereses a cobrar. Además, algunos de los acreedores compraron los títulos a la par, en el momento de su emisión, y ya perdieron mucho dinero. El diario Financial Times reveló que la debacle bursátil de agosto último, tras la derrota de Mauricio Macri en las PASO, le costó a Templeton unos U$S 1800 millones.

Por las dudas, los fondos ya buscaron asesoramiento legal. Dennis Hranitzky, exabogado del fondo NML-Elliot (que en su momento litigó contra Argentina por los papeles defaulteados en 2001), admitió ante la agencia Bloomberg que está nucleando bonistas bajo el paraguas del estudio californiano Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

Un caso paradigmático es el del exfuncionario macrista Eugenio Bruno, quien desde la Secretaría de Finanzas negoció el canje de los títulos caídos en default en 2016. De regreso al sector privado, Bruno trabaja en el estudio porteño Nicholson y Cano, contratado por el banco suizo UBS para representar a sus clientes en la renegociación.

Ida y vuelta

Como en una copa de fútbol, Guzmán recibirá ahora a quienes visitó hace pocos días. El martes, el ministro se reunió en Nueva York con inversionistas y hombres de negocios, aunque los detalles de la discusión y la identidad de los asistentes se mantuvieron en estricta reserva.

Del mismo modo, mañana volverían Julie Kozack y Luis Cubeddu, los funcionarios del FMI que se vieron con Guzmán hace dos semanas en Buenos Aires y el lunes pasado en Washington. Su misión es preparar el terreno para que el Fondo también otorgue una prórroga en los U$S 44 mil millones a cobrar. Tienen el visto bueno de su jefa, Kristalina Georgieva: presionada por los errores del organismo al juzgar el caso argentino y por el respaldo de Donald Trump y varios líderes europeos al nuevo gobierno, la directora gerente se hizo a la idea de que la devolución de ese monto tardará tres años más de lo previsto en el cronograma original. «

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El lockout de las patronales rurales divide a la Federación Agraria | Algunas filiales no adhieren a la medida y cuestionan a la conducción



Si faltaba una prueba sobre el carácter político del lockout agrario, la aportó el titular de la Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni: admitió que el Gobierno “aceptó” los reclamos del sector pero dijo que su entidad se sumó al paro para “acompañar” el reclamo de otros miembros de la Mesa de Enlace. Las contradicciones estallaron en el interior de la FAA, algunas de cuyas filiales no adhirieron al paro. “Este es el fin de la presidencia de Achetoni”, sentenciaron.

Uno de los reclamos de la FAA fue la segmentación de las retenciones en favor de los pequeños productores. “El Gobierno la aceptó, pero acompañamos la medida de fuerza porque a muchos no les alcanza”, dijo Achetoni para justificar la adhesión de esa federación. Es más, el dirigente desparramó elogios hacia el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

“Lo valoro y rescato su hombría de bien”, y por eso “seguimos en diálogo permanente” con él. Pero “lo que pasa es que todo fue precipitado”, dijo e intentó justificar su participación en la medida de fuerza  haciendo referencia a una supuesta “incertidumbre en nuestras bases de cómo se va a aplicar la segmentación”.

Así y todo no pudo explicar por qué eligió el lockout en vez de despejar ese tipo de dudas a través del “diálogo permanente” que dijo tener con el ministro. Luego remató: “Vamos a seguir negociando y, aún así tengamos acercamientos (con el Gobierno), vamos a acompañar la medida de fuerza” de las demás entidades.

El lockout fue impulsado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y luego fue acompañado por el resto de las entidades de la Mesa de Enlace. La FAA apoyó “luego de un día intenso y de altos debates” en las bases, puntualizó Achetoni.

En esos debates hubo dirigentes que, debido a las contradicciones de la decisión, optaron por no adherir al reclamo fogoneado por lo las entidades que representan a los mega productores. Uno de ellos fue Sebastián Campo, presidente de la FAA de Pergamino, quien calificó a la protesta de “paro dominguero” al que “no le encontramos explicación”.

La segmentación que el Gobierno aceptó “es un reclamo histórico de la Federación Agraria –sostuvo el referente-. ¿Es suficiente? No. Hay que mejorarlo. Pero claramente marca un camino y un reconocimiento” a los reclamos del sector.

“La segmentación ha sido un gran avance. El campo no es todo lo mismo. Para los pequeños productores las medidas del Gobierno son favorables ya que recibirán una compensación”, destacó.

Frente a este escenario, al lockout “no le encontramos explicación”. Además, explicó que el motivo por el cual los pequeños productores pararon es porque en estos meses “no tiene más nada para vender” hasta los próximos meses, cuando llega la cosecha.

En el mismo sentido se manifestó Nélida Sereno, de la FAA de Tandil, que tampoco adhirió a la medida de fuerza. “Es una lástima lo que ha sucedido”, expresó y aseguró que la medida “se tomó la decisión sin consultar a las bases”.

“Es un paro que va atrás de CRA y CRA no nos representa”, subrayó y cuestionó duramente al presidente de la entidad, Carlos Achetoni, por “no haber convocado” al Consejo Directivo Central de la entidad para decidir la adhesión o no.

Según dijo, la misma postura la tienen los dirigentes de las localidades de Junín, Salto y 25 de Mayo, entre algunos. “Esto es el fin de la presidencia de Achetoni” porque “no está entendiendo” a sus representados.

La segmentación decidida por el gobierno de Alberto Fernández “ayuda a 42.400 productores, el 74 por ciento de todo el país. ¿O sea que nosotros vamos a ir defender a 14.800 que son el 33 por ciento?”, se preguntó.

“Los productores grandes tienen otras espaldas, son otros los márgenes que manejan. Nosotros no los vamos a defender. Esos productores no están sufriendo”, dijo y sentenció que el lockout “es una medida política” detrás de la cual hay varios “dirigentes del PRO”.

Hasta el propio ex presidente de la FAA Eduardo Buzzi cuestionó la decisión de Achetoni. “Me cuesta entender qué carajo está haciendo la Federación Agraria en este paro”, expresó y reconoció que “muchos dirigentes” están “sorprendidos y desconcertados” por la medida.



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Para ser más equitativos

Para ser más equitativos

Por Carlos Heller
Diputado Nacional FdT

1 de Marzo de 2020

El pasado jueves, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que reduce los privilegios en las jubilaciones de jueces y funcionarios del servicio exterior. En el inicio de la sesión, la oposición se retiró del recinto aduciendo una irregularidad en la composición del quórum obtenido por el oficialismo y otros bloques. La razón fue la presencia del diputado Daniel Scioli.

Ante tal situación Mario Negri, jefe del interbloque Juntos por el Cambio, sostuvo: “nos vamos a retirar del Congreso y a judicializar esta situación”. Es así que el interbloque decide recurrir a la justicia para que trate, precisamente, sobre un proyecto que afecta el cálculo de los haberes previsionales de los jueces que aún no cumplen con los requisitos para jubilarse (aunque se mantiene el 82% móvil), y aumenta en siete puntos porcentuales sus aportes a la seguridad social. Llamativo.

Lo lógico hubiera sido continuar la discusión con sus pares en el recinto, respetando la esencia republicana. Pero los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio fueron a hablar con los medios.

La crítica de Juntos por el Cambio se basó en que el pliego de designación de Scioli como embajador ya fue aprobado por el Senado y, por lo tanto, habría perdido su condición de diputado. Esta postura indica un desconocimiento (o una omisión deliberada) de lo dispuesto por la Constitución Nacional.

Por un lado, si bien varios medios hablan de Scioli como “designado embajador en Brasil”, esto no ha sucedido. El Senado aprobó en general su acuerdo para que el Poder Ejecutivo nombre a Scioli como embajador extraordinario y plenipotenciario, sin especificar destino, tal como lo hizo con once pliegos más.

Sólo el Poder Ejecutivo (art. 99, inciso 7 de la C. N.) puede designarlo, y esto aún no ocurrió. No hay publicación alguna en el Boletín Oficial sobre esta cuestión. Repito: el Senado no designa embajadores, sólo da su acuerdo.

Por ello Scioli aún no es embajador y continúa siendo diputado. Pero, además, tampoco presentó su renuncia a la diputación, la cual debe ser aprobada, para que sea efectiva, por la Cámara de Diputados (artículos 64 y 66). Ninguna de estas situaciones se produjo. Por lo tanto, no cabe duda alguna: Scioli fue, al momento de sentarse en la banca, un diputado como el resto, y por lo tanto el quórum tiene total legalidad, aunque los legisladores de Juntos por el Cambio intenten judicializarlo. Todo un show mediático.

Respecto a esta actitud de la oposición y sus infundadas denuncias sobre que el gobierno intenta “el vaciamiento de la justicia”, cabe rescatar las palabras del presidente Alberto Fernández: “Los que colonizaron la justicia fueron ellos, yo ni siquiera estoy buscando que alguno de los jueces que pusieron ellos tenga que jubilarse”. Fernández también les pidió que “sean dignos”, y que “sigan trabajando” con la convicción de que “tienen que hacer un aporte distinto a la Argentina”.

La aprobación en Diputados del proyecto de Ley de Régimen Jubilatorio para Magistrados y funcionarios del Poder Judicial, Ministerio Público de la Nación y funcionarios del Servicio Exterior de la Nación constituye un importante avance en la búsqueda de un equilibrio necesario en el Sistema Previsional. Un sistema que viene siendo deficitario, situación que se agravó significativamente en los últimos cuatro años.

Esta caída de los ingresos del Sistema no fue eventual, sino provocada por las políticas aplicadas desde diciembre de 2015. Estas generaron una pérdida de más de 230 mil puestos de trabajo en el sector formal, con caída del salario real, a lo que hay que adicionar una baja en las alícuotas de las contribuciones y la creación de un Mínimo No Imponible para su recaudación, tal cual se detalló en la exposición en la Cámara del titular de la Anses, Alejandro Vanoli.

Lo más preocupante es que los jubilados que perciben el haber mínimo perdieron en los últimos dos años un 20% de su poder de compra, según datos de la Anses.

Además, esta iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo para ser tratada en el Congreso de la Nación no puede dejar de contextualizarse en el marco de la Ley de Emergencia Social y Reactivación Productiva aprobada en el mes de diciembre pasado.

Las premisas que enmarcan el proyecto de Ley se basan en dos ejes fundamentales, a mi entender. Uno de ellos son los déficits que generan los regímenes en cuestión y que necesariamente tienen que cubrirse con los recursos generales que se destinan tanto al total del régimen jubilatorio, como a otras pensiones y asignaciones no contributivas.

En el caso del régimen del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación, en 2019 ha habido ingresos por $ 8.873 millones y erogaciones por $ 18.787 millones (es decir, algo más del doble de egresos que de ingresos), generando un déficit en el año de cerca de $ 10 mil millones. Similar es la situación con el régimen del Servicio Exterior, en este caso con un saldo negativo en 2019 de $ 1.265 millones. Consecuentemente, el déficit per cápita mensual del régimen judicial es de $ 102 mil, mientras que para el Servicio Exterior es de 181 mil pesos.

El otro eje del proyecto, a su vez relacionado con el anterior, es la necesidad de buscar reglas de aportación y de determinación de los haberes previsionales que guarden una más estrecha relación con el esfuerzo contributivo realizado. Sin afectar, no obstante, la razonable proporcionalidad con la remuneración percibida en el periodo de actividad.

Estas premisas se encuentran englobadas en la reflexión del ministro Claudio Moroni en el tratamiento en comisiones: analizar “¿Cuánta desigualdad a favor de los jueces es necesaria para que cumplan correctamente con su trabajo?”. No quiero que se malentienda esta cita: es claro que no se pretende que un juez de la Nación o un embajador cobren la mínima, pero tampoco una jubilación muy alejada de su esfuerzo contributivo. Y por ello la reflexión de Moroni es relevante. Para buscar ese equilibrio necesario, y para achicar e incluso evitar el déficit que en la actualidad generan estos esquemas jubilatorios especiales.

En cuanto a los montos de los haberes en particular, la dispersión en los mismos, según el régimen al cual pertenezca el beneficiario, es muy amplia. Mientras que un beneficio del Régimen General es de $ 20.575 en promedio, un beneficio del Poder Judicial de la Nación asciende también en promedio a $ 293.107 mensuales, uno del Poder Judicial de las provincias transferidas a $ 198.504 y un haber medio del Servicio Exterior de la Nación a $ 353.954 mensuales.

Queda claro que estos sistemas especiales, tal cual están ahora, tienen redistribuciones que podrían tildarse de regresivas, pues, como se demostró, erosionan las bases de la solidaridad social, en especial cuando solventan sus déficit económicos con fondos comunes de los sistemas generales.

Considero que esta modificación de los regímenes previsionales especiales constituye un paso más en la mejora de los sistemas jubilatorios, y la premura en su tratamiento deriva de las urgencias que exhibe nuestro país, en especial por la situación social. Un paso más en la dirección de atender y mejorar los ingresos, especialmente de los sectores más desprotegidos. Hacia allí han ido la mayoría de las medidas tomadas a partir del 10 de diciembre pasado por la nueva gestión de gobierno encabezada por Alberto Fernández. «

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Devolución del IVA a jubilados | Se firmó el convenio en el Centro de Jubilados Tita en San Telmo

Autoridades del Gobierno firmaron convenio en el Centro de Jubilados Tita en San Telmo el convenio para la devolución del IVA a jubilados y pensionados. El reintegro empieza en este mes de marzo y tiene un tope de $700 mensuales.

El convenio en el centro de jubilados ubicado en la calle Perú 1261 de la Ciudad de Buenos Aires fue firmado con referentes de federaciones y centros de Jubilados. En representación del Gobierno lo rubricaron la directora Ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich; el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli; y la directora de la AFIP, Mercedes Marco del Pont.

El reintegro del IVA tendrá impacto en todos los adultos mayores que se encuentran en el régimen previsional y significará un aumento indirecto que alcanzará 7,1 millones de personas. Este monto se traduce 4,5% de aumento para una jubilación mínima.

La devolución de hasta $700 al mes también abarca a los beneficiarios de la AUH, los cuales verán aumentado su ingreso real en un 22,5%. El sábado pasado, la AFIP introdujo modificaciones a la resolución 4676, que reglamenta el Régimen de Reintegro a Sectores Vulnerados, que rige desde el primero de marzo.

En el acto de firma del convenio también estuvieron presentes el secretario general del PJ Comuna 1, Víctor Cantero, y el presidente de la Federación de Centros de Jubilados “Fuerza y Voluntad Transformadora”, Alberto “Coco” Meneses, junto con numerosas organizaciones de adultos mayores.

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Andrés Repar: “Con el valor correcto, el Estado se ahorraría USD 1200 millones en gas”

Andrés Repar: “Con el valor correcto, el Estado se ahorraría USD 1200 millones en gas”

El especialista elogia la pesificación de la electricidad y pone la lupa sobre los costos de la producción de energía. “Avanzar en la pesificación del gas será un desafío de este gobierno”, advierte.
(Foto: Diego Martínez)
Por Jonathan Raed
@JRaed

1 de Marzo de 2020

Andrés Repar es vicepresidente del Instituto de Energía Scalabrini Ortíz (IESO) y fue también vicepresidente del Enargas. Desde el IESO, ha sido muy crítico de la política tarifaria de Mauricio Macri y Juan José Aranguren. “Solamente benefició a las distribuidoras y a las productoras”, dispara y asegura que con un precio razonable para la producción de gas, “el Estado se ahorraría 1200 millones de dólares”.

Para Repar, la pesificación de los costos de la producción de energía eléctrica -recientemente oficializada por el poder ejecutivo en la Resolución 31/2020- podría y debería también hacerse efectiva en la producción de gas. “Avanzar en la pesificación del gas será un desafío de este gobierno”.

-¿Cómo ve el camino que empieza a tomar el nuevo gobierno?

-Estamos en presencia de retornar a un sistema más razonable. El gobierno de Alberto Fernández sacó la resolución que vuelve a pesificar la electricidad. Seguramente, es la primera de varias que cumplirán con la promesa electoral de pesificar las tarifas.

-¿Puede explicar ese recorrido iniciado?

-En principio, usaron un valor de dólar a $60 para la pesificación. El valor monómico (generación de energía) estaba alrededor de 70,75 dólares por megavatio/hora en todo el país. Ahora, con estos valores estará en el orden de los 60 dólares MW/h. Sigue siendo alto porque en Estados Unidos y Europa está en el orden de los USD 35 y 45, pero aun así le permite ahorrar al Estado unos USD 300 millones.

-¿Cómo ve la nueva fórmula de ajuste?

-A partir de abril, el ajuste ya no será por los movimientos del dólar, sino por las cifras oficiales de Inflación de Precios Minoristas (IPC) y de Precios Mayoristas (IPIM) del Indec. Está bien que se equilibren las posibilidades de pago con las necesidades de la producción.

-¿Cuál sería el siguiente paso?

-El precio del gas sigue dolarizado. Una segunda resolución deberá determinar cómo se reestructura la pesificación en el precio del gas. Es algo por lo cual hemos peleado mucho desde el IESO. Es la manera de empezar a acomodar los precios. Pero no será tan sencillo con los productores de gas porque están muy acostumbrados a manejarse en dólares.

-¿Cómo podría hacerse esto último?

-Hoy, el valor de la producción del gas está en USD 6,50 por millón de BTU. USD 2,50 por MBTU es un precio más que razonable. Son los precios que se manejan en el exterior. Más aún si se tiene en cuenta que por el tema del coronavirus los precios internacionales de crudo y de gas están en niveles muy bajos. Se debe pensar también que hoy Vaca Muerta está en condiciones de abastecer las necesidades locales; es decir, no estamos en una situación de ser rehenes de algunas compañías.

-¿Cómo se determina la estructura de costos de las productoras?

-El gobierno de Macri y Aranguren aceptó lo que dicen las empresas a libro cerrado. Tiene que haber un ente federal de hidrocarburos que analice los costos y controle la estructura de producción. Según nuestros estudios, el costo de la generación ronda USD 1 por MBTU. Por tanto, USD 2,50 por MBTU para la venta es un número más que razonable que da retornos entre el 50 y el 60 por ciento. Esto te lo reconocen en el sector privado.

-¿Si se baja el precio a USD 2,50, cuánto se ahorraría el Estado?

-Unos USD 1200 millones. El consumidor, en su conjunto, un poco más incluso. Hoy, los usuarios pagamos USD 3 por MBTU, después del congelamiento. Antes, pagábamos USD4,40. Y el Estado está pagando USD3,50. Si se impone una transformación en ese sentido, sería un gran avance porque tendríamos energía barata y sustentable para el desarrollo.

-Se rumorea que el acuerdo con el FMI incluye un nuevo ajuste tarifario…

-El ajuste lo determinará la nueva fórmula de 60% IPC y 40% IPIM, en electricidad. Habrá que esperar para ver cómo se resuelve el tema del gas. Recordemos que la generación eléctrica está también atada al valor de producción de gas (es el principal insumo).

-¿Hay un defasaje también en la generación de energía eléctrica?

-Sí, pero menor. En electricidad, hay dos curvas. Una es el precio estacional, que lo pagamos nosotros y está en el orden de los 2 mil pesos por MW/h. La otra es el precio monómico, que está en $ 3 mil por MW/h. La diferencia entre un precio y el otro la paga el Estado. ¿Por qué es tan alto el precio monómico? Argentina tiene un pico de consumo, que llega a 26 mil megavatios. Además, tiene que tener instalado un 20% más de resguardo, por lo cual debería tener instalados unos 31 mil megavatios. Sin embargo, hay instalados 39 mil megavatios. Para sostener eso, el Estado financia una maquinaria que además de obsoleta es muy cara. Eso se podría eliminar y significaría un gran ahorro.

-¿Se han realizado las inversiones prometidas en distribución?

-No, los sindicatos del sector aseguran que no. Hay que volver a hacer la Revisión Tarifaria Integral, tanto en electricidad como en gas, porque las empresas de transporte y distribución no han cumplido con esas inversiones y se han dedicado a enriquecerse con una retribución excepcional. «

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Cese de ventas contra las retenciones a la soja | La Mesa de Enlace anunció un lock out y amenaza con volver a las rutas



Tras haber lanzado el cese de comercialización de la semana próxima en soledad, Confederaciones Rurales Argentinas obtuvo durante la tarde de ayer la adhesión de las otras tres entidades que conforman la Mesa de Enlace -Sociedad Rural, Coninagro y Federación Agraria- para llevar adelante el lockout entre lunes y jueves, inclusive, de la semana próxima. La medida es la respuesta del sector más duro y opuesto al Gobierno a la decisión del Ministerio de Agricultura de redistribuir el impacto de las retenciones, subiéndole tres puntos (del 30 al 33 por ciento) a los grandes productores de soja, pero rebájandole de uno a 12 puntos mediante compensaciones a los de menos de 500 toneladas en la última campaña. A su vez, se había dispuesto que parte de los recaudado por el aumento de las retenciones a los grandes productores se volcara en la forma de una baja en las retenciones a diversos cultivos regionales. La resolución de lanzar un cese de actividades en contra de estas medidas redistributivas fue tomada por la dirigencia rural de espaldas a los intereses de productores pequeños y de las producciones regionales, con un tinte que muchos describieron como “claramente político”. 

Ya desde temprano, CRA había lanzado un desafiante comunicado en la que fijaba posición a favor de la implementación de una medida de fuerza, convocando al resto a sumarse con la consigna “Nos veremos en las rutas”, Se trató de una clara alusión a las protestas que se extendieron por varios meses en el transcurso de 2009, en la pulseada entre el gobierno y la dirigencia rural en torno a la Resolución 125, que pretendía establecer un régimen de retenciones móviles a la soja. En aquel momento, el modo más explícito de protesta era la convocatoria junto a las rutas de dirigentes rurales y chacareros, logrando una amplísima difusión de las cadenas de noticias, que no sólo le dieron visibilidad sino que ubicaron el tema en el primer lugar de la agenda informativa a lo largo de varios meses. 

Este jueves por la mañana, mientras el resto de las entidades discutían la actitud a asumir frente al anuncio de suba de retenciones a la soja y rebajas en cultivos regionales  conocido el martes último, CRA anticipó su postura en un comunicado en el que anunciaba su decisión de llevar a cabo un cese de comercialización desde la primera hora del lunes 9 hasta la medianoche del jueves 12. “Estarán exceptuados de la medida de fuerza aquellos productores que necesiten trasladar hacienda por los efectos de la sequía que está afectando a la región núcleo”, aclaraba el comunicado. 

La comunicación incluía una advertencia severa dirigida sin vueltas a las autoridades del gobierno nacional. “Señores, si las medidas tomadas son empujadas por un espíritu recaudatorio, tengan en cuenta que es un juego de suma cero en el corto plazo; si son empujadas por un espíritu ideológico, entonces… nos veremos en las rutas”. 

Con el transcurso de las horas, comenzó a tomar estado público la adhesión de Sociedad Rural, Coninagro y Federación Agraria a la iniciativa que CRA ya había convertido en su propia decisión. A partir de media tarde de este jueves, ya se hablaba del “paro de la Mesa de Enlace”, aunque se desconocía una comunicación oficial.

La decisión tomada aparentemente en conjunto por las cuatro organizaciones provocó cierto asombro y no sólo en el gobierno. La segmentación que anunció el ministro Luis Basterra esta semana fue considerado, por sectores de la producción, como “el modelo más equitativo y favorable a los pequeños productores que jamás se haya dado”. Muchos lo compararon con la propuesta presentada por Federacíón Agraria en 2008 en Rosario, en un acto en el que recordaron que participaron los legisladores Lisandro Viale (socialista) y Fernando Pino Solanas (ex Libres del Sur). El esquema actual, aseguran, es un calco de aquél. 

El rechazo de CRA y Sociedad Rural a la propuesta del gobierno, indicaron varios observadores, “es comprensible: impacta fundamentalmente en los grandes productores de más de 10 mil quintales (mil toneladas) de soja por temporada”. El concepto de redistribución de recursos fiscales, que el ministro Luis Basterra utilizó para armar su propuesta, tampoco despierta entusiasmo ni adhesión de este núcleo de grandes productores de la pampa húmeda, estrechamente vinculados al negocio exportador. No es casual la alusión a cuestiones “ideológicas” en el comunicado de CRA para justificar su rechazo a la medida. 

En cambio, a estos mismos sectores les resulta “inexplicable que Coninagro y Federación Agraria se sumen a una medida de fuerza, cuando los pequeños productores, de menos de mil quintales (100 toneladas) van a pagar, después de las compensaciones, 21 por ciento de retenciones”. Esa franja, se supone, es la base representada por las entidades federadas y organizadas en forma cooperativa. “No están defendiendo a sus afiliados, sino que apoyan a CRA por otros intereses”, disparó un referente sectorial a la consulta de Página 12 acerca de por qué FAA y Coninagro se sumaban al paro.   

Tractorazo cordobés

Más de medio centenar de tractores y un centenar de camionetas participaron de movilizaciones por las rutas del centro de la provincia. El clima de protesta y las manifestaciones en contra del gobierno ya venían siendo alimentadas desde antes de conocerse la propuesta del gobierno. Incluso ante la consulta acerca del beneficio a los pequeños productores por las compensaciones al pago de retenciones, las respuestas de los dirigentes que participaron en la marcha era que la veían como una medida “de difícil implementación”, cuando había sido la propia FAA la que las habían propuesto como medida para recuperar rentabilidad. 

De concretarse, el cese de comercialización consistiría en no enviar hacienda al mercado ni cereales a los puertos durante los cuatro días que dure el lockout del agro. esta medida no podría ser aplicada ni por tamberos ni productores de verduras, si no cuentan con instalaciones propias de conservación. Además, la modalidad de cese de comercialización y no de paro, se corresponde con las características del sector: la soja seguirá creciendo en los campos sembrados entre lunes y jueves, para beneficio de sus dueños. 



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El gobierno vuelve a recibir a la Mesa de Enlace para confirmar el aumento de las retenciones

El gobierno vuelve a recibir a la Mesa de Enlace para confirmar el aumento de las retenciones

El Ejecutivo se prepara para ratificar el aumento que anunció la semana pasada pero estudió alternativas para tranquilizar a las empresas. La Sociedad Rural se “sorprendió” porque el presidente, Alberto Fernández, defendió la “propuesta generosa” a los productores. Rumores de que se sumarían retenciones a las exportaciones de carne con hueso. 

(Foto: TELAM)

2 de Marzo de 2020

El ministro de Agricultura, Luis Basterra, recibirá este martes a la Mesa de Enlace en medio de críticas de los empresarios ruralistas, que cuestionaron la mención que hizo el domingo el presidente Alberto Fernández sobre las retenciones a la soja e insistieron con que no tienen margen para pagar el aumento del impuesto.

El jueves de la semana pasada, tras una reunión con los dirigentes del agro, el gobierno resolvió suspender el anuncio del aumento de las retenciones para esta semana. El plan iniciático era que el propio Fernández lo comunicara durante su discurso de apertura de las sesiones legislativas, que se realizó el domingo.

Finalmente, el titular del Ejecutivo hizo mención al tema sin hablar puntualmente de la alícuota ni de porcentajes.

Fernández se limitó a decir que en el gobierno “hemos hecho una propuesta generosa en materia de derechos a las exportaciones en la que solo se incrementa uno de  un total de 25 cultivos que hoy están afectados por estos derechos” que pareció anticipar una ratificación de lo ya propuesto.

Los empresarios lo entendieron así. El mismo domingo el titular de la Sociedad Rural (SRA) Daniel Pelegrina se mostró sorprendido por el mensaje presidencial dado que, aseguró, “la consigna que el ministro (Basterra) trajo el jueves pasado luego de más de dos meses esperando la convocatoria era darnos una respuesta a los pedidos que hicimos desde la Comisión de Enlace indicando que lo perjudicial que era tomar esa medida”.

A través de su cuenta de la red social Twitter, Pelegrina concluyó en que los dichos del presidente de la Nación “le resta importancia a la reunión pactada para la semana que viene (por esta semana) y se parecen más a las prácticas de un pasado en el que no había diálogo”, comparó.

El domingo en su última edición, Tiempo habló con otro de los que asistieron el jueves a la reunión con Basterra. El titular de la confederación cooperativa Coninagro, Carlos Iannizzotto remarcó que el primer pedido de los ruralistas fue la anulación total del aumento de las retenciones a la soja del 30% actual al 33% en el  marco de lo previsto en la Ley de Solidaridad.

Según Iannizzotto los empresarios cuestionaron también las propuestas de segmentación y advirtieron que la principal consecuencia de la aplicación del aumento será un retroceso de la rentabilidad y por consecuencia la caída de las inversiones y de los cultivos.

Ante la posible determinación de las autoridades a ratificar el aumento, los ruralistas plantearon al gobierno que acompañe la medida de beneficios impositivos para los productores agropecuarios, una alternativa que el gobierno se comprometió a estudiar en el fin de semana y cuya devolución se haría en la reunión de este martes.

Por último los hombres de negocios del ámbito rural plantearon la posibilidad de la vuelta de medidas de fuerza.

Retenciones a la carne con hueso

Tras la reunión del jueves circuló en medios periodísticos que el gobierno propuso ampliar las retenciones a las exportaciones de carne con hueso. Este segmento de las ventas al exterior apreció la tracción de la demanda china.

Según las versiones los técnicos de Agricultura lo mencionaron como posible medida alternativa.

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Éxito parcial de Economía en una nueva emisión de deuda

Éxito parcial de Economía en una nueva emisión de deuda

En dos licitaciones de titulos obtuvo algo más de la mitad de los $ 100 mil millones que vencen esta semana.

(Foto: Telam)
Por Marcelo Colombres
@econocolombres

2 de Marzo de 2020

La Secretaría de Finanzas emitió nuevos títulos de deuda para cubrir vencimientos previstos para esta semana que totalizan cerca de $ 100 mil millones. La operación realizada este lunes permitió al Tesoro obtener $ 35.438 millones, que se suman a los poco más de $ 23 mil millones conseguidos en otra similar del miércoles pasado.

Según el comunicado oficial de esa dependencia, en la licitación se colocaron Letras del Tesoro ajustadas por la tasa Badlar (LEBAD), con vencimiento el 28 de agosto, por $ 12.323 millones. Los precios ofertados representan un rendimiento nominal de 38,70% anual para esas letras. También se adjudicaron $ 23.115 millones en bonos del Tesoro Nacional (BONTE 2020) con vencimiento el 21 de noviembre de este año, a una tasa significativamente baja: 19% anual. En cuanto a la tercera clase de títulos, los bonos del Tesoro Nacional ajustados por CER (BONCER), con vencimiento el 5 de agosto de 2021, las ofertas no conformaron y por eso la licitación fue declarada desierta.

La búsqueda de fondos está calzada con importantes vencimientos de deuda pública fijados para esta semana. El más importante es el Bogato, emitido en marzo de 2018 por el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo. La emisión fue por $ 30 mil millones, con una tasa de interés capitalizable del 1,6% mensual. Pero como los inversores estaban protegidos por una cláusula gatillo que incluía el uso del CER (coeficiente atado a la evolución de la inflación) si este superaba la tasa prometida, el monto a devolver terminará superando los $ 57.600 millones, según el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC)

El abultado compromiso, equivalente a unos U$S 900 millones, no es el único de estos días. El miércoles también vencen dos tramos de Lelink (letras del tesoro atadas a la evolución del dólar) cuyo pago había sido postergado seis meses por Hernán Lacunza, ex ministro de la gestión de Mauricio Macri. Se trata de $ 20 mil millones más, según el cálculo de la misma OPC. A ello se suman los $ 19 mil millones del Bonar por tasa Badlar, a cuyo pago se procedió este lunes.

Una de las preocupaciones de los analistas era si tan abultadas obligaciones iban a requerir de una significativa liberación de dinero al mercado, con el riesgo de que el exceso de liquidez se volcara al dólar. Sin embargo, entre la licitación del miércoles pasado y la de este lunes el Tesoro absorbió circulante por cerca de $ 58 mil millones, lo que despeja parte de esos riesgos. De acuerdo a los trascendidos, hubo buena participación de los bancos, atraídos por la posibilidad de usar los BONTE como encaje (el efectivo mínimo que deben guardar como reserva por sus depósitos), con lo que además de cumplir la norma percibirán un interés.

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Después de dos años, menos de 2 por ciento | La inflación de febrero será la menor luego de 24 meses, anticipó Pesce



El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, adelantó que la inflación de febrero estará por debajo del 2 por ciento, lo cual implicaría una nueva desaceleración frente al 2,3 por ciento registrado en enero. Será la primera vez luego de dos años completos que el índice de precios empezará con 1. Estimaciones privadas también lo ubican entre 1,7 y 1,9 por ciento para el mes pasado. El titular del BCRA aseguró que habrá una disminución en el ritmo de aumento de los alimentos, que en el primer mes del año fue muy alto, del 4,7 por ciento. La relativa estabilidad cambiaria junto al congelamiento de tarifas y combustibles, la rebaja de las tasas de interés y el reforzamiento del programa Precios Cuidados explican la desaceleración. El promedio del mercado espera que la inflación anual esté en el orden del 40 por ciento, aunque ese número estará en buena medida determinado por el resultado de la renegociación de la deuda y la consiguiente disponibilidad de divisas para evitar nuevas corridas hacia el dólar y contra el peso.

“Se está trabajando para reducir la inflación inercial, que era el fenómeno dominante en el último tiempo. La inflación ha sido impulsada por las fuertes devaluaciones del gobierno anterior y los fuertes ajustes de tarifas. Y había una inercia inflacionaria. Este tipo de inflación inercial no se resuelve con instrumentos clásicos, como la tasa o el congelamiento de los agregados monetarios, que era la estrategia del gobierno anterior, sino a través de un acuerdo, que es a lo que se ha comenzado a llegar, por caso con Precios Cuidados”, dijo el presidente del Central.

Según el Indec, la inflación de enero fue del 2,3 por ciento y el mes pasado habría sido algo menor al 2 por ciento, lo cual implica un acumulado en el primer bimestre de alrededor del 4,3 por ciento. Así, desde noviembre del año pasado, cuando el alza de precios estuvo en 4,3 por ciento, se verifica una desaceleración de la inflación, ya que en diciembre fue del 3,7 por ciento; en enero, del 2,3, y ahora sería inferior al 2 por ciento. Incluso Pesce agregó que “estamos viendo una desaceleración que esperamos que se confirme en marzo. Esto permite la baja de las tasas de interés, el cambio de expectativas y que empiece un proceso de reactivación que todavía no dio señales”. El Banco Central, de hecho, redujo este jueves la tasa de referencia de 40 a 38 por ciento, ampliando a 25 puntos porcentuales la disminución desde el recambio de gobierno.

La estimación de Pesce sobre inflación está en línea con los números de consultoras privadas. Elypsis, por ejemplo, calculó para febrero un 1,9 por ciento y Ecolatina, un 2 por ciento. Orlando Ferreres anticipó un 1,9 por ciento y Eco Go, un 1,7 por ciento.

“El principal factor que explica la desaceleración inflacionaria es la decisión política de mantener estáticos los precios de los servicios públicos. Por el momento, esa medida viene siendo soportada por las energéticas, que pudieron hacerse de un amplio colchón de rentabilidad en años anteriores. Lo mismo sucede en combustibles, junto a la moderación en prepagas y comunicación. Por otro lado, hay una política muy moderada por parte del Banco Central, que no da argumento alguno que alimente la expectativa inflacionaria”, explicó a este diario Sergio Chouza, economista de la Universidad de Avellaneda. En tanto, Martín Kalos, economista jefe de Elypsis, consideró que “la desaceleración inflacionaria hoy por hoy no es sostenible porque todavía falta saber cómo será la táctica de descongelamiento de precios y cómo se va a ir dando la tasa de actualización del dólar para que no se mantenga planchado”. 

La desaceleración de la variación general de precios no se verificó en el rubro de alimentos y bebidas, el más sensible para los hogares. En enero subió 4,7 por ciento, y algunas subcategorías lo hicieron por encima del 10. Ese movimiento se explicó por la reposición del IVA en productos de la canasta básica. Si bien en febrero las alzas fueron menores, se espera que nuevamente el rubro haya quedado por arriba del índice general.



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Confirmado: retenciones a la soja suben al 33% y compensan a pequeños productores

Confirmado: retenciones a la soja suben al 33% y compensan a pequeños productores

“Por ahora no hay posibilidad de paro”, coincidieron los integrantes de la Mesa de Enlace luego de la reunión con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

(Foto: Ministerio de Agricultura)
3 de Marzo de 2020
El Gobierno nacional implementará un nuevo esquema de derechos de exportación (DEX) a productos agropecuarios, que implicará la suba de tres puntos porcentuales a la soja y derivados, de 30% a 33%, e instrumentará una compensación a los pequeños productores que no superen las 1.000 toneladas.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, dijo que tres de cada cuatro productores de soja -unos 42.000 productores- serán alcanzados por la compensación y como máximo, según su escala, seguirán tributando una alícuota de 30% y no serán alcanzados por la suba. Basterra realizó estas declaraciones tras la reunión que mantuvo con los integrantes de la Mesa de Enlace.

El nuevo esquema de retenciones dispondrá la baja de DEX a 25 categorías de productos, principalmente pertenecientes a economías regionales, mientras que otros cuatro quedarán sin cambios. Así, el girasol y el maní pasarán de tributar 12% al 7%; el arroz con cáscara del 12% al 6%; la carne ovina y lana ovina del 9% al 5%; la carne de cerdo y los embutidos del 9% al 5%, y el pescado del 9% al 7%, entre otros.

Por su parte, el maíz, el trigo y el sorgo continuarán con una retención del 12%, mientras que la carne bovina, de pollo y la leche en polvo se mantendrán en el 9%.

La segmentación de retenciones, que serán pura y exclusivamente para los productores de soja, alcanzará así a “40.406 productores, que representan el 74,02% de los productores, mientras que los que quedan fuera porque presentaron más de 1.000 toneladas en la campaña pasada son de 14.884”, explicó Basterra. “Esto quiere decir que tres de cada cuatro productores, alrededor de 42.000, como máximo van a pagar un 30% de retenciones, en tanto que uno de cada cuatro van a incrementar del 30% al 33% sobre su economía”, señaló.

Tras finalizar la reunión con los presidentes de la Mesa de Enlace agropecuaria, integrada por Federación Agraria (FAA), Confederaciones Rurales (CRA), Sociedad Rural (SRA) y Coninagro, en la que también participó el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, el presidente de CRA, Jorge Chemes remarcó que “tuvimos una buena reunión. No logramos revertir este 3 por ciento de suba. Sí hemos tenido la comunicación del Gobierno de que ese tres por ciento va a quedar en el sector. Ahora nosotros vamos a consultar a nuestras bases para ver cómo seguimos, por ahora no hay posibilidad de paro”, señaló el dirigente de CRA.

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