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Precios Cuidados: idas y vueltas en el ingreso de almacenes y supermercados chinos

Precios Cuidados: idas y vueltas en el ingreso de almacenes y supermercados chinos

Este miércoles la provincia de Buenos Aires firmó un convenio para llevar el programa a los negocios barriales. Los comerciantes se entusiasmaron pero Nación apuntó que mientras esos comercios sigan sin presentar información requerida por el Estado, el plan no avanzará.  

(Foto: Daniel Baca)

26 de Febrero de 2020

Funcionarios de Nación y provincia de Buenos Aires firmaron esta mañana un acuerdo marco tendiente a llevar el programa Precios Cuidados a los comercios de proximidad, un segmento que integran los almaceneros de barrio, los comercios chinos y otros autoservicios.

La firma tuvo lugar en territorio bonaerense y despertó fuerte interés en los comerciantes de esos niveles, que esperan una convocatoria para analizar detalles la semana que viene.

Sin embargo a nivel nacional insisten en que se trata de un sector con muy baja institucionalidad y que ese es un factor que en lugar de propiciar el avance de programa lo demora. Mientras tanto los consumidores esperan.    

El gobierno provincial comunicó que este miércoles al mediodía participó de “la firma de un convenio entre la provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, a través del cual la política de Precios Cuidados llegará a los comercios de proximidad, como almacenes y autoservicios, en el marco del programa Comprá Cerca, sumándose a las grandes cadenas y comercios regionales” que tienen disponible el plan nacional desde el 6 de enero.

En el acto que contó con la secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, y con el ministro de Producción local, Augusto Costa, el gobernador Kicillof definió a Precios Cuidados como “una política permanente”  para la “coordinación de información entre el sistema productivo, comercial y los consumidores”.

En ese marco la provincia destacó que el pacto “promueve la colaboración entre el gobierno provincial y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación para que en los municipios adheridos al programa (Comprá Cerca) los vecinos accedan a una canasta de productos con precios de referencia en almacenes y autoservicios”.

Paula Español agradeció por su parte la convocatoria y destacó la articulación con provincia para “fortalecer Precios Cuidados para que sea realmente efectivo y lograr mayor capilaridad territorial”. Costa, que estará a cargo de la coordinación con los municipios, a su vez garantizó el trabajo conjunto de inspectores de las distintas localidades para la claridad de la propuesta en las bocas de comercio.

Al calor del anuncio, que anticipó Tiempo el lunes, el titular de la Confederación General Almacenera (CGA) y referente de los almaceneros bonaerenses, Fernando Savore informó que los comercios de proximidad van a poder ofrecer una canasta de 15 productos en el caso de los almacenes y de 25 los supermercados y autoservicios.

Savore adelantó incluso que las conversaciones seguirán la semana que viene en una reunión a confirmar. En ese encuentro, aseguró, el sector espera escuchar buenas noticias del canal mayorista proveedor, que sería el encargado de confeccionar la lista de precios.

El empresario aseguró también que los almaceneros acudirán con una propuesta para que la lista de precios esté compuesta por productos genéricos que le permitan a cada comercio ofrecer la nómina que se acuerde con una flexibilidad para negociar con las distintas marcas el precio más conveniente.

“Entendemos que va a ser un programa activo y que va a tener un alcance importante en los 135 municipios”, auguró Savore en diálogo con este medio.

Sin embargo, desde Nación remarcaron que sin colaboración por parte de chinos y almaceneros para tener una idea cabal de la envergadura del mercado “no se puede cerrar un acuerdo por Precios Cuidados”. 

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Ante la inminente suba de retenciones, el gobierno suspendió los registros de exportación

Ante la inminente suba de retenciones, el gobierno suspendió los registros de exportación

El Estado podría recaudar U$S 500 millones anuales si, como se cree, sube 3% la alícuota a la soja. El anuncio calentó la previa de la reunión que tendrá este jueves el ministro de Agricultura, Luis Basterra, con las patronales agropecuarias. 

(Foto: Prensa Argentina)

26 de Febrero de 2020

El gobierno nacional suspendió este miércoles los registros de exportación en la antesala de un nuevo aumento de las retenciones a las exportaciones de soja y derivados. Las patronales ruralistas, que se reunirán este jueves con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, lanzaron duras manifestaciones a través de los medios.

Todo indica que ese encuentro es el ámbito que eligió el gobierno para comunicar la suba de las alícuotas a los empresarios. En el sector agropecuario especulan con un aumento del 3% que llevaría las retenciones al 33%. Con esos valores el Estado podría recaudar un extra de entre U$S 400 millones y U$S 500 millones anuales. La alícuota de retenciones para trigo y maíz se mantendría en el 12%.

A nivel nacional el anuncio correría por cuenta del presidente Alberto Fernández, que lo haría público el domingo próximo en la apertura de la Asamblea Legislativa.  

Este miércoles la Secretaría de Mercados Agropecuarios informó a través de un mensaje firmado por el subsecretario Javier Preciado Patiño que a partir de la fecha y “hasta nuevo aviso el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior que involucren esas operaciones de exportación permanecerá suspendido en forma temporaria a todos sus efectos”.

Previsiblemente las patronales del agro pusieron el grito en el cielo. Por caso, las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), integrantes de la Mesa de Enlace, emitieron un comunicado en el que acusaron al gobierno de “traición”. El mensaje recuerda la participación de las entidades privadas del sector en cada convocatoria al diálogo pero califica al encuentro con del ministro Basterra planteado para mañana jueves como “una falsa reunión”.  

“En el día de la fecha –lamentaron los empresarios- han sido suspendidos los registros de exportación, medida que sorprende y deja una profunda sensación de engaño, porque mientras se espera para dialogar, se toman decisiones que no tiene retroceso, de lo contrario no se explica el cierre de un mercado”, plantearon.

El texto insiste en que “advertimos que queremos ser respetados” y apunta que “no permitiremos ni engaños ni dilaciones, la presión fiscal, es ya insostenible, lo saben quienes producen y quienes recaudan, por tanto, es tiempo de tratar al sector productor sin chicanas y sin falsas reuniones sobre decisiones ya tomadas”.

Sin mencionar la palabra retenciones las CRA cerraron el comunicado con un llamado a la racionalidad del gobierno “para no caer en situaciones ya transitadas y que oscurecen el futuro económico del país”.

En el interior se dejaron escuchar otras voces no menos caldeadas. El empresario Javier Rotondo, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) y ex presidente de la Sociedad Rural de Rio Cuarto, definió que la posible suba del 3% a las retenciones a la soja y derivados sería como “echar nafta al fuego”.

En un testimonio recogido por el diario La Voz del Interior, Rotondo recordó que las patronales del agro dieron marcha atrás con una medida de fuerza la semana pasada cuando Basterra convocó a la reunión. No obstante en línea con las CRA señaló que “sentimos que se nos tomó el pelo”.  

El martes, otro dirigente de la Mesa de Enlace como el presidente de la Federación Agraria (FAA) Carlos Achetoni, adelantó que un aumento de los derechos de exportación “caería muy mal” en el sector y reconoció que al calor de este tema se produjo “un distanciamiento con el gobierno”.

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Balance 2019: fuerte caída en las ventas y en los puestos de trabajo de shoppings y supermercados

Balance 2019: fuerte caída en las ventas y en los puestos de trabajo de shoppings y supermercados

El Indec informó que el año pasado cerró con una baja del 6,8% en las operaciones comerciales y 5.300 trabajadores despedidos.

Por Jonathan Raed
@JRaed

26 de Febrero de 2020

Las ventas en los shoppings cayeron durante todo 2019 un 6,8 por ciento, según el informe del Indec “Encuesta nacional de centros de compra”. En el Gran Buenos Aires, la caída fue del 4,8%, mientras que en el resto del país la baja generalizada fue del 10,3%.

“Las ventas totales a precios constantes de diciembre de 2016, en diciembre de 2019, alcanzaron un total de 9.618,2 millones de pesos, lo que representa una disminución de 6,8% respecto al mismo mes del año anterior”, dice el informe.

En tanto, a precios corrientes, las ventas crecieron un 44,4%. Si se lo compara con la inflación medida por el Indec (53,8% para la interanual de diciembre), la caída fue del 9,4%.

El rubro Indumentaria y calzado marca el rumbo, ya que significa casi la mitad de las ventas totales. Ese rubro tuvo un crecimiento recaudatorio del 43,2%; unos 10 puntos por debajo de la inflación. Perfumería y farmacia fue el rubro que más creció: 64,3%, seguido por Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar: 53,8%.

En el otro extremo, se ubicó Diversión y esparcimiento, con un magro crecimiento del 16%; casi 40 puntos por debajo de la inflación. Este ítem contiene “servicios recreativos y culturales” tales como “espectáculos, salas cinematográficas, juegos infantiles, videojuegos, bowlings, salones para eventos y otros similares”.

Los supermercados, peor que los shoppings

Las ventas en los supermercados cayeron durante todo 2019 un 9,7%. Las ventas de Almacén significan un 25% del total, siendo el ítem más importante, seguido por Bebidas, con un 16% del total de ventas; Artículos de limpieza y perfumería, 14%, y Carnes, 11%.

En diciembre, el rubro que más creció fue Carnes, con un 63,5% más de ventas con respecto al mismo mes del año anterior. Lo sigue Electrónicos y artículos para el hogar, con un 62,6%; Verdulería y frutería, con un 59%; Lácteos, 54,5%, y Panadería, 50,4%.

Otro dato relevante es que el principal medio de pago en supermercados es la tarjeta de crédito. En diciembre, representó el 38% del total de las compras, a partir de un crecimiento del 61% en este medio de pago. Esto significa que son muchas más las personas que se endeudan para comprar alimentos.

Repunte en elctrodomésticos

Las ventas de elctrodomésticos tuvieron un esperable repunte en 2019, en comparación con un paupérrimo 2018. El crecimiento en el total de ventas fue del 58,4%; casi 5 puntos por encima de la inflación, según el informe de Indec “Encuesta de comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar”.

Heladeras y freezers y Equipos de aire acondicionado y climatizadores fueron los ítems crecieron en 78,8% y 74,7%, respectivamente. En el otro extremo, Computación y accesorios informáticos creció apenas un 13,6%, aunque también es auspicioso si se lo compara con el – 20% de 2018.

En cuanto a artículos en particular, el de mayor crecimiento fue GPS, con un 73,2%.

Fuerte caída en el personal

En los informes de supermercados y de casas de electrodomésticos, se vio una fuerte caída en la cantidad de personal contratado, con retracción del 3% y del 9,6%, respectivamente. En total, suman casi 5.300 empleados menos que el año anterior.

Las 102 empresas de electrodomésticos encuestadas por el Indec cuentan con 2.430 empleados menos de los que tenían en diciembre de 2018. El informe explica que hubo “una disminución de 6,6% (165 personas) en “Gerentes y otro personal jerárquico” y una baja de 9,9% (2.265 personas) en “Vendedores, cajeros, administrativos y otros”.

En supermercados, la baja general fue de 2.860 personas, de las cuales 289 eran jerárquicos y 2.624 entre cajeros, repositores, administrativos, etc.

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Anses y PAMI se repartirán $ 27 mil millones por el impuesto a la compra de dólares

Anses y PAMI se repartirán $ 27 mil millones por el impuesto a la compra de dólares

El Ejecutivo reglamentó el destino de lo recaudado por el impuesto PAIS. También habrá una parte para financiar obras de infraestructura y la construcción de viviendas sociales.

Por Marcelo Colombres
@econocolombres

27 de Febrero de 2020

Los recursos destinados a programas sociales de la Anses y la prestación médica de los jubilados se verán reforzados en alrededor de $ 27 mil millones anuales. Ese es el cálculo preliminar que surge del decreto 184/20 que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, que reglamenta el destino de los fondos recaudados por el impuesto a la compra de divisas extranjeras.

La norma establece cómo será el reparto de ese dinero. El 70% será para gastos sociales. De ese subtotal, el 60% será para el financiamiento de programas a cargo de la Anses, entre los que se cuentan el pago de jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, becas Progresar y créditos. El 40% restante de esa fracción servirá para cubrir las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que a través del PAMI se encarga de la atención médica de unas cinco millones de personas.

El 30% remanente de la recaudación del impuesto se volcará a obras de infraestructura (65% de esa parte), al Fondo de Integración Socio Urbana para el financiamiento de viviendas sociales (30%) y al fomento del turismo nacional (5% restante).

El reparto había sido delineado a grandes rasgos por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, sancionada por el Congreso a fines de diciembre. En ese marco se creó el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) que grava en un 30% la compra de divisas y billetes en moneda extranjera, por un término de cinco años. Si bien allí se determinó que el dinero recaudado se utilizaría para financiar a la Anses, el PAMI y la construcción de viviendas, se necesitaba un decreto reglamentario que es el que ahora se difundió.

Según el informe oficial sobre la recaudación fiscal del mes de enero, por el impuesto PAIS ingresaron a la AFIP $ 3.181 millones, lo que arrojaría una proyección anual de $ 38 mil millones. De mantenerse esa tendencia, la Anses embolsaría cerca de $ 17 mil millones al año. Como referencia, el bono especial de fin de año para jubilados y la puesta en marcha de la tarjeta Alimentar insumieron en enero unos $ 25 mil millones.

Además, de acuerdo al reparto establecido, el PAMI recibirá algo más de $ 10 mil millones, mientras que se destinarían $ 7 mil millones para obras de infraestructura y unos $ 3 mil millones para viviendas sociales.

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El frigorífico cooperativo La Foresta reabrió las puertas luego de un año de clausura

El frigorífico cooperativo La Foresta reabrió las puertas luego de un año de clausura

En abril de 2019, una polémica denuncia de una supuesta ONG ambientalista derivó en la clausura del lugar. “Estamos felices de recuperar los 120 puestos de trabajo”, afirmaron los trabajadores.

Por Jonathan Raed
@JRaed

28 de Febrero de 2020

A casi un año de la polémica clausura, el frigorífico cooperativo La Foresta, de La Matanza, reabrió las puertas. “Tenemos sueños, proyectos y la alegría de estar trabajando”, aseguró Marcelo Yaquet, responsable del área de gestión y comercialización de la recuperada.

En 2005, los 120 trabajadores recuperaron la empresa. “Hicimos todos los procesos correspondientes para la conformación de la cooperativa y la habilitación para producir, que por ser del rubro alimenticio es siempre más difícil”. Desde diciembre de 2006, “sostenemos 120 puestos de trabajo”.

Con malas y buenas, según la coyuntura, desde La Foresta se proyectaron diferentes negocios y emprendimientos. Por ejemplo, durante la era Macri sobrevivieron alos tarifazos eléctricos, a partir de los cuales la cooperativa pasó de pagar $ 90 mil en 2015, a pagar $ 750 mil en 2019.

Sin embargo, en abril de 2019 llegó la clausura, producto de una denuncia realizada por una supuesta ONG ambientalista llamada Bromacom. “Fue medio raro porque es una ONG de Villa Gesell con un solo abogado de La Plata. Creemos que tiene una relación con una cámara empresarial que quiso perjudicarnos”, resumió Yaquet.

A partir de ese momento, “quedamos 35 compañeros haciendo la resistencia en la planta, con inundaciones, sin luz y sin ningún tipo de ingresos”.

Finalmente, este viernes, reabrieron las puertas y la fuente de ingresos. El frigorífico tiene a la faena como actividad principal y también “estamos armando carnicerías móviles aportar en la pelea de la Argentina contra el hambre”, contó Yaquet.

Además de los trabajadores, participaron de la reapertura “funcionarios del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), del ministerio de Agricultura, de Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), de Desarrollo Social de la Provincia, una delegación municipal, bomberos voluntarios, compañeros y amigos de diferentes organizaciones”.

...

Aporte a la comunidad

Como es habitual, el trabajo cooperativo no solamente se ocupa de sostener puestos de trabajo, sino que también realiza un aporte a la comunidad. Desde La Foresta, plantean que “si queremos que los alimentos en Argentina sean accesibles, tenemos que conformar un bloque fuerte entre la economía social, las pymes y el Estado que de pelea a las grandes cadenas de supermercados y a los dueños de la industria”.

La cuestión de los alimentos es una disputa de poderes. “El sistema agroalimentario está manejado por capitales extranjeros. Por eso, tenemos que construir un bloque económico y social, con el capital de la economía social y cooperativas, más el capital de las pymes y del Estado. Desde los 90, los grandes supermercados son los formadores de precios y terminan controlando a la industria y la industria controla a su vez al sector de producción primaria. Por esto último, también reivindicamos a los sectores campesinos”, apuntó Yaquet.

Finalmente, afirmó: “Estamos convencidos de que vamos a poder producir y que los trabajadores volverán a tener un retiro digno”.

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Semana clave para la reestructuración de la deuda con los bonistas privados

Semana clave para la reestructuración de la deuda con los bonistas privados

Representantes de los fondos acreedores vendrían a reunirse con el ministro Guzmán. Ya contrataron estudios jurídicos en previsión de eventuales conflictos legales.
Por Marcelo Colombres
@econocolombres

1 de Marzo de 2020

Después de haber encarrilado la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno encarará esta semana otra que aparece aun más ríspida. En este caso será con varios fondos de inversión que constituyen el núcleo de los bonistas acreedores por la gran cantidad de títulos de deuda argentina que poseen.

Aunque no hay información oficial, se sabe que una delegación integrada por representantes de varios de esos fondos vendrá a Buenos Aires en la semana que se inicia y se reunirá con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Entre los asistentes se menciona a miembros de grupos como Black Rock, Fidelity, Templeton y Pimco, entre otros.

La dinámica de endeudamiento durante la era macrista permitió a esos fondos adquirir gran poder como grupos de presión. Es que muchas emisiones de títulos encubrían en realidad un préstamo directo, porque los montos, plazos y tasas de interés eran negociados directamente con ellos. Eso les otorgó un rol clave a la hora de redefinir las condiciones.

Algunas consecuencias de ese esquema se advirtieron en las últimas semanas. Fue Fidelity Investments el que hizo fracasar la intentona de Axel Kicillof por retrasar el pago de un tramo del bono BP21 de la provincia de Buenos Aires. El rechazo de Fidelity, tenedor del 16% de los papeles, más algunos inversores pequeños, provocó el naufragio de la idea. Algo similar le pasó a Economía con el bono AF20, del que Templeton tenía el 24% de la emisión. Ante la imposibilidad de refinanciarlo, el gobierno nacional tomó una decisión drástica: pateó el pago de los $ 95 mil millones y de sus intereses hasta septiembre.

La hora de los abogados

Los acreedores saben que les ofrecerán una reducción en el capital a devolver y un período de gracia de tres años sin abonar intereses. Para ello, Guzmán cuenta con el aval del FMI, que declaró la deuda argentina “no sostenible” y sugirió que los bonistas realicen una “contribución apreciable” para su reestructuración. Lo que no saben, todavía, es el número que les propondrán.

Como los títulos cotizan en torno al 45% de su paridad, cualquier quita inferior al 50% suena a negocio. Pero esa cuenta no incluye la interrupción en el flujo de intereses a cobrar. Además, algunos de los acreedores compraron los títulos a la par, en el momento de su emisión, y ya perdieron mucho dinero. El diario Financial Times reveló que la debacle bursátil de agosto último, tras la derrota de Mauricio Macri en las PASO, le costó a Templeton unos U$S 1800 millones.

Por las dudas, los fondos ya buscaron asesoramiento legal. Dennis Hranitzky, exabogado del fondo NML-Elliot (que en su momento litigó contra Argentina por los papeles defaulteados en 2001), admitió ante la agencia Bloomberg que está nucleando bonistas bajo el paraguas del estudio californiano Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

Un caso paradigmático es el del exfuncionario macrista Eugenio Bruno, quien desde la Secretaría de Finanzas negoció el canje de los títulos caídos en default en 2016. De regreso al sector privado, Bruno trabaja en el estudio porteño Nicholson y Cano, contratado por el banco suizo UBS para representar a sus clientes en la renegociación.

Ida y vuelta

Como en una copa de fútbol, Guzmán recibirá ahora a quienes visitó hace pocos días. El martes, el ministro se reunió en Nueva York con inversionistas y hombres de negocios, aunque los detalles de la discusión y la identidad de los asistentes se mantuvieron en estricta reserva.

Del mismo modo, mañana volverían Julie Kozack y Luis Cubeddu, los funcionarios del FMI que se vieron con Guzmán hace dos semanas en Buenos Aires y el lunes pasado en Washington. Su misión es preparar el terreno para que el Fondo también otorgue una prórroga en los U$S 44 mil millones a cobrar. Tienen el visto bueno de su jefa, Kristalina Georgieva: presionada por los errores del organismo al juzgar el caso argentino y por el respaldo de Donald Trump y varios líderes europeos al nuevo gobierno, la directora gerente se hizo a la idea de que la devolución de ese monto tardará tres años más de lo previsto en el cronograma original. «

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El lockout de las patronales rurales divide a la Federación Agraria | Algunas filiales no adhieren a la medida y cuestionan a la conducción



Si faltaba una prueba sobre el carácter político del lockout agrario, la aportó el titular de la Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni: admitió que el Gobierno “aceptó” los reclamos del sector pero dijo que su entidad se sumó al paro para “acompañar” el reclamo de otros miembros de la Mesa de Enlace. Las contradicciones estallaron en el interior de la FAA, algunas de cuyas filiales no adhirieron al paro. “Este es el fin de la presidencia de Achetoni”, sentenciaron.

Uno de los reclamos de la FAA fue la segmentación de las retenciones en favor de los pequeños productores. “El Gobierno la aceptó, pero acompañamos la medida de fuerza porque a muchos no les alcanza”, dijo Achetoni para justificar la adhesión de esa federación. Es más, el dirigente desparramó elogios hacia el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

“Lo valoro y rescato su hombría de bien”, y por eso “seguimos en diálogo permanente” con él. Pero “lo que pasa es que todo fue precipitado”, dijo e intentó justificar su participación en la medida de fuerza  haciendo referencia a una supuesta “incertidumbre en nuestras bases de cómo se va a aplicar la segmentación”.

Así y todo no pudo explicar por qué eligió el lockout en vez de despejar ese tipo de dudas a través del “diálogo permanente” que dijo tener con el ministro. Luego remató: “Vamos a seguir negociando y, aún así tengamos acercamientos (con el Gobierno), vamos a acompañar la medida de fuerza” de las demás entidades.

El lockout fue impulsado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y luego fue acompañado por el resto de las entidades de la Mesa de Enlace. La FAA apoyó “luego de un día intenso y de altos debates” en las bases, puntualizó Achetoni.

En esos debates hubo dirigentes que, debido a las contradicciones de la decisión, optaron por no adherir al reclamo fogoneado por lo las entidades que representan a los mega productores. Uno de ellos fue Sebastián Campo, presidente de la FAA de Pergamino, quien calificó a la protesta de “paro dominguero” al que “no le encontramos explicación”.

La segmentación que el Gobierno aceptó “es un reclamo histórico de la Federación Agraria –sostuvo el referente-. ¿Es suficiente? No. Hay que mejorarlo. Pero claramente marca un camino y un reconocimiento” a los reclamos del sector.

“La segmentación ha sido un gran avance. El campo no es todo lo mismo. Para los pequeños productores las medidas del Gobierno son favorables ya que recibirán una compensación”, destacó.

Frente a este escenario, al lockout “no le encontramos explicación”. Además, explicó que el motivo por el cual los pequeños productores pararon es porque en estos meses “no tiene más nada para vender” hasta los próximos meses, cuando llega la cosecha.

En el mismo sentido se manifestó Nélida Sereno, de la FAA de Tandil, que tampoco adhirió a la medida de fuerza. “Es una lástima lo que ha sucedido”, expresó y aseguró que la medida “se tomó la decisión sin consultar a las bases”.

“Es un paro que va atrás de CRA y CRA no nos representa”, subrayó y cuestionó duramente al presidente de la entidad, Carlos Achetoni, por “no haber convocado” al Consejo Directivo Central de la entidad para decidir la adhesión o no.

Según dijo, la misma postura la tienen los dirigentes de las localidades de Junín, Salto y 25 de Mayo, entre algunos. “Esto es el fin de la presidencia de Achetoni” porque “no está entendiendo” a sus representados.

La segmentación decidida por el gobierno de Alberto Fernández “ayuda a 42.400 productores, el 74 por ciento de todo el país. ¿O sea que nosotros vamos a ir defender a 14.800 que son el 33 por ciento?”, se preguntó.

“Los productores grandes tienen otras espaldas, son otros los márgenes que manejan. Nosotros no los vamos a defender. Esos productores no están sufriendo”, dijo y sentenció que el lockout “es una medida política” detrás de la cual hay varios “dirigentes del PRO”.

Hasta el propio ex presidente de la FAA Eduardo Buzzi cuestionó la decisión de Achetoni. “Me cuesta entender qué carajo está haciendo la Federación Agraria en este paro”, expresó y reconoció que “muchos dirigentes” están “sorprendidos y desconcertados” por la medida.



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Para ser más equitativos

Para ser más equitativos

Por Carlos Heller
Diputado Nacional FdT

1 de Marzo de 2020

El pasado jueves, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que reduce los privilegios en las jubilaciones de jueces y funcionarios del servicio exterior. En el inicio de la sesión, la oposición se retiró del recinto aduciendo una irregularidad en la composición del quórum obtenido por el oficialismo y otros bloques. La razón fue la presencia del diputado Daniel Scioli.

Ante tal situación Mario Negri, jefe del interbloque Juntos por el Cambio, sostuvo: “nos vamos a retirar del Congreso y a judicializar esta situación”. Es así que el interbloque decide recurrir a la justicia para que trate, precisamente, sobre un proyecto que afecta el cálculo de los haberes previsionales de los jueces que aún no cumplen con los requisitos para jubilarse (aunque se mantiene el 82% móvil), y aumenta en siete puntos porcentuales sus aportes a la seguridad social. Llamativo.

Lo lógico hubiera sido continuar la discusión con sus pares en el recinto, respetando la esencia republicana. Pero los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio fueron a hablar con los medios.

La crítica de Juntos por el Cambio se basó en que el pliego de designación de Scioli como embajador ya fue aprobado por el Senado y, por lo tanto, habría perdido su condición de diputado. Esta postura indica un desconocimiento (o una omisión deliberada) de lo dispuesto por la Constitución Nacional.

Por un lado, si bien varios medios hablan de Scioli como “designado embajador en Brasil”, esto no ha sucedido. El Senado aprobó en general su acuerdo para que el Poder Ejecutivo nombre a Scioli como embajador extraordinario y plenipotenciario, sin especificar destino, tal como lo hizo con once pliegos más.

Sólo el Poder Ejecutivo (art. 99, inciso 7 de la C. N.) puede designarlo, y esto aún no ocurrió. No hay publicación alguna en el Boletín Oficial sobre esta cuestión. Repito: el Senado no designa embajadores, sólo da su acuerdo.

Por ello Scioli aún no es embajador y continúa siendo diputado. Pero, además, tampoco presentó su renuncia a la diputación, la cual debe ser aprobada, para que sea efectiva, por la Cámara de Diputados (artículos 64 y 66). Ninguna de estas situaciones se produjo. Por lo tanto, no cabe duda alguna: Scioli fue, al momento de sentarse en la banca, un diputado como el resto, y por lo tanto el quórum tiene total legalidad, aunque los legisladores de Juntos por el Cambio intenten judicializarlo. Todo un show mediático.

Respecto a esta actitud de la oposición y sus infundadas denuncias sobre que el gobierno intenta “el vaciamiento de la justicia”, cabe rescatar las palabras del presidente Alberto Fernández: “Los que colonizaron la justicia fueron ellos, yo ni siquiera estoy buscando que alguno de los jueces que pusieron ellos tenga que jubilarse”. Fernández también les pidió que “sean dignos”, y que “sigan trabajando” con la convicción de que “tienen que hacer un aporte distinto a la Argentina”.

La aprobación en Diputados del proyecto de Ley de Régimen Jubilatorio para Magistrados y funcionarios del Poder Judicial, Ministerio Público de la Nación y funcionarios del Servicio Exterior de la Nación constituye un importante avance en la búsqueda de un equilibrio necesario en el Sistema Previsional. Un sistema que viene siendo deficitario, situación que se agravó significativamente en los últimos cuatro años.

Esta caída de los ingresos del Sistema no fue eventual, sino provocada por las políticas aplicadas desde diciembre de 2015. Estas generaron una pérdida de más de 230 mil puestos de trabajo en el sector formal, con caída del salario real, a lo que hay que adicionar una baja en las alícuotas de las contribuciones y la creación de un Mínimo No Imponible para su recaudación, tal cual se detalló en la exposición en la Cámara del titular de la Anses, Alejandro Vanoli.

Lo más preocupante es que los jubilados que perciben el haber mínimo perdieron en los últimos dos años un 20% de su poder de compra, según datos de la Anses.

Además, esta iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo para ser tratada en el Congreso de la Nación no puede dejar de contextualizarse en el marco de la Ley de Emergencia Social y Reactivación Productiva aprobada en el mes de diciembre pasado.

Las premisas que enmarcan el proyecto de Ley se basan en dos ejes fundamentales, a mi entender. Uno de ellos son los déficits que generan los regímenes en cuestión y que necesariamente tienen que cubrirse con los recursos generales que se destinan tanto al total del régimen jubilatorio, como a otras pensiones y asignaciones no contributivas.

En el caso del régimen del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación, en 2019 ha habido ingresos por $ 8.873 millones y erogaciones por $ 18.787 millones (es decir, algo más del doble de egresos que de ingresos), generando un déficit en el año de cerca de $ 10 mil millones. Similar es la situación con el régimen del Servicio Exterior, en este caso con un saldo negativo en 2019 de $ 1.265 millones. Consecuentemente, el déficit per cápita mensual del régimen judicial es de $ 102 mil, mientras que para el Servicio Exterior es de 181 mil pesos.

El otro eje del proyecto, a su vez relacionado con el anterior, es la necesidad de buscar reglas de aportación y de determinación de los haberes previsionales que guarden una más estrecha relación con el esfuerzo contributivo realizado. Sin afectar, no obstante, la razonable proporcionalidad con la remuneración percibida en el periodo de actividad.

Estas premisas se encuentran englobadas en la reflexión del ministro Claudio Moroni en el tratamiento en comisiones: analizar “¿Cuánta desigualdad a favor de los jueces es necesaria para que cumplan correctamente con su trabajo?”. No quiero que se malentienda esta cita: es claro que no se pretende que un juez de la Nación o un embajador cobren la mínima, pero tampoco una jubilación muy alejada de su esfuerzo contributivo. Y por ello la reflexión de Moroni es relevante. Para buscar ese equilibrio necesario, y para achicar e incluso evitar el déficit que en la actualidad generan estos esquemas jubilatorios especiales.

En cuanto a los montos de los haberes en particular, la dispersión en los mismos, según el régimen al cual pertenezca el beneficiario, es muy amplia. Mientras que un beneficio del Régimen General es de $ 20.575 en promedio, un beneficio del Poder Judicial de la Nación asciende también en promedio a $ 293.107 mensuales, uno del Poder Judicial de las provincias transferidas a $ 198.504 y un haber medio del Servicio Exterior de la Nación a $ 353.954 mensuales.

Queda claro que estos sistemas especiales, tal cual están ahora, tienen redistribuciones que podrían tildarse de regresivas, pues, como se demostró, erosionan las bases de la solidaridad social, en especial cuando solventan sus déficit económicos con fondos comunes de los sistemas generales.

Considero que esta modificación de los regímenes previsionales especiales constituye un paso más en la mejora de los sistemas jubilatorios, y la premura en su tratamiento deriva de las urgencias que exhibe nuestro país, en especial por la situación social. Un paso más en la dirección de atender y mejorar los ingresos, especialmente de los sectores más desprotegidos. Hacia allí han ido la mayoría de las medidas tomadas a partir del 10 de diciembre pasado por la nueva gestión de gobierno encabezada por Alberto Fernández. «

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Devolución del IVA a jubilados | Se firmó el convenio en el Centro de Jubilados Tita en San Telmo

Autoridades del Gobierno firmaron convenio en el Centro de Jubilados Tita en San Telmo el convenio para la devolución del IVA a jubilados y pensionados. El reintegro empieza en este mes de marzo y tiene un tope de $700 mensuales.

El convenio en el centro de jubilados ubicado en la calle Perú 1261 de la Ciudad de Buenos Aires fue firmado con referentes de federaciones y centros de Jubilados. En representación del Gobierno lo rubricaron la directora Ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich; el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli; y la directora de la AFIP, Mercedes Marco del Pont.

El reintegro del IVA tendrá impacto en todos los adultos mayores que se encuentran en el régimen previsional y significará un aumento indirecto que alcanzará 7,1 millones de personas. Este monto se traduce 4,5% de aumento para una jubilación mínima.

La devolución de hasta $700 al mes también abarca a los beneficiarios de la AUH, los cuales verán aumentado su ingreso real en un 22,5%. El sábado pasado, la AFIP introdujo modificaciones a la resolución 4676, que reglamenta el Régimen de Reintegro a Sectores Vulnerados, que rige desde el primero de marzo.

En el acto de firma del convenio también estuvieron presentes el secretario general del PJ Comuna 1, Víctor Cantero, y el presidente de la Federación de Centros de Jubilados “Fuerza y Voluntad Transformadora”, Alberto “Coco” Meneses, junto con numerosas organizaciones de adultos mayores.

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Andrés Repar: “Con el valor correcto, el Estado se ahorraría USD 1200 millones en gas”

Andrés Repar: “Con el valor correcto, el Estado se ahorraría USD 1200 millones en gas”

El especialista elogia la pesificación de la electricidad y pone la lupa sobre los costos de la producción de energía. “Avanzar en la pesificación del gas será un desafío de este gobierno”, advierte.
(Foto: Diego Martínez)
Por Jonathan Raed
@JRaed

1 de Marzo de 2020

Andrés Repar es vicepresidente del Instituto de Energía Scalabrini Ortíz (IESO) y fue también vicepresidente del Enargas. Desde el IESO, ha sido muy crítico de la política tarifaria de Mauricio Macri y Juan José Aranguren. “Solamente benefició a las distribuidoras y a las productoras”, dispara y asegura que con un precio razonable para la producción de gas, “el Estado se ahorraría 1200 millones de dólares”.

Para Repar, la pesificación de los costos de la producción de energía eléctrica -recientemente oficializada por el poder ejecutivo en la Resolución 31/2020- podría y debería también hacerse efectiva en la producción de gas. “Avanzar en la pesificación del gas será un desafío de este gobierno”.

-¿Cómo ve el camino que empieza a tomar el nuevo gobierno?

-Estamos en presencia de retornar a un sistema más razonable. El gobierno de Alberto Fernández sacó la resolución que vuelve a pesificar la electricidad. Seguramente, es la primera de varias que cumplirán con la promesa electoral de pesificar las tarifas.

-¿Puede explicar ese recorrido iniciado?

-En principio, usaron un valor de dólar a $60 para la pesificación. El valor monómico (generación de energía) estaba alrededor de 70,75 dólares por megavatio/hora en todo el país. Ahora, con estos valores estará en el orden de los 60 dólares MW/h. Sigue siendo alto porque en Estados Unidos y Europa está en el orden de los USD 35 y 45, pero aun así le permite ahorrar al Estado unos USD 300 millones.

-¿Cómo ve la nueva fórmula de ajuste?

-A partir de abril, el ajuste ya no será por los movimientos del dólar, sino por las cifras oficiales de Inflación de Precios Minoristas (IPC) y de Precios Mayoristas (IPIM) del Indec. Está bien que se equilibren las posibilidades de pago con las necesidades de la producción.

-¿Cuál sería el siguiente paso?

-El precio del gas sigue dolarizado. Una segunda resolución deberá determinar cómo se reestructura la pesificación en el precio del gas. Es algo por lo cual hemos peleado mucho desde el IESO. Es la manera de empezar a acomodar los precios. Pero no será tan sencillo con los productores de gas porque están muy acostumbrados a manejarse en dólares.

-¿Cómo podría hacerse esto último?

-Hoy, el valor de la producción del gas está en USD 6,50 por millón de BTU. USD 2,50 por MBTU es un precio más que razonable. Son los precios que se manejan en el exterior. Más aún si se tiene en cuenta que por el tema del coronavirus los precios internacionales de crudo y de gas están en niveles muy bajos. Se debe pensar también que hoy Vaca Muerta está en condiciones de abastecer las necesidades locales; es decir, no estamos en una situación de ser rehenes de algunas compañías.

-¿Cómo se determina la estructura de costos de las productoras?

-El gobierno de Macri y Aranguren aceptó lo que dicen las empresas a libro cerrado. Tiene que haber un ente federal de hidrocarburos que analice los costos y controle la estructura de producción. Según nuestros estudios, el costo de la generación ronda USD 1 por MBTU. Por tanto, USD 2,50 por MBTU para la venta es un número más que razonable que da retornos entre el 50 y el 60 por ciento. Esto te lo reconocen en el sector privado.

-¿Si se baja el precio a USD 2,50, cuánto se ahorraría el Estado?

-Unos USD 1200 millones. El consumidor, en su conjunto, un poco más incluso. Hoy, los usuarios pagamos USD 3 por MBTU, después del congelamiento. Antes, pagábamos USD4,40. Y el Estado está pagando USD3,50. Si se impone una transformación en ese sentido, sería un gran avance porque tendríamos energía barata y sustentable para el desarrollo.

-Se rumorea que el acuerdo con el FMI incluye un nuevo ajuste tarifario…

-El ajuste lo determinará la nueva fórmula de 60% IPC y 40% IPIM, en electricidad. Habrá que esperar para ver cómo se resuelve el tema del gas. Recordemos que la generación eléctrica está también atada al valor de producción de gas (es el principal insumo).

-¿Hay un defasaje también en la generación de energía eléctrica?

-Sí, pero menor. En electricidad, hay dos curvas. Una es el precio estacional, que lo pagamos nosotros y está en el orden de los 2 mil pesos por MW/h. La otra es el precio monómico, que está en $ 3 mil por MW/h. La diferencia entre un precio y el otro la paga el Estado. ¿Por qué es tan alto el precio monómico? Argentina tiene un pico de consumo, que llega a 26 mil megavatios. Además, tiene que tener instalado un 20% más de resguardo, por lo cual debería tener instalados unos 31 mil megavatios. Sin embargo, hay instalados 39 mil megavatios. Para sostener eso, el Estado financia una maquinaria que además de obsoleta es muy cara. Eso se podría eliminar y significaría un gran ahorro.

-¿Se han realizado las inversiones prometidas en distribución?

-No, los sindicatos del sector aseguran que no. Hay que volver a hacer la Revisión Tarifaria Integral, tanto en electricidad como en gas, porque las empresas de transporte y distribución no han cumplido con esas inversiones y se han dedicado a enriquecerse con una retribución excepcional. «

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