Categorías
Argentina Cash

Dólar, soja y fuga | Informe especial: Cómo opera el circuito del contrabando y la simulación de importaciones de la oleaginosa



“En casa de herrero, cuchillo de palo” es un viejo refrán que alude a la paradoja de un bien que debería abundar en cierto lugar y que, muy por el contrario, escasea. Tal parece ser el caso de la economía argentina, considerada como la tercera productora mundial de porotos de soja pero que aun así debe importar desde terceros países esos mismos porotos que sus tierras producen en abundancia.

Si esta paradoja ocurriera en nuestra economía solo de manera excepcional -por ejemplo, ante una disminución coyuntural de la producción agrícola por causas estacionales o por emergencias climáticas- o en contextos donde la existencia de importantes stocks de divisas disipara cualquier expectativa devaluatoria, no habría mayor motivo de preocupación. Sin embargo, la economía argentina no transita por ninguna de estas dos situaciones

Por el momento, el gobierno logró superar con éxito la tormenta cambiaria que se desató hacia fines de octubre cuando el dólar ilegal, el CCL y MEP iniciaron una escalada que parecía no tener techo. En esos días, los habituales voceros del establishment vaticinaban una inminente y brutal devaluación que, por otra parte, asumían como inevitable. Finalmente, ello felizmente no ocurrió y hoy la situación del mercado de divisas pareciera estar controlada.

Claro que la estrategia de intervención para tranquilizar al mercado cambiario no fue gratuita y tuvo su trade off: el precio de esta tranquilidad se pagó con reservas del BCRA que, como ya todos sabemos, son escasas. El stock bruto de reservas al cierre de diciembre (39.216 millones de dólares) mostró que, durante la última turbulencia, el Central debió desprenderse de poco más de 2.100 millones en divisas para lograr que volviera cierta calma al mercado.

Por su parte, el último balance cambiario publicado por la entidad señalaba que, al cierre de noviembre, se registró un nuevo déficit de 753 millones de dólares y que, a esa altura del año, la economía acumuló un “rojo” de 5.795 millones, lo que pone en relieve la clásica evidencia de que la economía argentina consume muchos más dólares que los que logra producir.

La magnitud de déficit no es grave en sí -hablamos de un punto del PBI- sino que la gravedad que hoy representa se debe al contexto económico en el que tiene lugar. Por ejemplo, durante la gestión del macrismo en el Banco Central (2016-2019) se registró en el balance cambiario un déficit acumulado en cuatro años de 57.983 millones de dólares, a un ritmo promedio de casi 14.500 millones por año que fue cubierto a través de un gigantesco endeudamiento, de mayores liquidaciones de agrodólares y del ingreso masivo de capitales especulativos. Hoy, el actual directorio debe enfrentar una situación menos relevante en términos cuantitativos pero seriamente agravada por el hecho de no poder contar con ninguna de las alternativas mencionadas.

La soja es hoy el “cuchillo de palo” del sector externo. Según datos del Indec, entre febrero y noviembre de 2020 se importaron poco más de 5 millones de toneladas de porotos de soja por un valor total de 1.900 millones de dólares, una cifra que tampoco sería relevante si no fuera por el contexto crítico que atraviesan las posiciones cambiarias.

El 92 por ciento de la oleaginosa sin procesar proviene de Paraguay, el resto de Brasil y, en muy menor medida, de Uruguay. ¿Cuál es la razón que justificaría que Argentina le compre porotos de soja a los países vecinos cuando es capaz de producir 50 millones de toneladas al año? Los productores y exportadores del complejo sojero suelen recurrir a los siguientes argumentos.

En primer lugar, destacan la necesidad del sector aceitero de cumplir en tiempo con sus compromisos de producción. Esto lo lleva a aprovisionarse en otros mercados de suficiente materia prima que ingresa al país en calidad de importaciones temporarias para, luego, procesarlo y exportarlo al mundo bajo la forma de aceite, harinas y pellets. Hasta aquí la respuesta parece más que atendible, si no fuera por algunas otras evidencias que la tornan inconsistente.

Entre febrero y noviembre, mientras el sector aceitero importaba un promedio mensual de poco más de medio millón de toneladas de soja sin procesar, no se registraban faltantes que justificaran estas compras. Tampoco se interrumpió la exportación, lo que hubiese sido aconsejable para abastecer a la industria local en vez de importar.

El ejemplo más claro para graficar esta situación tuvo lugar en agosto pasado: mientras los productores informaban la existencia de un stock de 14 millones de toneladas de porotos de soja, las aceiteras importaron 471.400 toneladas. Los agroexportadores, por su parte, declaraban ese mismo mes ventas al exterior por 250.150 toneladas que, de haber permanecido en el mercado local, hubiesen servido para absorber más de la mitad de los suministros externos demandados por las aceiteras.

Estas operaciones cruzadas y aparentemente descoordinadas tienen, por cierto, nombre y apellido. En agosto, más de la mitad de las exportaciones de soja a granel (132.000 toneladas) fue realizada por la cerealera santafesina Díaz y Forti SA, firma que también exportó en el mismo mes 25.000 toneladas de aceite de soja. Recordemos al lector que hace un mes el BCRA suspendió las operaciones de cambio de Díaz y Forti SA, una módica empresa que creció exponencialmente gracias a vínculos bastante opacos -hoy minuciosamente investigados- con la intervenida aceitera Vicentin.

Otra razón aducida por el complejo aceitero en favor de la importación es que la soja sin procesar de origen paraguayo posee un mayor contenido en proteínas que la que se cosecha en Argentina. Ello permite un proceso más eficiente de la molienda del poroto y, por ende, una mejor colocación del producto final en los mercados internacionales. Este problema planteado como una falta de aptitud de la naturaleza parecería no tener solución.

Sin embargo, un estudio producido por Martha Cuniberti y Rosana Herrero, investigadoras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) muestra que, entre 1997 y 2018, la soja cultivada en la Zona Núcleo (conformada por los principales departamentos agrícolas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) perdió 5 puntos porcentuales de valor proteico y que esta pérdida podría haber sido corregida con una adecuada rotación de cultivos y combinando, durante el proceso de industrialización, cantidades adecuadas de soja de 1ª (que tiene mayor contenido de aceite) con soja de 2ª (con mayor contenido proteico). “Estas pérdidas -señala este interesante estudio que el sector sojero parece haber ignorado- se trasladan al productor que recibe un precio menor, a la industria que disminuye su capacidad de molienda y al país por disminución de las primas de harina argentina implicando una caída importante en los ingresos por exportación, como primer exportador mundial de harinas proteicas”. De modo que no se trataría, entonces, de la falta de una aptitud natural de nuestros suelos ya que, luego de leer el informe, queda bien claro que “lo que natura non da, el INTA sí presta”.

Una tercera respuesta al fenómeno de la importación de soja es la que el propio sector evita comentar. Recientemente, las autoridades policiales y tributarias misioneras detuvieron y decomisaron en la localidad de San Vicente una decena de camiones cargados con soja (aproximadamente 250 toneladas) que se dirigían a Colonia Alicia, en la frontera con Brasil. La fuga de soja argentina desde Misiones al Paraguay y Brasil para eludir el pago de derechos de exportación es una modalidad recurrente del contrabando y, según algunas fuentes, moviliza cerca de 200 camiones semanales que se desplazan desde Chaco, Santa Fe e, incluso, de Buenos Aires hacia la frontera noreste.

En torno a este problema, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz, señaló que “cuando los granos no se liquidan oportunamente, no es sólo que quedan en el silo, sino que son objeto de contrabando”. Precisamente, parte de la soja que se fuga por la canaleta del contrabando es la misma que vuelve a ingresar al país bajo la modalidad de importación temporaria para ser procesada en las plantas de molienda locales.

Es importante recordar, además, que el régimen de importación temporaria permite que el industrial aceitero pueda deducir el valor de la importación de la materia prima de la base imponible sobre la que se aplican los derechos de exportación que debe pagarle al fisco argentino, de modo tal que solo debe abonar el gravamen por el valor agregado del procesamiento industrial. Ahora bien: ¿qué sucede en términos tributarios si una empresa lograra pasar de contrabando soja a granel a través de alguna de nuestras fronteras con destino a una filial o empresa asociada, por ejemplo, en Brasil o Paraguay para, luego, importar legalmente esa misma soja, en carácter temporario, para producir aceite, venderlo al exterior y pagar derechos de exportación solo por la diferencia de precios existentes entre el aceite y la materia prima? La respuesta es bien sencilla. Tan sencilla, que obliga a mencionarla en voz baja.

En muchos meses consecutivos de esta larga pandemia y sus consecuencias más evidentes (retracción económica, caída de reservas y restricción cambiaria), las miradas del gobierno y de los principales medios estuvieron puestas en el goteo incesante de reservas para satisfacer el deseo de atesoramiento de los pequeños ahorristas, habilitados a comprar de a 200 dólares por mes con el fin de preservar sus ingresos o para obtener una pequeña renta diferencial haciéndolos puré en el mercado ilegal. No intento minimizar este fenómeno sino señalar apenas que, mientras esto ocurría, también sucedían estas otras fugas más relevantes y sofisticadas, sin duda. Fugas sobre las que se habla muy poco y distorsionadas con operaciones mediáticas e infundadas denuncias sobre un supuesto avance del gobierno sobre la propiedad privada.

Una decidida estrategia de intervención pública en el mercado de granos, que no se agote en su aspecto exclusivamente cambiario y que se proponga coordinar la demanda y la oferta, evitando faltantes para el proceso industrial y, al mismo tiempo, combatiendo el contrabando y otras operaciones más complejas de evasión o elusión impositiva, aconsejan a todas luces que la cuestión un lugar de primer orden en la agenda pública. Sin estridencias ni anuncios oficiales que luego deben ser retrotraídos.

En nuestra economía el complejo agroexportador en general -y el complejo sojero en particular- es, tradicionalmente, el principal generador de divisas. Es razonable pensar entonces que el control, la regulación y la transparencia en todas estas actividades merecen una acción coordinada y efectiva de numerosas agencias gubernamentales, y no solo de la cartera económica o del Banco Central de manera aislada.

Por lo pronto, el esfuerzo público por frenar el drenaje de más de 1.900 millones de dólares anuales que van a parar a otras economías en vez de reinvertirse en el país bien vale la pena.

 

(*) Politólogo (UBA). Director de la consultora Tramas & Tendencias. [email protected]

 

CLAVES: contrabando dólares

* El 92 por ciento de la soja sin procesar proviene de Paraguay, el resto de Brasil y, en muy menor medida, de Uruguay.

*  La fuga de soja para eludir el pago de derechos de exportación es una modalidad recurrente del contrabando.

* En agosto, más de la mitad de las exportaciones de soja a granel fue realizada por la santafesina Díaz y Forti SA, vinculada a la intervenida Vicentin.

* El control, la regulación y la transparencia del complejo sojero merece una acción coordinada de las agencias gubernamentales.

 



Fuente link:

Categorías
Argentina Cash

Las dos fases de la ortodoxia | Se acusa al Gobierno al mismo tiempo de populista y ajustador



Los medios que usan y abusan de la teoría económica ortodoxa presentan dos tipos de análisis contrapuestos y contradictorios de la política del gobierno del presidente Alberto Fernández. En los que informan a los sectores medios y populares se afirma que es un programa de austeridad, de ajuste, mientras que los orientados a “informar” a la patronal y al personal jerárquico empresarial, se evoca el derroche y la impericia populista.

Esta aparente paradoja deriva del desconcierto de los “expertos” y de los “periodistas especializados” frente a la capacidad evidenciada por el gobierno para sortear los múltiples escollos económicos que debió enfrentar: la eminencia del default de la deuda, alta inflación, el elevado desempleo con recesión a lo cual, a partir de marzo, se agregó la crisis económica mundial provocada por la codiv-19.

Los medios explicaban sabiamente en un pasado reciente que la emisión monetaria utilizada para financiar el gasto del Estado provocaba la inflación pero ocultaban que desde el comienzo de la Gran Recesión de 2008 los bancos centrales de las potencias económicas aumentaban la masa monetaria como nunca desde la segunda guerra mundial y no había inflación. La dificultad de la ortodoxia fue mayor ya que con la política económica llevada adelante por el gobierno peronista hubo un incremento de la emisión monetaria pero la inflación bajó de más de 20 puntos porcentuales, aunque Macri con la “emisión monetaria ‘0’” imponía a los argentinos una inflación del 53,8 por ciento en 2019.

Un segundo aspecto que dio por tierra las previsiones apocalípticas hechas por los expertos lo constituyó la renegociación entablada con el objetivo de eludir el default de la deuda externa en manos privadas y bajo legislación norteamericana dejada por la Alianza Cambiemos. Se consideraba que el gobierno peronista, con pocos “contactos” y enfrentado ideológicamente con el FMI fracasaría, entraría en un cuantioso default de la deuda privada y aplicaría un programa de austeridad, de ajuste, para pagarle los 48 mil millones de dólares pedidos por el ex presidente el 8 de mayo de 2018 al FMI. Como contracara de la moneda en los medios de comunicación masiva se estableció en consecuencia que el programa del ministro Martín Guzmán era, como no podía ser de otra manera, un “ajuste”, un programa de austeridad, para satisfacer a las exigencias primero de los fondos especulativos y ahora del FMI.

Un programa de ajuste significa una disminución de la demanda global que es la suma del consumo privado más el consumo público a lo que hay que agregar la inversión pública y la inversión privada más las exportaciones. Un análisis somero muestra que en lo que hace al consumo privado, que es la principal componente de la demanda, el rechazo de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos y la telefonía, Internet y televisión, su “desdolarizacion”, así como de los alquileres y el programa de Precios Cuidados permitieron limitar el impacto negativo de la crisis en el poder de compra de los salarios. En el segundo y tercer trimestre la pérdida de ingresos de los sectores más necesitados de la población debido a la pandemia fue en parte compensado por las ayudas del Estado, en particular el IFE. El consumo público se incrementó con el aumento de las diversas ayudas a las que se agregaron con la pandemia el ATP. 

En cuando a la inversión pública se aceleró ya que el ministro Gabriel Katopodis y los gobernadores terminaron las obras iniciadas por la anterior gestión macrista que habían sido dejadas al abandono. Esto explica, en parte, el fuerte repunte de la construcción y las pulsiones especulativas sobre los precios de los materiales. Hay que agregar que una parte sustancial de presupuesto nacional se orientó justamente a sostener la demanda global para reactivar la economía y en el presupuesto 2021 los gastos para apuntalarla y combatir la pobreza y continuar así con la reactivación económica constituyen cerca del 60 por ciento del mismo. En cuanto a la inversión privada ha sido reforzada con las diversas ayudas y la baja de la tasa de interés, pero las empresas solo comenzarán a invertir cuando alcancen una utilización más elevada de la capacidad ya instalada facilitada por la reactivación.

La afirmación de los medios que atribuye a Guzmán la intención de aplicar un plan de ajuste es falsa por lo indicado pero además está en contradicción con sus convicciones e ideas económicas explicitadas en su crítica moderada, pero argumentada y profunda de la teoría neoliberal emitida en reiteradas oportunidades y que lo ubican así como formando parte de la corriente de los “Nuevos Keynesianos”. Dicha orientación del pensamiento económico agrupa economistas como Paul Krugman, Michael Spence, Janet Yellen, Bradford DeLong, Joseph Stiglitz, Lawrence Summers, Olivier Blanchard, etc.. Estos economistas argumentan que no solo se debe tratar de incrementar la demanda global vía el déficit presupuestario y la baja de las tasas de interés, como señalaba Keynes, sino que también se deben corregir los problemas estructurales como son la política fiscal regresiva, la viscosidad de los precios en las estructuras oligopólicas de los mercados y la asimetría de la información. Rechazan además explícitamente las políticas de contracción de la demanda para salir de las crisis económicas.

A mediados de julio el ministro Guzmán señaló, contrariamente a lo que argumentaban los ministros neoliberales de la anterior administración, que no pensaba reducir el gasto público porque ese no era la orientación de la política económica del gobierno. Sus recientes declaraciones en PaginaI12 confirman claramente que el mentado ajuste es una obsesión de los medios para crear zozobra en los ciudadanos.

Los medios especializados ya sea los diarios financieros, las “notas confidenciales”, las “newsletter”, los informes de coyuntura enviados a los “clientes” o las ponencias en las revistas especializadas hacen gala de un autismo teórico permanente. Afirman contrariamente a lo antes señalado que la política económica del gobierno es un derroche de dadivas, planes y gastos inútiles financiados mediante la emisión monetaria y la política fiscal que se traducen en una fuerte inflación aunque esta haya disminuido y que se traducirá tarde o temprano en un “hiper” incremento de los precios.

Estos medios han cesado de hablar de economía, ignoran los datos estadísticos afirmando que la “presión fiscal es la más alta del mundo”, y fundan su catastrofismo afirmando que la emisión monetaria es vista con “desagrado por los mercados”. Lamentan que el gobierno peronista no facilite las ganancias de los grupos concentrados y que proceda a una redistribución del ingreso favorable a los sectores medios y populares así como al desarrollo industrial. Otros postulan que sería importante que el gobierno se “anclara” con el FMI o si se prefiere que los peronistas ineficaces dejen que la política económica sea diseñada por los “super técnicos” del FMI que le otorgaron el exuberante préstamo a Macri ya que es necesario “cambiar de modelo”.

Como lo indicaba un diario financiero de referencia internacional los medios elaboran análisis económicos que confortan las creencias profundas de sus lectores o escuchas aunque no reflejen la realidad. Pero en este caso lo que no deja de sorprender es que los medios especializados finjan ignorar las importantes evoluciones que se han operado en el pensamiento y las propuestas de los autores que defienden la teoría ortodoxa ya que la Gran Recesión del 2008 y la crisis de la codiv-19 han trastornado el debate económico.

Entre los temas en debate señalemos el rol de la emisión monetaria y de los bancos centrales, la función de la deuda publica, el libre cambio, el control de los mercados financieros, la relocalización industrial y la sustitución de importaciones provenientes de China y la India. Estas nuevas orientaciones aparecen donde menos se las esperaba y pueden ilustrarse con las posiciones asumidas por Carmen Reinhart una economista cubano-norteamericana, ultra ortodoxa, que es la actual economista en jefe del Banco Mundial nombrada con la bendición de Trump. En recientes declaraciones expresó que “primero hay que batallar y ganar la guerra y después pensar como pagarla” sin aparecer para nada preocupada por el problema inflacionario o de la deuda pública que antes la desvelaba. Ha defendido la ayuda que la institución va a desplegar: un monto de 160 mil millones de dólares para los países con un bajo PIB per capita para enfrentar la situación de la crisis económica actual. Se podrá argumentar que este gasto es poco elevado e insuficiente pero constituye un cambio radical en la política del organismo.

La crítica de la política económica del gobierno peronista por parte de los “expertos” y los periodistas especializados aparece así claramente desfasada respecto de la realidad no solo nacional sino también internacional. Es posible que en un tiempo futuro los economistas ortodoxos vuelvan a enamorarse de sus viejas ideas pero, por el momento, la realidad se impone a todos.

* Doctor en Ciencias Económicas de la Université de Paris, Autor de « La economía oligárquica de Macri” Ediciones CICCUS Buenos Aires 2019.

[email protected]



Fuente link:

Categorías
Argentina Cash

Las razones de la suspensión temporal de las exportaciones de maíz | Garantizar el abastecimiento interno y evitar un fuerte salto de precios de alimentos



Varias asociaciones de productores y propietarios agropecuarios lanzaron protestas contra el “cepo” a la exportación de maíz. Así denominaron al reciente cierre temporal del registro de exportaciones de maíz dispuesto por el gobierno, con el objeto de garantizar el abastecimiento interno del grano hasta que avance la próxima cosecha. La justificación oficial de la medida es que ya se había exportado el 89 por ciento de la cosecha anterior, por lo que se ponía en riesgo el abastecimiento para los productores de carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot.

El cierre temporal de las exportaciones se da en un contexto global donde los precios de las materias primas subieron mucho, con un maíz que casi acaricia los 500 dólares por tonelada (meses atrás rondaba los 310). Los elevados precios internacionales se habían reflejado en el mercado local, donde la tonelada de maíz pasó de 8000 pesos a casi 17.000 pesos en sólo ocho meses. 

La suba del precio del maíz presiona sobre el precio interno de varios alimentos que lo utilizan como insumo, y el desabastecimiento puede implicar subas bruscas en precio de productos socialmente sensibles.

El cierre temporal de las exportaciones es una medida de emergencia que el presidente Alberto Fernández justificó por el estado de excepción que impone la pandemia. También cuestionó que “producen en pesos, pero ¿por qué los argentinos pagan el kilo de asado como lo paga un alemán?”. 

Del lado de los asociaciones patronales del campo señalaron que la medida podía ser contraproducente al desincentivar la inversión para la próxima siembra, argumento de dudosa fiabilidad ante los valores record del maíz y el carácter temporal del cierre del registro.

El debate sobre cómo lograr que en un país productor de alimentos para el mundo garantice el abastecimiento alimentario para toda su población es de larga data, y se lo puede rastrear hasta la aparición de los saladeros y los conflictos por la suba del precio de la carne en los comienzos de la independencia. 

Los intentos por resolverlo fueron variados, desde el monopolio estatal del comercio de granos en tiempos de Perón, a su desregulación total para que se igualen a los precios internacionales en diversos gobiernos liberales, pasando por medidas intermedias como las retenciones a la exportación o los subsidios para el consumo interno.

Los dos intentos más auspiciosos de Alberto Fernández sobre la cuestión quedaron empantanados. La “mesa de los argentinos contra el hambre” que había empezado con el impulso de la Tarjeta Alimentar no pudo avanzar más allá de ese subsidio monetario del Estado. El último intento estatal de hacer pie en el sector vía la expropiación de Vicentin se frustró ante la oposición del establishment y su brazo judicial. Esa falta de resultados termina socavando el intento oficial de cerrar la grieta, que se reabre en el tradicional conflicto entre grupos exportadores de granos y un gobierno popular preocupado por la mesa de los argentinos.

@AndresAsiain



Fuente link:

Categorías
Argentina Cash

Las claves de la sorpresiva venta de Edenor   | Pampa Energía de Marcelo Mindlin entregó la compañía a la sociedad Vila-Manzano-Filiberti a precio ganga



El lunes 28 de diciembre tras el cierre de los mercados bursátiles, el grupo Pampa Energía dio a conocer la venta del paquete accionario de Edenor a las empresas Energía del Cono Sur e Integra Capital de los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti.

La venta, finalmente concretada luego de varias semanas de rumores, significa una de las principales operaciones del ámbito corporativo de los últimos años. Los nuevos dueños desembolsarán durante el próximo año 95 millones de dólares en cuotas por el 51 por ciento del paquete accionario en manos del grupo económico capitaneado por Marcelo Mindlin. De esta manera se hacen con el control de la principal distribuidora de energía eléctrica del país con más de 3 millones de usuarios y el 20 por ciento del segmento de distribución.

El cambio de manos de Edenor dejó abiertas un par de preguntas flotando en el aire: 

1. Por qué Pampa Energía decidió vender en estos momentos.

2. Qué estrategia está abordando el grupo o las relaciones políticas que Vila-Manzano-Filiberti puedan tejer para conseguir una nueva recomposición tarifaria.

Sin embargo, nada de esto puede entenderse sin un recorrido por la historia de Edenor y de Pampa Energía.

Privatización y argentinización

Surgida de la ex SEGBA, Edenor fue creada como una empresa de distribución de energía eléctrica que reviste carácter de monopolio natural, con reserva zonal de mercado y que presta servicio en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y en 20 partidos del conurbano bonaerense.

Concretada la privatización en 1992, su control quedó en manos de la francesa Électricité de France y contó con participaciones minoritarias del grupo local Astra, de la española Endesa y del banco JP Morgan.

Esta situación comenzó a cambiar tras la crisis 2001-2002. La sanción de la ley de Emergencia Publica y Reforma del Régimen Cambiario ordenó desdolarizar y desindexar las tarifas de servicios públicos y llamó a una renegociación de los contratos de dichas prestadoras. 

Los cambios regulatorios afectaron la rentabilidad extraordinaria que las empresas venían teniendo desde las privatizaciones y comprometieron su situación financiera, ya que pasaron a tener tarifas pesificadas con deuda contraída en dólares. A su vez, tanto desde el plano discursivo como desde los entes regulatorios, el gobierno de Néstor Kirchner comenzaba a cuestionar el lugar que el capital extranjero jugaba en los servicios públicos.

En ese contexto ingresa en escena Marcelo Mindlin y su fondo Dolphin Fund Management. En 2003 se rompe la sociedad que tenía con Eduardo Elsztain en IRSA, Mindlin junto a un grupo de socios se lanzó a la compra de activos en el sector energético. En primer lugar, incorporó a su cartera a Transener, empresa monopólica de transmisión de energía, por 48,5 millones de dólares y a Edenor, por 100 millones de dólares en 2005.

Pampa Energía

La estrategia del fondo Dolphin, cuyo nombre cambió por el de Pampa Energía en 2006, consistía en adquirir activos a precios de remate y en una delicada situación financiera para, posteriormente renegociar la deuda en default y esperar que concluya el llamado a la Revisión Tarifaria Integral pudiendo así reconstruir los ingresos y el valor de mercado de las empresas.

La estrategia no fue sólo implementada por Pampa Energía. En el mismo periodo diferentes grupos empresarios se hicieron con activos en el sector energético, entre ellos las familias Caputo, Escasany, Miguens Bemberg y Guillermo Reca, pasaron a formar parte de Central Puerto y Edesur. Como característica común compartían la total falta de experiencia en la actividad energética y, en su mayoría, trayectorias laborales vinculadas a las finanzas.

Si bien durante los 2000 Pampa Energía se expandió a toda la cadena energética, su principal objetivo, el aumento de tarifas, sufría permanentes postergaciones. El grupo nunca logró acceder a que el ministro de Planificación, Julio de Vido, quien tenía la llave para destrabar estos aumentos se los concediera. Hacia el 2011 se comenzó a fraguar la ruptura entre el grupo económico y el gobierno nacional. De los enfrentamientos velados se pasó a criticas abiertas por la situación económica de la empresa e incluso a presentaciones judiciales.

Durante el último periodo del kirchnerismo, con inflación creciente y tarifas congeladas Edenor llegó a tener patrimonio neto negativo, retaceó inversiones y pagos de energía a Cammesa, volviéndose totalmente dependiente de subsidios compensatorios crecientes, lo cual redundó en la calidad del servicio prestado.

Tan cierto como esto, fue el hecho de que Pampa Energía utilizó a Edenor para hacerse del control de empresas distribuidoras del interior, las cuales vendió con importantes ganancias al poco tiempo de adquirirlas. Edenor también recurrió a la práctica de otorgar créditos a subsidiarias e incrementó la remuneración que recibía el directorio de la empresa.

Cambiemos y el tarifazo

Fue tal la expectativa suscitada por el gobierno de Mauricio Macri en el sector, que entre octubre de 2015 y enero de 2018 la acción de la compañía subió 390 por ciento, pasando de casi 13 dólares en la bolsa de Nueva York a 63 dólares.

En el mismo periodo, mientras el Ministerio de Energía se completaba con la mayoría de sus cargos directivos integrados por ejecutivos con trayectoria en puestos de alta gerencia en el sector privado relacionados con la actividad energética, Edenor recibía una recomposición de sus ingresos vía incremento de tarifas, que pasaba para un consumo medio de 1,5 dólares mensuales a más de 15,0 dólares: un aumento del 892 por ciento.

La gestión de Mauricio Macri también habilitó la generación de nuevas oportunidades de negocios y el sector energético no fue la excepción: desde la venta de las centrales térmicas Ensenada Barragán y Brigadier López hasta los contratos PPA (Power Purchase Agreement) a 20 años y nominados en dólares en energías renovables. 

En este marco, Pampa Energía compró en julio de 2016 los activos de Petrobras Argentina en una operación cerrada en 1000 millones de dólares. Lo distintivo fue que la compra involucró un préstamo intraempresas del propio grupo y otro préstamo de YPF. Una empresa con mayoría estatal financiando una operación entre privados.

Crisis económica mediante, la experiencia del macrismo en el poder significó entre otras cosas una profunda destrucción de valor de los activos argentinos. Cuando Cambiemos entregó el gobierno en diciembre de 2019, la acción de Edenor había perdido el 90 por ciento de su valor desde el máximo que alcanzó en el verano de 2018.

Tarifas

Los periodos de recambio gubernamental y de crisis económicas suelen abrir el juego a movimientos al interior del poder económico. La actual situación con la venta de Edenor por parte de Marcelo Mindlin ofrece algunas características similares a las vividas 15 años atrás cuando Pampa Energía ingresó al negocio, pero también importantes diferencias.

Por un lado, estamos ante una empresa con una deuda financiera de 111 millones de dólares, de los cuales 98 millones corresponden a una Obligación Negociable que vence en 2022 y cuyo pago semestral viene cumpliéndose regularmente. Es decir, la empresa no afronta un stress financiero como ocurrió tras el fin de la convertibilidad. De hecho, tiene una posición de caja neta de deuda financiera de 3,1 millones de dólares.

Por otro lado, se trata de una compañía que puede mostrar mejoras destacables en sus estándares de calidad de servicio tanto en términos de duración como de frecuencia de las interrupciones de este, situación divergente vis a vis Edesur, cuestionada crecientemente por los usuarios y por intendentes del Gran Buenos Aires.

Por último, está la cuestión tarifaria: suspendidos los aumentos desde la campaña electoral de 2019, la empresa sostiene en su ultima presentación ante inversores que sus ingresos llevan un retraso del 68 por ciento a noviembre de 2020

A su vez, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se encuentra intervenido desde marzo de este año y abocado a una revisión tarifaria que tiene un plazo máximo de 2 años. El ENRE se encuentra a cargo de Soledad Manín, colaboradora del exinterventor Federico Basualdo, vinculado políticamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y uno de los críticos más enconados de los tarifazos durante la gestión de Cambiemos.

Vila-Manzano-Filiberti

Tarifas congeladas, perspectiva incierta sobre futuros aumentos y control del ente regulador a cargo del kirchnerismo. Es aquí donde entra a tallar la operación que Pampa Energía cerró con Vila-Manzano-Filiberti.

La sociedad Vila-Manzano se remonta a mediados de la década de 1990 cuando se expandió en la actividad de medios de comunicación. En la década siguiente también se insertó en el sector energético vía Andes Energía/Phoenix Global Resources: producción de hidrocarburos, participación accionaria en Metrogas y control de la distribuidora eléctrica mendocina Edemsa.

Tan importante como esta trayectoria son los vínculos políticos de José Luis Manzano con el peronismo. De líder de la renovación en los ‘80 a ministro del Interior de Carlos Menem y abanderado de las privatizaciones, puede exhibir una nada despreciable capacidad de llegada al elenco gobernante, algo que pese a reiterados intentos Mindlin nunca terminó de construir, incluso habiendo reclutado para Pampa Energía a ex funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal.

No se puede soslayar que los rumores sobre el desprendimiento de Edenor vienen de larga data y contrariamente a su estrategia inicial, hoy Pampa Energía se encuentra focalizado en la generación de energía eléctrica y en la producción de hidrocarburos no convencionales en la formación Vaca Muerta. La venta de Edenor viene a cerrar el círculo iniciado con la compra de Petrobras Argentina.

Sin embargo, de fondo resuenan los conflictos que Mindlin y compañía tuvieron durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner por la cuestión tarifaria, así como la cercanía al macrismo y la compra de la constructora Iecsa al primo del expresidente, Ángelo Calcaterra, en una maniobra que incluyó la participación de firmas offshore a la fecha no esclarecida.

Hoy el grupo se desprende de una empresa cuya capitalización de mercado es de 168 millones de dólares pero que llegó a valer 2800 millones de dólares. Hasta dónde se arriesga Mindlin a cerrar una operación por mucho menos de su valor cómo un modo de encauzar su vínculo con el gobierno, y qué capacidad de maniobra tienen los nuevos dueños de Edenor para conseguir un nuevo esquema tarifario que incremente la rentabilidad de la empresa son cuestiones para tener presente en el devenir del sector energético.

* Investigador del Centro de Estudios Sociales de la Economía-Universidad de San MartÍn. [email protected]



Fuente link:

Categorías
Argentina Cash

Google: cuando se cae el gigante | Los peligros de los apagones tecnológicos



El lunes 14 de diciembre Google sufrió un nuevo colapso momentáneo. Los chistes de gente aburrida, imposibilitada de trabajar, se multiplicaron en la red en forma de memes, comentarios ingeniosos y demás, que llegaban de todas partes del mundo. Si bien duró solo cuarenta y cinco minutos aproximadamente, sus efectos invitan a la reflexión.

En 2019 Google facturó 161.857 millones de dólares, 18 por ciento más que el año anterior. En el tercer trimestre de 2020 había crecido un 14 por ciento interanual. ¿Cómo lo consiguió? Sobre todo de la publicidad y de lo que se suele llamar la “economía de la atención”: Google debe producirla para que anunciantes puedan ofrecer y, eventualmente, vender sus productos. Concretamente, la corporación es responsable del 88 por ciento de las búsquedas online, el 85 por ciento de los celulares globales utiliza su sistema operativo Android, el 74 por ciento de lo videos se ven en YouTube (que le pertenece). 

Por estos medios Google vendía en 2019 más del 30 por ciento de la publicidad online global, peleando con Facebook (20 por ciento) y Amazon (8 por ciento). Más del 80 por ciento de sus ingresos en el último trimestre dependió de la publicidad.

Cada aviso que muestra la empresa a través de sus diversas plataformas reporta unos pocos centavos, por lo que depende de la automatización y el volumen de atención que produce y gestiona para hacer que el negocio sea rentable. 

Para eso Google necesita mantener a los usuarios dentro de su ecosistema, más allá de que algunas herramientas no permitan mostrar publicidad. Por ejemplo, Chrome tiene un 70 por ciento de penetración y es, sobre todo, una aspiradora de datos sobre los intereses de los usuarios, lo que le permite segmentar mejor (mucho mejor) la publicidad. 

Información

Google Workspace, lo que antes era G Suite y antes aún Drive, es una enorme plataforma de trabajo colaborativo utilizada por más de 2000 millones de personas en todo el mundo, aproximadamente un cuarto de la población mundial. 

El 85 por ciento de los celulares del planeta usa Android y un tercio de la población global utiliza Gmail. También tiene el 7 por ciento del mercado global de servicios en la nube, en el que se ve superado por Amazon (32 por ciento) y Microsoft (19 por ciento).

Cuando se tienen en cuenta estas cifras, 45 minutos ya no parecen tan poco. Ni siquiera teniendo en cuenta que, según Google, sólo el 14 por ciento de los usuarios se vio afectado: cabe aclarar que nadie podría comprobarlo realmente ya que no existe entidad reguladora que pueda acceder, comprender o procesar esos volúmenes de información

Puede resultar gracioso que a causa de la caída de Google quienes tenían su casa conectada a un asistente virtual ni siquiera podían encender las luces. Pero la realidad es que no solo los Youtubers dejaron de facturar, sino que también empresas, universidades, escuelas o emprendedores repentinamente se quedaron mirando el techo o corrieron a Twitter para ironizar sobre el descanso forzado por agendas, reuniones virtuales, mails o documentos online inaccesibles. Nada podían hacer porque carecen de control sobre sus propias herramientas de trabajo.

Más preocupante aún es que en el Estado mismo se utilicen estas herramientas porque son más prácticas y “todo el mundo las conoce”, aunque cada tanto se paralicen por un tercero que puede o no resolver el problema, pero sobre el que no se puede incidir. Cantidades vitales de información necesaria para la actividad cotidiana escapan al control de quienes la necesitan.

Soberanía

Cada tanto se produce alguna caída de diversas intensidades. En agosto de este mismo año algunas herramientas dejaron de funcionar por seis horas. Google no es la única corporación que sufre estos bajones, por supuesto. Las caídas de los servicios de Facebook, como la plataforma misma, Instagram, Whatsapp o Messenger (las aplicaciones cuatro más utilizadas en celulares) no producen tal descalabro porque son mayormente utilizadas para socializar.

Google, Amazon, Facebook y Apple son acusadas de prácticas monopólicas dentro de Estados Unidos. Mientras tanto en todo el mundo hay una entrega inconsciente o resignada a las herramientas que estas corporaciones producen sin demasiado cuestionamiento sobre la conveniencia de que infraestructura vital para la actividad cotidiana quede fuera de control de los individuos, las instituciones y el Estado.

¿Cuántos de estos servicios básicos, muchos de ellos fundamentales para el desarrollo autónomo de una país se podrían sostener con los recursos locales? Es cierto que estas empresas acumulan más recursos, datos, ingenieros o poder de procesamiento que la mayoría de los Estados. Pero la misma asimetría existe en materia financiera, científica, militar, sin que por eso no se siga buscando avanzar en ese sentido. El trabajo puede ser arduo y lento, pero resignar la soberanía tecnológica no parece ser la mejor opción.





Fuente link:

Categorías
Argentina Cash

Bitcoin: las claves de las monedas digitales | El precio de la criptomoneda se multiplicó por cuatro en los últimos doce meses



Los números financieros del 2020 producen contradicciones desde todos los ángulos. El mundo atravesó una crisis dramática en términos sanitarios y económicos. Al mismo tiempo que se desplomaron los niveles de demanda agregada en las potencias como Estados Unidos sus acciones alcanzaron nuevos record en las bolsas de Nueva York.

Las compañías del Nasdaq acumularon en doce meses ganancias promedio del 44 por ciento. En este índice predominan las empresas de tecnología, como Amazon, que se beneficiaron por los cambios en el patrón de consumo de la población durante la pandemia.

Pero también las empresas del S&P 500 finalizaron 2020 con un nuevo record al acumular un alza media de 16 por ciento y las de Dow Jones del 7 por ciento. Las industrias tradicionales terminaron el año financiero mejor de lo que lo empezaron a pesar del desplome económico.

Esta lista de activos con retornos importantes va más allá de las acciones. El precio de las materias primas como la soja subió 40 por ciento y el oro 25 por ciento. Si bien estas inversiones fueron buenas apuestas el año dejó un ganador indiscutido: el bitcoin.

La criptomoneda superó un pico de 29 mil dólares en la última jornada del año. Al inicio del 2020 se compraba por 7 mil y llegó a valer menos de 5 mil en el primer semestre. Puesto de otra forma: el precio de la moneda digital se multiplicó por cuatro en los últimos doce meses.

Estas subas extraordinarias reflotaron los debates sobre las criptomonedas. Las discusiones se centran principalmente en si existe una burbuja, si el bitcoin puede reemplazar al oro como reserva de valor global y si su tecnología es ambientalmente sustentable.

Pero el debate más atractivo de los próximos años posiblemente irá en otra dirección: la disputa entre monedas digitales privadas versus monedas digitales estatales. Se trata de una discusión que no es exclusiva de economistas, ingenieros informáticos e inversores.

La teoría de la historia juega un papel importante en el rol que pueden o no pueden tomar los criptomonedas en las próximas décadas. Por el momento los analistas menos optimistas mencionan que parece improbable que un país permita la circulación masiva de monedas privadas con reglas independientes a las del gobierno.

La prueba más clara es el protagonismo que empezaron a tener los desarrollos estatales para lanzar monedas digitales propias. China está a la cabecera de estos avances y posiblemente sea la primera economía del mundo en digitalizar masivamente su circulante.

La tecnología del yuan digital no será exactamente igual a la de las criptomonedas porque no usará blockchain pero si aprovechará lo mejor de la criptografía y el uso de cuentas loose coupling para permitir pagos sin conexión a internet. La idea es replicar el uso del billete.

En uno de los últimos informes del Instituto Internacional de Finanzas se hace un repaso interesante sobre las posibles ventajas del yuan digital y se asegura que “todos los países están a la expectativa de su lanzamiento para ver cómo funciona y qué aprender”.

Desde países desarrollados como Japón hasta economías emergentes como Turquía pretenden avanzar en esta misma dirección.

Esto no implica necesariamente que las monedas digitales privadas estén destinadas al fracaso. La arquitectura financiera internacional se encuentra en un momento de transición y lección de la historia es que lo que ahora luce improbable puede rápidamente dejar de serlo.

Los analistas optimistas usan este argumento para plantear que las monedas digitales privadas –desde el proyecto descentralizado del bitcoin hasta los proyectos centralizados como Libra (Diem) de Facebook- tienen espacio para prosperar.

Detrás de esta idea existe una hipótesis sobre la tendencia con la que se mueven las sociedades. Se considera que el mundo continúa fragmentado políticamente pero los Estados tienen cada vez menor independencia. Se encuentran atados al mandato de mercados globales, grandes firmas de escala mundial e instituciones no gubernamentales.

Puesto de otra forma: los Estados pierden lugar contra una elite global que define la hoja de ruta de las sociedades, y las mantiene unidas con una cultura e intereses comunes. Con esta lectura no resulta ilógico pensar en el futuro en la necesidad de masificar una moneda digital privada.



Fuente link:

Categorías
Argentina Cash

Carlos Melconian: exponente de la autodenigración nacional | Ocultar datos de otros países para confundir con que el derrumbe es sólo de la economía argentina



“¿Qué estamos discutiendo?, ¿paz cambiaria?, ¿chiquitaje berreta? ¡Berretalandia!”, exclamó el economista Carlos Melconian en un reciente artículo, donde también se sorprende que el ministro de Economía, Martín Guzmán, al que califica de “mentiroso”, siendo “una persona formada en una universidad americana (…) viene y se mete al pedo en el quilombo de la política”. 

Para el ex titular del Banco Nación en el gobierno de MauricioMacri, “la Argentina en lugar de guardar y acumular, ahora no tiene fondos de pensión, crédito externo, interno y terminemos de hablar quién lo hizo o por qué vino”. 

Luego de alabar el gobierno de Menem donde hubo “estabilidad” y una mejora de 30 puntos en la “calidad de vida”, indica que este año “de 190 países en el mundo (en la Argentina) se han tenido los peores resultados”. Por último concluyó que “el desaguisado macroeconómico es querer inventar que se puede emitir moneda y no vas a tener inflación, que se puede poner tres policías a controlar el dólar”.

La calificación de “berretalandia” hacia la economía argentina es una demostración del menosprecio hacia la realidad nacional típica del tilingo formado con una mentalidad colonial. En un mundo donde la principal superpotencia la manejaba un personaje desbocado que llegó a decir “está helando y nevando en Nueva York, necesitamos el calentamiento global”, Melconian sigue obnubilado por las luces del centro global. 

Así califica como admirable que Guzmán haya estudiado en una universidad “americana”, borrando con un adjetivo todos los países del continente excepto los Estados Unidos, y se sorprende que haya dejado su cargo en esos ámbitos académicos para ser ministro de Economía de su país, hecho que asocia negativamente con el “quilombo de la política”.

La autodenigración nacional la sostiene a costa de fraguar absurdamente los datos para generar una imagen falsa del derrumbe de la economía de este año, que no difiere en forma sustancial de las proyecciones del FMI para Italia (-10,6 por ciento), España (-12,8), Portugal (-10,0), India (-10,3), Perú (-13,9) o Ecuador (-11,0). 

Más si se toma en cuenta que las perspectivas de nuestra economía ya eran bastante bajas dada la pesada herencia del gobierno de Macri del que Melconian formó parte. Tal vez por ello, prefiere no hablar de “quién lo hizo o por qué vino” cuando señala la ausencia de crédito externo o interno. Casualmente, la gestión de Macri generó el sobreendeudamiento que derivó en el actual cierre de los mercados financieros internos y externos. También fue economista de consulta del tercer intento presidencial de Carlos Menem. Vale recordar que en esa década del ’90 la deuda se incrementó exponencialmente gestando el estallido y default que sepultaría la convertibilidad en 2001.

El berretismo de Melconian continúa en su análisis macroeconómico, donde repite que el problema es la emisión monetaria que genera inflación contra la evidencia empírica. ¿Acaso olvida que el reciente programa de emisión cero de Macri y el FMI derivó en récord inflacionario? ¿En su consultora no le informaron que el actual récord de emisión convivió con una baja en las tasas de inflación?

@AndresAsiain



Fuente link:

Categorías
Argentina Cash

¿Liberales en lo económico y conservadores en lo social? | La supuesta contradicción es coherencia conceptual



Con el debate sobre la ley de aborto legal, seguro y gratuito volvió a quedar a la luz en las últimas semanas una cuestión que en principio parece paradójica: gran parte de los sectores políticos caracterizados como liberales se oponen al proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo. 

En primera instancia parece contradictorio que aquellos sectores que agitan sistemáticamente la bandera de la libertad se opongan a la posibilidad de que las mujeres decidan libremente sobre su cuerpo.

En el terreno económico los liberales sostienen que la economía de mercado constituye la mejor manera de garantizar el crecimiento y la mejora del nivel de vida de una sociedad. De esta forma el funcionamiento de la economía es entendido como un conjunto de reglas sociales que automáticamente permiten alcanzar la máxima eficiencia en la asignación de los recursos. Así, todos los mercados operan bajo el libre movimiento de la oferta y la demanda, lo que garantiza que los mismos se encuentren permanentemente en equilibrio.

Como consecuencia de este esquema teórico el liberalismo brega por un Estado que reduzca su intervención al mínimo indispensable, a fin de que el sistema funcione libremente, ajustándose a los designios del mercado. 

Por lo tanto, debe removerse todo control y regulación existente, así como promoverse la apertura económica y comercial irrestricta. De esta forma, esta postura ideológica sostiene que a partir de la libertad de elección de cada uno de los agentes, los mercados funcionarán de forma eficiente y permanecerán siempre en un equilibrio óptimo. Considerando así, las crisis económicas resultan hechos aislados y anecdóticos causados por factores externos que inhiben la autorregulación del sistema.

En efecto, esta síntesis tan bien ilustrada por la expresión “laissez faire, laissez passer” caracteriza a una doctrina que se opone a la injerencia gubernamental en asuntos económicos, suponiendo que esto garantizaría una asignación eficiente de recursos, a partir de la suma de las elecciones libres y óptimas de cada uno de los individuos que compongan la sociedad. 

Aspectos sociales

Más allá de lo ingenua que resulta esta perspectiva, que imagina un resultado eficiente a partir de la desregulación, descoordinación y la ausencia de toda planificación (cuestión inaudita en toda disciplina, menos en la economía), lo que parece contradictorio es que esa postura tan liberal en lo económico encuentre una contrapartida marcadamente conservadora en algunos otros aspectos sociales

Sin embargo, esto que en primera instancia parece paradójico, no lo es en absoluto. Los sectores caracterizados como liberales no se interesan por la libertad del conjunto de los individuos. El liberalismo busca convalidar desde su discurso económico un sistema productivo que favorece a una pequeña minoría. Es decir, pugna por la libertad de cierta élite en tanto modo de perpetrar sus privilegios. 

En lo que refiere a lo estrictamente social persigue el mismo objetivo: favorecer a esas mismas minorías aventajadas. Por eso suelen oponerse en este terreno a reformas de carácter liberal, como podrían ser la legalización de las drogas, la IVE o la separación de la Iglesia del Estado.

La difusión del credo ideológico liberal a partir de los años ’70 estuvo acompañada de la extensión de la supply side economics y la elección racional hacia otros ámbitos de acción, impulsados principalmente por think tanks asociados al reaganismo. De mandato sobre la política económica transmutó en teoría del comportamiento humano para planificar políticas públicas

Políticas punitivas

Como estudian las perspectivas críticas y marxistas del sistema penal (Pegoraro, Vegh Weiss o Pavarini) este proceso encuentra un caso paradigmático en las políticas punitivas, donde estos think tanks planteaban políticas de intimidación y mano dura. Dado que los criminales serían actores que eligen racionalmente delinquir por  determinadas oportunidades de beneficios y probabilidad de aprehensión y castigo, se debe maximizar el riesgo que representa para el criminal cometer el delito, multiplicando, a su vez, la vigilancia vecinal (ahorro fiscal) sobre las “incivilidades”. 

La aplicación de políticas basadas en estos principios (política de las “ventanas rotas”, “tolerancia cero”, “guerra contras las drogas”) derivó, en Estados Unidos y otros países, en un crecimiento exponencial de los condenados, en un alargamiento de las condenas por delitos simples, la privatización de las cárceles y en el encarcelamiento diferencial de la población negra y, en menor medida, latina (y su utilización por el sector privado como fuerza de trabajo abaratada). 

Bajo este paraguas teórico, se promovió intensivamente en los años ’80 el cese de ayudas sociales en tanto constituirían incentivos negativos que llevarían a la generalización de comportamientos de corto plazo que a su vez impedirían la salida de la pobreza. Como la autovulgarización es un pozo sin fondo, se preocuparon por la moralización de esta “lectura científica”, lo que llevaría a la denostación de la clase trabajadora excluida del mercado de trabajo, las minorías raciales y de los jóvenes (Gilder, Williams, Dilulio). 

Así, la pobreza sería la responsabilidad de las familias pobres, degradadas moralmente por la ayuda social. Pobres que, incentivados por la falta de control, tenderían a incurrir en conductas criminales.

La propiedad

En esta dirección, la ocurrente narrativa liberal se esfuerza denodadamente por asociar el origen de la propiedad al fruto del trabajo y del esfuerzo individual. Justificando así las diferencias de propiedad como consecuencia del diferente esfuerzo desarrollado por cada individuo, estableciendo de ese modo una sencilla ecuación: quien más se esfuerza más posee; quien no tiene es porque no se ha esforzado lo suficiente.

Esto significaría que la calidad de vida del individuo se debe exclusivamente al desempeño del sujeto en la construcción de sus designios, de forma tal que, en última instancia, las circunstancias sociales y las políticas estatales quedan exoneradas de cualquier causalidad y responsabilidad. 

Este discurso acopla bien tanto con la ideología de la flexibilización promulgada desde el sector privado como con el de los sectores conservadores cada vez más expandidos del evangelismo, que ven en el ascenso económico como señal de la acción de Dios. Sectores que en algunos países, como Brasil, han sido centrales para la recuperación neoliberal de los últimos años. 

Con diversas mutaciones históricas y locales, estos razonamientos resuenan en las referencias locales de los partidos de derecha a los planes sociales, planteando que estimulan el embarazo adolescente, que sus perceptores son “vagos” o en los pedidos constantes de soluciones punitivas al problema realmente existente de la seguridad de los trabajadores. Percepciones que, efectivamente, predominan en la ideología de la base social de la derecha, como se observa en los trabajos del Observatorio crítico de la Opinión Pública (CCC). 

A su vez, el cierre punitivo sobre las “libertades” de la clase obrera tienen su correlato en las libertades selectivas generadas por la disposición del capital, como la re-regulación privada del espacio en los barrios cerrados, la falta de sanción a la evasión y la contratación en negro (lo que Foucault denomina ilegalismos selectivos) o la sanitización del aborto en clínicas privadas. 

Sistema

Lo que los liberales proponen básicamente con el concepto de “laissez faire, laissez passer” es que todo siga igual. Una especie de “siga siga”, futbolístico, luego de que la falta flagrante se ha cometido. Es decir, estos sectores claramente favorecidos en las estructuras socioeconómicas vigentes construidas a lo largo de siglos de explotación, colonialismo, invasiones y saqueos simplemente pregonan por la reproducción e intensificación del sistema vigente del cual resultan claros ganadores.

A un nivel más fundamental, si algo se observa de modo palmario en el sistema capitalista es la desvinculación de propiedad y fuerza de trabajo. Lo que caracteriza al sistema es, justamente, la apropiación por el capitalista de los frutos del trabajo ajeno, es decir, la enajenación, por tanto, del trabajo individual sea mediante la apropiación de plusvalor o de plustrabajo. 

El asalariado brinda su esfuerzo en la producción de mercancías que, luego de producidas, pasan a engrosar el patrimonio de quien no se ha implicado, o lo ha hecho en el mejor de los casos, en menor medida, en el proceso de su producción. La relación capital-trabajo se atomiza y se presenta como una relación entre sujetos libres, iguales y simétricos que deciden establecer una relación contractual desde una supuesta libertad e independencia. 

Sin embargo, para que el capital se constituya como tal, el obrero debe ser doblemente libre, disponiendo de la libertad de vender su fuerza de trabajo, aquello que, “liberado” de toda otra propiedad, resulta su único medio para subsistir. 

Estructuras

La base de las propuestas liberales yace en el engrosamiento de la privación del trabajador, la simplificación de su expulsión del proceso de valorización, el aumento de su exposición a la competencia del resto de desposeídos que conforman el ejército de reserva y la destrucción de su capacidad de organización y sus medios alternativos de subsistencia. Así, el capitalista aumenta su capacidad de extraer plusvalor o plustrabajo a partir del crecimiento de su capacidad despótica en el proceso de producción y la ampliación del carácter desigual de propietarios y no propietarios, con lo cual el concepto socialmente entendido como libertad se vuelve una quimera.

En definitiva, los sectores asociados al liberalismo económico poco tienen de liberales. Son en esencia conservadores porque lo que persiguen es validar, reproducir e intensificar las estructuras de poder vigentes. 

Por lo tanto, no debe sorprender su postura conservadora frente a las políticas sociales para la ampliación de libertades, ya que en lo estrictamente económico esto es también lo que esencialmente los distingue. 

Valga la inversión del disparador original, en tanto quien esté a favor de que las mujeres tengan la capacidad de decidir sobre su cuerpo, pero milite la restricción de aquellos medios que permiten al trabajador reducir el despotismo y la explotación del capital, opta por acercar al trabajador más a la esclavitud que a la libertad, reduciendo su horizonte de decisión no sólo como persona gestante, sino como persona en general.

* Economista (UBA).  

** Sociólogo (UBA).



Fuente link:

Categorías
Argentina Cash

Más incongruencias de Domingo Cavallo: “Riesgo de un Rodrigazo” | El sueño mediático de un regreso del macrismo



“El ex ministro de Economía Domingo Cavallo afirmó que sigue el riesgo de un Rodrigazo por las contradicciones internas del Gobierno y pronosticó que la inflación en 2021 llegará al 50 por ciento si no se implementan medidas de ajuste de la economía”, según el diario Clarín. Respecto a las “contradicciones internas”, el ex ministro de Menem y De la Rúa indicó que “no está claro que el discurso de Guzmán sea el de un jefe de un equipo que le responde ni de que el Presidente lo acompañe”. Para ejemplificarlo agregó que en el gobierno “se asustaron cuando el dólar llegó a los 200 pesos y dijeron ‘vamos a dejar que haga un discurso compatible con negociaciones con el FMI´, pero al mismo tiempo salió la carta de Cristina Kirchner”. De esa manera, no ve esperanzas de crecimiento salvo que el oficialismo pierda las próximas elecciones induciendo un cambio de color político en 2023 que “va a dar un ciclo favorable para el despegue de la Argentina hacia un crecimiento más vigoroso y sostenido en el tiempo”.

Las declaraciones de Cavallo muestran cómo los economistas vendidos por los medios de comunicación como grandes técnicos, son en realidad unos operadores políticos. Para el creador y destructuctor de la convertibilidad, la clave del éxito argentino sería implementar un plan de ajuste ortodoxo como el implementado por Macri y el FMI hace unos años, que derivó en un salto inflacionario, fuga masiva de divisas, crisis productiva y pérdida de empleo. Por alguna extraña razón, ese fracasado programa ortodoxo ahora sería la clave del éxito que debería implementar el oficialismo. Como sabe que hay bajas chances de que Alberto Fernandez se inmole políticamente traicionando su programa de gobierno para implementar un programa ortodoxo que se sabe conduce a un fracaso económico, pone las esperanzas de que sea implementado nuevamente por Juntos por el Cambio de ganar en 2023.

La amenaza para inducir la aplicación del programa ortodoxo por un gobierno peronista es el fantasma del rodrigazo. Una mención que muestra la capacidad del gorilaje argentino de tergiversar la historia ya que el programa económico implementado por Celestino Rodrigo a finales del gobierno de Isabel Perón, se dió en el marco de un giro ortodoxo del entonces gobierno peronista. Una megadevaluación y tarifazo orquestado bajo la cantinela de restablecer los precios relativos diseñados por Ricardo Zinn, un economista que luego asesoró a Martínez de Hoz en tiempos de Videla, impulsó la fundación del CEMA -una usina de pensamiento ortodoxo-, fue presidente de Sevel del grupo Macri y partipó en el proceso de privatizaciones en tiempos de Menem. O sea que, según Cavallo, el actual gobierno peronista debería realizar un giro ortodoxo para evitar un rodrigazo que fue, justamente, el resultado del giro ortodoxo que pegó en 1975 el gobierno de Isabel Perón. Al respecto, la mención del rodrigazo debe servir de advertencia sobre las posibles consecuencias que habría si el oficialismo cede a la presión del FMI y aplica un programa ortodoxo: una desestabilización de la economía que terminaría debilitando sus bases políticas y sociales.

@AndresAsiain



Fuente link:

Categorías
Argentina Cash

Argentina ya lo hizo, lo puede volver a hacer | Deudor financiero pero acreedor ambiental



En septiembre del 2015, la Argentina logró aprobar una resolución en Naciones Unidas, la de los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, (Resolución N° A/RES/69/319 de la Asamblea General de las Naciones Unidas). Principios que se destacan sobre todo por “aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional y lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible, de conformidad con las circunstancias y prioridades nacionales”. 

Esta Resolución, que pasó casi desapercibida por el sistema financiero internacional, y que lamentablemente no fue tenida en cuenta como debería, hoy tiene más relevancia que nunca, y da pie para que la Argentina pueda volver a innovar al respecto.

Para ejemplificar su relevancia, hace unos días, el propio secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó públicamente que “tenemos las chances de transformar la economía global, no solo de resetearla”, refiriéndose a una economía verde e inclusiva. Además agregó que “para ello se requiere la comprensión de los acreedores y el apoyo de las entidades financieras multilaterales”.

En línea con las declaraciones de Guterres y otras señales que hemos visto de referentes del mercado financiero global, hay otra forma de entender la economía y de financiarla

Personas y planeta

Una forma que permitiría “transformar la economía”, como declama Guterres, es plantear una economía más humana. Para ello hay que reconocer que en los modelos económicos utilizados durante los últimos 200 años, nos olvidamos de las personas y del planeta, que los consideramos como “externalidades”, aunque sean las partes más esenciales de la humanidad, y hemos descartamos su verdadero valor. 

La crisis sanitaria global ha dejado en evidencia esta situación, y ahora todos los líderes globales “parecen” preocupados por los efectos ecológicos, sociales y económicos. En este sentido, la Argentina se encuentra con una oportunidad histórica en sus manos, aprovechando el proceso de negociación de su deuda, para plantear una propuesta financiera diferente y acorde a las tendencias y agendas globales.

Otros referentes que se pronunciaron al respecto fueron los miembros del G20. Al cierre de su reunión anual durante la última semana de noviembre, adoptaron un compromiso de acción junto al Club de París, denominado “Marco Común para el Tratamiento de las Deudas Soberanas”, lo que significa la intensificación de un esfuerzo conjunto para ayudar a los países más necesitados con los problemas de sus deudas. 

La covid-19 ha dejado muchos países en riesgo de incumplimiento, sobre todo los más vulnerados y vulnerables. Este Marco Común ofrecerá a los países poder reprogramar o reducir todas aquellas deudas consideradas insostenibles. Según estimaciones del propio Banco Mundial, un 50 por ciento de los países pobres y emergentes no estarían en condiciones de repagarlas

Deuda soberana

En este sentido, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, sostiene lo mismo. Georgieva ya se expresó en numerosas ocasiones sobre la necesidad de trabajar con conciencia social para salir de la crisis, y ha considerado el Marco Común como un” momento histórico” y un “gran gesto hacia los países que les permite obtener el apoyo que necesitan para concentrarse en la lucha contra la Pandemia e invertir en su gente”. 

El FMI también ha anunciado que ha solicitado en forma urgente reformas en la Arquitectura Internacional de Deuda Soberana, y que para los países donde la deuda pública no es sostenible, la comunidad global de acreedores debería permitir una reducción de la deuda rápida y eficaz.

Sin embargo, y más allá de lo que pregonan la ONU, el Banco Mundial, el G20 o el FMI, la realidad es que aún se siguen empleando las viejas recetas, las del Consenso de Washington, que claramente están fuera de moda y no aplican más a la realidad global y local. Tal es el caso de la negociación argentina. Por ahora los recursos puestos arriba de la mesa son los clásicos. Pero todos sabemos que con el nivel de recesión actual y la crisis sanitaria, una negociación en estos términos, aunque se “pateen” para más adelante los pagos no es “sostenible”. Una negociación bajo ese paradigma nos llevará nuevamente a otro fracaso y seguiremos batiendo records Guinness de renegociaciones de deuda.

Las buenas noticias son que Argentina tiene cómo plantear algo diferente y en el marco de las agendas globales actuales, tanto la del Desarrollo Sostenible (ODS) como la del Clima (NDC) y la de protección de la Diversidad Biológica (Aichí). Además, como bien dicen tanto la Resolución de las Naciones Unidas y el Marco Común del G20, las deudas insostenibles no se pueden renegociar con los estilos tradicionales, sino que requieren una mirada única e innovadora, específica para cada país.

Huella ecológica

Argentina es un país “ambientalmente superavitario” y uno de los pocos países en el G20 con una huella ecológica positiva. O sea, la Argentina es un deudor financiero pero un acreedor ambiental

Creemos que esta es hoy una posición que nos da fortaleza para proponer una mirada disruptiva ante el FMI con apoyo de los miembros del G20. Esta agenda acompañará sin duda una propuesta estratégica en la cual se incorpore el valor ambiental y social en un plan de desarrollo del país con su financiación, dado que la preocupación por el planeta y las personas, hoy está en el eje central de la discusión.

Argentina puede y debe nuevamente presentar un modelo de negociación de deudas soberanas acorde a los tiempos que corren. Ya lo hizo una vez, y hoy están dadas todas las condiciones para volver a hacerlo y tener éxito. 

* Directora Posgrado Ambiente y Desarrollo Sustentable UCA .Especialista en Finanzas Sustentables.



Fuente link: